El expediente con la denuncia a la directiva de la Mutual en el MEC, donde se pide la intervención del gremio, sigue dando vueltas por las oficinas del gobierno uruguyo. Ahora está en manos de la Dra. María Inés Da Rosa, una fiscal de gobierno que fue cuestionada en el Senado por no tener independencia de criterio y responder al secretario de Presidencia, el Dr. Miguel Ángel Toma. A su vez, Toma fue cuestionado dentro del propio gobierno por enviar un proyecto de ley que favorecía al empresario Francisco Casal en su pelea por los derechos de los partidos de la selección. Y esta no fue la primera vez.
Cuestionamientos al MEC
Los jugadores de Más Unidos Que Nunca pidieron la intervención de la Mutual en febrero con el objetivo de remover a la directiva del gremio, que hoy es cuestionada por los futbolistas.
El reclamo tiene más de un año y llegó a su punto más alto en los últimos días con la medida de paro tomada por los jugadores. Además, el pedido se da mientras se discute la renovación hasta 2032 del contrato que une a Tenfield con los derechos del fútbol local y en el medio de esta negociación está el uso de la imagen de los jugadores.
Monica Ivaldi, abogada de Más Unidos Que Nunca, dijo a 180 que el expediente tardó demasiado tiempo en el MEC. Eso llevó, incluso, a que los jugadores vayan a la justicia para reclamar.
“Más allá de la demora de la tramitación, también nos ha llamado la atención algún tipo de irregularidad con la prueba que ha presentado la contraparte y más que nada con los libros de comisión directiva, que en su momento se había dicho que los habían entregado, pero cuando fuimos a tomar vista de lo que era el expediente no figuraban. No se presentó en tiempo y forma, pero el MEC igual certificó que sí. Así mismo, tampoco tomamos conocimiento de los informes de Fiscalía de Gobierno, cosa de deberíamos haber podido hacer para, en todo caso, poder presentar nuestros descargos a lo actuado”, explicó Ivaldi.
Esos informes a los que no tuvieron acceso los jugadores son de la Fiscalía de Gobierno y están firmados por María Inés Da Rosa.
“¿Quién es esta doctora María Da Rosa Callorda?”
Cuando el senador Pedro Bordaberry interpeló al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, por la compra del avión presidencial cuestionó un informe técnico realizado por la fiscal de gobierno. El presidente Tabaré Vázquez usó ese informe para fundamentar su decisión de reiterar el gasto en el avión ante la observación que le hizo el Tribunal de Cuentas.
“¿Quién es esta doctora María Da Rosa Callorda? Uno tiene la maravilla de poder entrar en LinkedIn hoy en día, ¿con qué me encuentro? En el año 98 fue secretaria de Miguel Ángel Toma en el Ministerio de Salud Pública. Después de eso, de ser secretaria y abogada del actual secretario de Presidencia, en 2005 entra de abogada, ¿dónde? En la Secretaría de la Presidencia de la República ¿Cuando asume quién? El doctor Toma. Y en 2010, cuando el doctor Toma deja la Secretaría de la Presidencia y se va a la Oficina de Servicio Civil, ¿a dónde va la doctora Da Rosa Callorda? A la Oficina de Servicio Civil con el doctor Toma. Y después de eso, cuando Toma vuelva a la Secretaría de Presidencia, ¿a dónde va la doctora Da Rosa? A la Presidencia de la República. Y el año pasado, ¿a dónde la nombran? En la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno, de adjunta, y justo nosotros le votamos la venia al doctor Daniel Borrelli, que va a la JUTEP, y con este expediente queda Da Rosa y hace un informe independiente, que así se le presenta a todos”, dijo Bordaberry en febrero.
Esta opinión de Bordaberry es compartida por integrantes del gobierno y es algo que molesta a algunos a nivel interno, según dijeron fuentes del Ejecutivo a 180. Sobre todo porque Da Rosa responde a Toma, que promovió un proyecto de ley que iba en paralelo al trabajo de la Secretaría Antilavado y el Parlamento, y favorecía a Casal en su disputa por los derechos de los partidos de la selección.
El proyecto de ley de Toma
En mayo de este año, la Presidencia de la República envió al Parlamento un proyecto de ley que, de haberse aprobado, hubiera tenido incidencia directa en la causa contra los dueños de la empresa Full Play ya que se podía mantener por tiempo indeterminado el embargo que impedía el pago del contrato de televisación a la AUF por los partidos de la selección en Eliminatorias. Esto beneficiaba directamente a Casal.
Finalmente, la iniciativa no se trató y, además, el embargo se levantó después a pedido del fiscal Luis Pacheco. Pero el proyecto salió directamente de la Secretaría de Presidencia sin tener en cuenta que había otro, que también envió el Poder Ejecutivo en noviembre de 2016, para modificar la ley Anti Lavado.
La calesita de nombres alrededor de Casal
Daniel Borrelli y Miguel Ángel Toma fueron los fiscales que decidieron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva (DGI). Esa decisión se dio ante la oposición de Danilo Astori, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el titular de la DGI de ese entonces, Pablo Ferreri. El informe de los fiscales fue el argumento que utilizó el presidente José Mujica para tomar su decisión y así dejar de lado la opinión del equipo económico.
Los nombres de Borrelli y Toma vuelven a aparecer en el caso de la Mutual, donde Casal defiende a la directiva de Enrique Saravia.
El actual Fiscal de Gobierno es Daniel Borrelli, que dejó su cargo en reserva porque pasó al directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública. En su lugar quedó María Inés Da Rosa.
23 de mayo de 2017
El proyecto de ley que envió la Presidencia al Parlamento extiende las medidas tomadas en la etapa presumarial de las investigaciones por temas relacionados con el lavado de activos “hasta la conclusión de la causa”. Estas investigaciones se realizan en los juzgados del Crimen Organizado.
De aprobarse, la ley tendría incidencia directa en la causa contra los dueños de la empresa Full Play, los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, y podría mantener por tiempo indeterminado el embargo que impidió el pago del contrato de televisación a la AUF por los partidos de la selección en Eliminatorias.
La causa de los dueños de Full Play se inició en 2015 y ambos empresarios fueron embargados a pedido de Estados Unidos, que los acusaba de pagar sobornos a dirigentes de la Conmebol. Luego, Full Play tuvo otro embargo, pero esta vez a pedido de la Mutual en la causa contra Eugenio Figueredo y otros dirigentes de Conmebol. Este embargo fue el que impidió realizar los pagos a la AUF por el contrato de televisación de los partidos de la selección e incluso hizo peligrar el contrato entre Full Play y la AUF.
El proyecto de Presidencia modifica la disposición actual que hoy únicamente permite mantener las medidas cautelares, como los embargos, hasta dos años después de iniciado el proceso. El presumario es la etapa previa al inicio del juicio penal, donde se reúne la prueba, pero ni siquiera se llegó al auto de procesamiento. Eso es lo que pasó con esta causa, que no salió del presumario porque los involucrados no vinieron a declarar a Uruguay y en nuestro país está prohibido el juicio en rebeldía. Tampoco fueron extraditados a Estados Unidos porque el Poder Judicial argentino no lo autorizó.
De mantenerse el embargo en este caso, la AUF no podrá recibir el dinero del contrato que tiene con Full Play y si este contrato cae, con él lo haría la cláusula de prioridad que permite renovar el vínculo entre ambos. En resumen, quedaría el terreno libre para que Tenfield recupere los derechos de los partidos de la selección uruguaya que perdió durante la presidencia de Sebastián Bauzá.
¿Las razones de Presidencia?
Presidencia dice -en la exposición de motivos- que la modificación legal propuesta se enmarca dentro de la lucha contra el lavado de activos y el respeto a compromisos internacionales.
También explica que las sedes judiciales que tienen como objetivo investigar estos temas (refiere al Crimen Organizado) acumulan trabajo que les dificulta enjuiciar a los involucrados con la premura deseada y por esto la medidas cautelares pueden caer a los dos años de la etapa presumarial. Esto es real, son causas complejas que llevan tiempo y son solo dos juzgados, pero esta modificación de los plazos es cuestionada por diferentes actores que hoy integran el gobierno más allá de este caso particular.
Además, se propone a través de un artículo descolgado que la Presidencia envió justo en el momento que están por cumplirse dos años del primer embargo a Full Play por pagos a la AUF y algunos meses después de que la misma Presidencia envíe al Parlamento un proyecto de ley que modifica y actualiza la normativa sobre lavado de activos.
Ese proyecto de 78 artículos se envió el 28 de noviembre de 2016 y dice en su exposición de motivos que comprende dos grandes pilares: por un lado, la compilación de todas las normas vigentes en materia de lavado de activos y por otro, procura introducir las modificaciones normativas que resultan imprescindibles para superar algunas carencias que actualmente presenta nuestra legislación y elaborar un sistema antilavado robusto en el que los criminales cuenten con menos margen de actuación.
Ahora, sin más explicaciones, se agrega esta modificación de los plazos en un proyecto de un solo artículo, que extiende las medidas cautelares de manera arbitraria y las hace depender del avance de cada causa y de cada actor judicial que actúe en ella.
Fuente: 180.com.uy
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