La Justicia especializada en Crimen Organizado resolvió archivar el expediente que investigaba supuestos sobrecostos en pagos de ALUR a la empresa Abengoa para la construcción de la planta de bioetanol, según publica el diario El País.
La denuncia penal la había realizado el abogado Gustavo Salle, basado en las declaraciones del ingeniero Gabriel Pérez Morgan, representante de la empresa brasileña Serrana Bioenergía, quien -ante la Comisión de Industria del Senado- cuestionó el proceso de licitación.
Ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, Pérez Morgan afirmó que la construcción de la planta costó aproximadamente el triple de los precios internacionales y que Serrana Bioenergía había manifestado interés en realizar la obra a un precio sensiblemente inferior, pero que no fue tenida en cuenta.
A juicio de la Fiscalía, no se pudo determinar la existencia de delitos y que ALUR es una empresa privada y por lo tanto, no está obligada a realizar una licitación publica.
Asimismo, se informó que Serrana Bioenergía se presentó al llamado cinco meses después de finalizado el plazo para presentar las ofertas.
Además, los peritajes ordenados por Pacheco no detectaron la existencia de sobrefacturación en los costos de la planta. El abogado de ALUR, Gumer Pérez, afirmó que “no surgen evidencias de delitos de corrupción en que podían haber incurrido directores y gerentes de ALUR”.
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