El Gobierno informó este jueves que no hay un patrón sistemático de conducta que permita explicar el aumento de los índices de violencia (entre ellos, muchos asesinatos de líderes sociales) en el litoral Pacífico.
Luego de reunirse por espacio de cuatro horas con los miembros de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada en el marco del posconflicto, Santos dijo que en esa región confluyen diversos actores y muchas causas generadoras de violencia.
En ese contexto, la Fiscalía reportó que ha identificado 12 bandas criminales, con sus respectivos jefes, que se disputan el control del narcotráfico en la zona.
Como medida prioritaria para retomar el control de ese territorio, el jefe de Estado anunció la creación de un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas que van a copar la zona.
“Ese comando deberá tener el control de los ríos por donde se transportan y el urbano. Es importante que este grupo especial construya una acción integral con las comunidades”, explicó Santos.
Para facilitar la detección del riesgo al que están sometidos los líderes sociales, el Presidente anunció que en los próximos días el Gobierno emitirá un decreto para hacer más eficaz el sistema de alertas tempranas.
Con este cambio se busca acelerar la llegada de medidas de protección a las poblaciones que están bajo amenaza de las bandas criminales.
Santos anunció igualmente que el próximo martes el Gobierno va a radicar un proyecto de ley para dar más herramientas al Estado en la lucha contra las bandas criminales y, al mismo tiempo, permitir el sometimiento colectivo de esas organizaciones ilegales.
Tumaco
La preocupación en el Gobierno frente al asesinato de líderes sociales es creciente, especialmente por la compleja situación de orden público que vive Tumaco.
Hace 15 días, en este municipio fueron asesinados seis campesinos, en confusas circunstancias, en la vereda El Tandil, y esta semana se conoció el asesinato de dos indígenas awás y de José Jaír Cortés, un líder afro, atacado en zona rural del municipio.
El mandatario reveló que, a pesar de que se sigue avanzando en las investigaciones, aún no se ha podido saber quienes fueron los autores de esos asesinatos, pero todas las entidades encargadas “se comprometieron a esclarecer la verdad de lo que sucedió”.
Tampoco, según Santos, se ha podido establecer la verdad sobre el asesinato de 6 personas en la zona de El Charco (Nariño), denunciado por líderes cercanos a las Farc. “No se han visto los cadáveres”, enfatizó el mandatario.
Tumaco es hoy el más crudo escenario de los desafíos que enfrenta el posconflicto. En el municipio, cultivadores de hoja de coca y Fuerza Pública mantienen una alta tensión desde abril, cuando un agente antimotines murió y 12 policías fueron retenidos temporalmente por los campesinos que protestaban por la erradicación de sus plantíos.
El hueco que dejaron las Farc no ha sido copado por la institucionalidad, sino por actores armados que se pelean las 20.000 hectáreas de coca que hay en Tumaco y las rutas del narcotráfico privilegiadas por la ubicación geográfica: junto al Pacífico, en medio de la selva y en la frontera con Ecuador.
En el país se han reportado 190 asesinatos de líderes sociales desde enero de 2016 hasta la fecha, según informes de la Defensoría del Pueblo.
El presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Óscar Naranjo viajarán este sábado a Tumaco, epicentro de la ola de violencia desatada en la región los últimos meses.
Algunos puntos centrales
Se creará un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas para asumir el control del territorio.
Se modificará el sistema de alertas tempranas, para hacerlo más eficaz.
El próximo martes se radicará el proyecto de ley que permite el sometimiento de las bandas criminales a la justicia.
Habrá un decreto que crea nuevas condiciones para la protección colectiva de las comunidades.
POLÍTICA
Líderes exigen soluciones y más seguridad
Al menos 47 líderes de Tumaco le pidieron este jueves al Gobierno sentarse en una mesa de trabajo para analizar los verdaderos alcances de la erradicación de cultivos ilícitos en esta región, considerada la del mayor número de sembrados de coca en el país, y exigir alternativas reales para la sustitución de los mismos.
Los campesinos, agrupados en la Red de Consejos Comunitarios de Tumaco (Recompás), consideran que en su municipio no hay una salida a la sustitución de la coca como fuente de sustento diario y es por eso que la población se enfrenta al dilema de aceptar la erradicación, pero bajo la presión de los grupos armados ilegales. Los labriegos criticaron que “la mayor parte” de los recursos del Gobierno se destinen a erradicación.
“El pueblo tiene un año pidiéndole al Gobierno Nacional avanzar en el tema de cultivos ilícitos, pero no tenemos la respuesta efectiva”, aseguró Célimo Cortés, representante legal de Recompás.
Además de que esperan una solución pronta para la sustitución de la coca, Cortés indicó que los 47 integrantes de la organización han sido amenazados por desconocidos, por lo que claman seguridad, pues se encuentran “en peligro”. Según el líder social, quienes están amenazando a las personas de las organizaciones en Tumaco son “grupos que están en defensa de la mata de coca y en defensa de algunos residuos del narcotráfico en este sector”, indicó. “Nosotros nos hemos cansado en decirle al Gobierno que la erradicación ha sido un completo fracaso”, expresó.
El Tiempo
ONU pidió celeridad en las investigaciones por crímenes en Tumaco
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas instó a la Fiscalía General de la Nación a que adelante de forma imparcial, eficaz y con estricto apego al principio de legalidad, las investigaciones por los delitos cometidos recientemente en el municipio nariñense.
“La Oficina también urge al ente investigador a designar a funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos como apoyo a los fiscales que adelantan las investigaciones en la Dirección Seccional, a fin de garantizar la inclusión del enfoque de derechos humanos en el análisis contextual de los hechos”, indicó Naciones Unidas a través de un comunicado de prensa.
Además le pidió a la Procuraduría que tome las acciones disciplinarias del por la falta de la implementación de los programas gubernamentales en Tumaco. “La Oficina hace un mayor énfasis en el llamado a las instituciones nacionales, departamentales y locales sobre la necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas, articuladas y estratégicas, que respeten todos los derechos de los pueblos étnicos y de las comunidades, que impulsen la implementación inmediata de todos los puntos contenidos en el Acuerdo de Paz”, señaló.
Caracol
Violencia contra líderes sociales y defensores, el mayor obstáculo para la paz
De acuerdo con el más reciente informe de las organizaciones Indepaz, CINEP, Programa por la Paz, IEPRI y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el año 2016, en Colombia se registraron 101 violaciones al derecho a la vida, 98 homicidios y tres desapariciones forzadas, todas contra defensores y líderes sociales y mayoritariamente en regiones que están priorizadas para la implementación del acuerdo con las FARC.
¿A QUIÉNES ASESINAN EN COLOMBIA?
El informe titulado “Panorama de violaciones del derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y el primer semestre del 2017”, expone que, de las 101 violaciones al derecho de la vida, 86 actos fueron contra hombres, mientras 15 hacia mujeres.
A su vez estableció que las comunidades más afectadas son las indígenas con 23 líderes asesinados, seguida de las comunidades campesinas, con 20 líderes, los integrantes de las Juntas de Acción, con 17 asesinatos y los consejos comunitarios con 7 homicidios.
De igual forma el documento señala que las organizaciones sociales y populares más afectadas por actos de violencia son Marcha Patriótica, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule, del Chocó.
EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
El informe permitió establecer los tiempos en los que el país ha registrado aumentos en los actos de violencia, el primero de ellos se registró en marzo con 13 asesinatos, luego se dio en agosto con 12 líderes y defensores de DD.HH, asesinados y hubo un aumento en noviembre y diciembre en donde por cada mes se presentaron 10 asesinatos.
A su vez, los aumentos en los asesinatos coinciden con dos momentos trascendentales en el proceso de paz el primero es el 24 de agosto, cuando se firmó el Acuerdo Final en La Habana y se acordó el cese bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC-EP, a partir de esa fecha se produjo un aumento de los asesinatos con un total de 41, posteriormente el 24 de noviembre con la firma del Teatro Colón 12 asesinatos.
Los departamentos en donde persiste la violencia, con mayor intensidad, de acuerdo con el informé son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño y Chocó.
LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS CONTRA LÍDERES
El informe evidenció que en el 57% de los casos de asesinatos se desconoce los autores de los hechos, el 24% de los casos corresponde a los narco-paramilitares, el 5% a grupos armados sin identificar, 4% corresponden al ELN y a las FARC, mientras que el Escuadrón Móvil Antidisturbios es el presunto autor del 4% de los asesinatos.
LA ESTIGMATIZACIÓN HACIA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES
Camilo Bonilla, sociólogo de la Comisión Colombiana de Jurista y quien participó en la elaboración del documento, expresó que en el informe se muestran 5 casos en donde hubo un manejo tendencioso de la información y de estigmatización por parte de funcionarios públicos y con el respaldo de medios de información.
“Estamos frente a un ejercicio asimétrico de poder en donde el medio de información únicamente tiene en cuenta la versión de la fuente más poderosa” afirmó Bonilla y agregó que en el ejercicio periodístico debe hacer una consulta de todas las fuentes e “ir más allá de los hechos” para develar lo que hay detrás del asesinato.
QUE LA PAZ NO CUESTE LA VIDA
El documento afirmó que si bien es cierto que hay informes de instituciones gubernamentales que alertan sobre la crítica situación del país, el Estado sigue sin tomar medidas concretas frente a estas situaciones, mientras que en diferentes departamentos del país las condiciones siguen siendo críticas.
Además se evidencia una cercanía espacial de las violaciones al derecho a la vida de líderes y defensores con las regiones priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz. De igual forma manifestó que las zonas en donde hay más amenazas de estructuras narco-paramilitares coinciden con los territorios en donde más han asesinado personas.
Lo que de acuerdo con el informe traduce que “a mayor apertura de posibilidades de participación política, de reforma agraria y de transformación social, aumentan las violaciones de derechos humanos”.
Contagio Radio
Un grito de indignación que seguirá retumbando
Por Equipo Periódico Periferia
La semana que culmina nos dejó una nueva jornada de indignación en el país; miles de hombres y mujeres del campo y la ciudad decidieron lanzarse de nuevo a calles y carreteras para mostrar su descontento con las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no solo de él sino de lo que han sido históricamente las decisiones y acciones de quienes han hecho del ejercicio del poder un mecanismo para saciar sus propios privilegios.
La exigencia de mejores condiciones de salud y educación, del cumplimiento de los acuerdos una y otra vez firmados por los distintos gobiernos con las comunidades que de manera permanente son incumplidos y pisoteados por las élites gobernantes, la lucha por garantías para la participación, la denuncia y visibilización del asesinato de líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, el rechazo al modelo económico extractivista, la exigencia de la implementación de los acuerdos del Gobierno y las FARC y de la participación social en la mesa del ELN y el Gobierno estuvieron entre las fuertes razones que enarbolaron campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras estatales, maestros y pobladores urbanos para levantar en un solo tono su grito de Indignación.
La Indignación se mantiene y avizora mayores luchas.
Esta nueva jornada evidencia que el descontento de amplios sectores sociales se mantiene; si bien esta semana de la indignación no tuvo la fuerza quizás que la Minga del 2016 ni de los paros agrarios, mineros y de transportadores que le precedieron de 2013 al 20015, es bastante significativo que pese a la criminalización de la protesta social con la entrada en vigencia del nuevo código de policía, más la represión ilegal ejercida por el neoparamilitarismo sembrando el terror, la incertidumbre y el desconsuelo entre las comunidades organizadas, aún persista la dignidad popular y se manifieste en las calles expresando que no se dejará amedrentar en su lucha por la paz con justicia social.
En esta ocasión, ante el evidente esfuerzo de los medios masivos de comunicación alinderados al poder de las élites, se movilizó la comunicación alternativa y popular para visibilizar las acciones de las comunidades en los territorios; la voz de campesinos, indígenas y mestizos se hizo escuchar por los diferentes medios que las mismas comunidades y organizaciones sociales impulsan para expresar sus problemáticas, sus luchas y sus propuestas. También surgieron creativas y alegres maneras de movilizarse, con batucadas, comparsas, danzas, cantos cargados de indignación pero que aun así no renuncian a la alegría como un acto de rebeldía contra quienes quieren seguir sembrando de guerra los territorios.
Más importante aún es que esta jornada que tuvo su momento cúspide en la movilización del 12 de octubre, permitió que múltiples sectores que de una u otra manera han actuado solos durante estos años, se juntaran para hacer más fuerte su grito. De allí que las centrales obreras, los indígenas, campesinas, movimientos sociales y políticos agrupados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, La Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comando Nacional Unitarios tuvieran la osadía de ponerse de acuerdo para lanzarse juntos a esta jornada que deja en proyección nuevos escenarios de lucha, organización y movilización para el campo popular.
Por tanto, aunque numéricamente esta jornada no tuviese la espectacularidad de otras, el balance es positivo en cuanto permitió juntar más sectores, pero también más luchas y propósitos y dejar sobre la mesa los anhelos y proyecciones comunes de los sectores movilizados.
Que el descontento se transforme en Indignación y Rebeldía.
Son varios los retos que tiene ahora la movilización popular. En primer lugar, es indispensable dar continuidad a los esfuerzos de movilización y organización de cada sector, a la vez que se confluye con quienes en esta jornada no estuvieron en calles y carreteras pese a tener razones para haberlo estado. Esto demanda mayor dialogo, capacidad de escucharnos, encontrar propósitos y caminos comunes; en tal sentido mantener y nutrir los espacios de confluencia, coordinación y articulación será indispensable para elevar los niveles de movilización y acción de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la clase popular.
Un reto mayor está en tener la capacidad de traducir el descontento generalizado de la población tanto con el gobierno nacional como con la clase política dirigente que históricamente ha gobernado; transformar el descontento en indignación popular y rebeldía. Para nadie es un secreto que en las esquinas, en los buses, en las cafeterías, en el cultivo, en la obra y hasta en la casa, la voz de cada hombre, mujer, joven y viejo expresa su inconformismo, su queja permanente por el costo de vida, por los precios de los alimentos, por el pésimo servicio de salud, por la nefasta movilidad de las ciudades, por la mala y costosa calidad de la educación pública, por las altas tarifas de los servicios públicos, por la inseguridad generalizada producto de las desigualdades sociales. Pero todo ese descontento no necesariamente se ha traducido en acción transformadora por parte de la gente de a pie. Al contrario, tal molestia generalmente se ha traducido en conformismo que lleva a la quietud; claro está que ello es producto también de los hábiles mecanismos que las mismas clases dominantes desarrollan para mantener adormecida a la gente, pero no libra de responsabilidad a los sectores organizados que luchamos por la transformación social, de nuestra incapacidad para seducir, enamorar y acercar a las mayorías descontentas pero inactivas.
De allí que un tercer reto esté en la capacidad de generar nuevas y variadas formas organizativas, que trasciendan las que comúnmente conocemos y que en muchos casos no resultan atractivas para la gente trabajadora de este país. No se trata solo de cualificar la organización específica de cada sector, sino de ser capaces que esos millones de colombianos y colombianas que solo se sientan al frente de un televisor, un celular o un computador y que solo gritan ante un gol, sientan que su voz no solo puede ser escuchada sino que sus problemas cotidianos, esos que son causados por el modelo político y económico al que estamos sometidos, pueden ser discutidos, trabajados y superados colectivamente y para ello el gran reto está en desatar la participación como acción transformadora.
Desatar la Paticipa-Acción para que la indignación dé sus frutos.
Si bien los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y las FARC no son todo lo que esperaríamos para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, allí existen muchos elementos que es necesario defender y luchar por su implementación, porque también allí están expresadas demandas históricas de los sectores sociales. Muchas de las cosas allí plasmadas van en la dirección de garantizar unos derechos mínimos que cualquier sociedad medianamente democrática debería tener y que en nuestro caso ni siquiera se aplica y pese a haberlo firmado, el Gobierno se la juega por desconocerlo e incumplirlo; por ello, exigir que se cumpla lo pactado, que el gobierno no le haga más trampas a la implementación, ni le tuerza el cuello a lo firmado es una obligación para el conjunto del movimiento popular.
Y es también una oportunidad y una tarea del campo popular disputarse el escenario de participación que abren los diálogos del ELN y el Gobierno Nacional. Allí tendremos que meternos, desatar la participación no solo de quienes ya están organizados en sindicatos, asociaciones, colectivos, movimientos políticos y sociales, sino de todos y cada uno de los colombianos que tienen algo para decir, exigir y proponer para hacer que hayan cambios que posibiliten la construcción de la paz con justicia social. Se trata entonces de darle continuidad a lo ya acordado en la Habana, defender su implementación, pero profundizar en la lucha para que los futuros acuerdos en la mesa de Quito puedan arrojar mucho más.
Sin embargo, la participación no puede detenerse allí, ni limitarse a los escenarios de implementación y negociación con las insurgencias. Es necesario que la participación trascienda el mero debate, la discusión, el diagnóstico de problemáticas y la lluvia de propuestas. La participación tiene que desatar a su vez la acción transformadora, que lo que la gente dice que tienen que ser los cambios para construir la paz, sea a su vez la acción que realicemos colectivamente para lograrla; no bastará con decir que nos oponemos al modelo minero energético, sino ser capaces de frenar su implementación en los territorios, no bastará que digamos que la salud y la educación están mal, si a la vez no nos organizamos y movilizamos para que se garanticen como bien social con plenas condiciones, no bastará que digamos que nuestros gobernantes son pésimos, sino somos capaces de elegir a otros que salgan de nuestros procesos y sean garantía de luchar por lo que siempre hemos defendido; no bastará con indignarnos, será necesario transformar.
Si, parece difícil que desde estas recientes jornadas de indignación se asuman estos retos, pero el momento del país no nos exige menos. Cada jornada, cada mitin, cada bloqueo, cada marcha, cada paro, cada minga debe estar encaminada a hacernos más fuertes, a sumar más voluntades, a lograr que el descontento se traduzca en rebeldía y que la rebeldía nos permita, desde abajo, abrir los caminos del país que nos merecemos.
La profesora Liliana Astrid Ramírez llegaba a bordo de un taxi a la Institución Técnica San Miguel en la vereda del mismo nombre, donde trabajaba desde hace 13 años, cuando dos sicarios en moto le dispararon.
La docente quien también era parte del sindicato de maestros de Tolima, Simatol, estaba acompañada de otros tres profesores en el vehículo. El hecho ocurrió practicamente frente a los estudiantes que también comenzaban la jornada académica.
De acuerdo con las primeras informaciones, la profesora Ramírez no era sujeto de amenazas pero al parecer sí otros docentes que tuvieron que abandonar su trabajo en el centro educativo por intimidaciones.
La situación también es tensa en Natagima, donde vivía la maestra. Varias personas han sido asesinadas en lo que va del año.
La Policía intenta corroborar denuncias de amenazas provenientes de grupos ilegales en este y otros municipios del sur de Tolima para determinar si están relacionadas con este homicidio.
RCN
“En Colombia ya son más de mil educadores asesinados”: Édgar Romero
La docente Liliana Astrid Ramírez Martínez, fue asesinada en zona rural del municipio de Coyaima, luego que sicarios le dispararan y huyeran del sitio sin ser capturados, versión preliminar conocida y que ocurrió cuando la mujer llegó a su lugar de trabajo para iniciar labores como maestra.
Édgar Romero rechazó el asesinato de su colega e indicó que llevaba más de 10 años prestando una gran labor a los niños del municipio, comentó que espera que se les presten garantías a los educadores de la zona.
“No conocíamos ninguna amenaza en su contra, parece ser que fue un error, pero el hecho de atentar contra una educadora, una mujer, es realmente lamentable, Liliana fue una profesora que se dedicó día a día a dar lo mejor de sí para sacar adelante a la juventud tolimense”.
Enfatizó que en las últimas décadas ser profesor se convirtió en una profesión de alto riesgo en algunas zonas del país, pues incluso exigirle a los estudiantes para que salgan bien preparados del colegio se convirtió en un problema, sin contar el actuar de la delincuencia común que ha convertido a los maestros en blanco de múltiples extorsiones.
“Las escuelas son territorios de paz, son escenas de conocimiento y saber dónde estamos formando el futuro del país, es un trauma para todos los estudiantes de Liliana verla hoy en un ataúd cuando durante años les impartió clases con alegría”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia la muerte violenta de al menos 7 campesinos, incluyendo dos miembros del pueblo indígena Awá, en el municipio de Tumaco, en Colombia. La CIDH urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, la CIDH condena el ataque ocurrido tres días después contra una misión humanitaria, periodistas y miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y Policía Antinarcóticos.
La información disponible indica que el ataque contra los campesinos se produjo el 5 de octubre de 2017, en el marco de una movilización campesina en contra de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en reclamo por el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el Estado. Como resultado al menos 7 campesinos murieron y otras 20 personas resultaron heridas.
El Ejército y la Policía Nacional señalaron que las indagaciones preliminares apuntaron a que un grupo residual de las FARC, ex columna Daniel Aldana, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y que luego atacaron con fusiles y ametralladoras a manifestantes y a autoridades. No obstante, la CIDH expresa su grave preocupación respecto a la información aportada por habitantes de la región, según la cual miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de estos hechos.
Posteriormente, el 8 de octubre de 2017, una comisión humanitaria se trasladó a la zona para verificar los hechos, encabezada por el Vice-defensor del Pueblo y el Director del Sistema de Alertas Tempranas. Testigos aseguraron que los miembros de la delegación fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía Antinarcóticos.
En este mismo sentido, el Defensor del Pueblo señaló que los testimonios recogidos en la zona de los hechos permiten inferir la presunta participación de funcionarios de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas, y recomendó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación y a la Procuraduría General de la Nación determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre constituyen falta disciplinaria. La CIDH toma nota que la Procuraduría designó al Procurador Delegado de Derechos Humanos para que asuma la investigación integral de los hechos; y que la Inspección General de la Policía Nacional procedió a aplicar la medida de suspensión disciplinaria a cuatro policías que presuntamente accionaron sus armas de fuego.
La Comisión Interamericana expresa su consternación y condena al ataque contra la misión humanitaria y los periodistas. La misión humanitaria estaba integrada por personas de la Gobernación de Nariño, Personería de Tumaco, Diócesis de Tumaco, Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Misión de Verificación de la ONU y MAPP-OEA. Acompañaban a esta misión periodistas realizando su labor. De acuerdo a lo señalado por miembros de la misión humanitaria, se realizaron todas las comunicaciones pertinentes para dirigirse al lugar. En medio del recorrido la delegación fue atacada por miembros del ESMAD y Policía Antinarcóticos con varias bombas de aturdimiento pese a que los integrantes de la misión intentaron identificarse. Los testigos informaron que durante el ataque también se escucharon disparos y fue utilizado algún tipo de gas.
La CIDH nota que el Vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, manifestó que hubo un comportamiento irregular de la Policía frente a la misión y pidió explicaciones a la Policía Nacional al respecto. Asimismo, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, rechazó la agresión y manifestó que espera garantías por parte del gobierno para que la investigación se adelante. La CIDH toma nota que la Policía Nacional ofreció excusas públicas a los integrantes de la misión y reiteró su disposición de colaborar con la investigación respectiva. La CIDH observa asimismo que Jhon Jair Cortés, líder comunitario perteneciente a una de las comunidades que denunció el ataque ocurrido, fue asesinado el 17 de octubre. Jhon Jair Cortés era miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y trabajaba para visibilizar la situación de emergencia humanitaria y violencia que campesinos de la comunidad afro e indígena viven en la zona rural de Tumaco. Según información de público conocimiento, había recibido amenazas, y así como los otros 18 miembros de la Junta, estaba bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Comisión insta al Estado de Colombia a investigar con debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables con el fin de evitar que estos lamentables hechos se repitan. Asimismo, llama al Estado a garantizar una atención médica integral a las personas heridas. Además, el Estado debe adoptar medidas urgentes a fin de garantizar la seguridad e integridad de los miembros de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Estado debe también garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
CIDH
La junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no quiere saber de medios de comunicación. Agradecen la preocupación, pero no hablan. Están dedicados a ultimar los detalles del entierro de su compañero Jair Cortés, asesinado el pasado 17 de octubre en la vereda Restrepo, en Tumaco (Nariño).
A finales de septiembre de este año la junta en pleno (15 personas) y tres líderes de negritudes se desplazaron hacia el casco urbano de Tumaco. Habían salido del consejo comunitario tras amenazas proferidas por grupos ilegales que operan en la zona rural del municipio.Las intimidaciones llegaron tras oponerse a la pretensión de los armados de obligar a las comunidades negras, campesinas e indígenas que habitan en la región a protestar contra la erradicación forzada. El problema no es menor, ese municipio nariñense es el que más sembradíos de coca tiene: 23.148 hectáreas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
Las denuncias vienen de tiempo atrás, en un consejo de seguridad de la Gobernación de Nariño se habló de las presiones de los armados y por eso salieron del territorio. En un comunicado del 5 de octubre, horas después de la masacre que acabó con la vida de siete campesinos en la vereda El Tandil, la junta de gobierno reiteró: “Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armadoshacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la Fuerza Pública que realiza labores de erradicación forzosa”.
“Nosotros creemos que todo tiene que ver con eso”, enfatiza Celimo Cortés, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que aglutina a 16 de estos. Por “esto” se refiere a la sustitución de coca que el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera está impulsando desde septiembre del año pasado. El fin de semana pasado, incluyendo Jair Cortés, estaban reunidos con los funcionarios del Gobierno hablando de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
“El mensaje fue claro: a los dirigentes comunitarios que no se opongan a la erradicación y que promuevan la sustitución serán víctimas de hechos violentos”, concuerda Hárold Ruiz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño.
La amenaza se extiende a otras comunidades. Por ejemplo, la guardia indígena del pueblo awá también ha contrariado a la disidencia de las Farc cuando han pretendido obligarlos a manifestarse. El riesgo se agrava teniendo en cuenta que en varios sectores, a orillas del río Mira, la disidencia ejerce control territorial.
Era el caso de la zona en la que Jair Cortés ejercía liderazgo. Él había sido elegido como representante de la zona 4 del consejo comunitario, y allí impulsaba la sustitución voluntaria. En ese punto del resguardo hacen presencia los hombres comandados por Cachi, quien, se dice, sería un subalterno de Guacho, señalado disidente de la guerrilla.
Sin embargo, no son los únicos actores armados en el territorio. En el área rural de Tumaco también tienen presencia estructuras armadas del clan del Golfo, al mando de Contador, y un satélite del cartel de Sinaloa,comandado por David. Ambos grupos se oponen a los procesos de sustitución voluntaria. Además, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo ayer, en el que señala el surgimiento de un nuevo grupo denominado Guerrillas Campesinas del Norte, que según el documento se opone a la sustitución y opera en las cuencas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje.
La protección de los líderes es una preocupación en Nariño. Ítalo Pantoja, subsecretario de Gobierno de la Gobernación, se queja de que“la Unidad Nacional de Protección (UNP) se demora muchísimo en sacar los estudios de riesgo”. El viernes 13 de octubre Jair Cortés había salido a visitar a su esposa, quien se encontraba enferma. Llevaba un chaleco antibalas y un celular que le había asignado la UNP.
La tierra: un conflicto vivo
Las Farc, tras la aplicación del Plan Colombia por parte de la Fuerza Pública en Huila, Putumayo y Caquetá, llevaron colonos a poblar territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Así lo reconoció la exguerrilla cuando quedó estipulado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz que devolverían tierras en las cuales impulsaron el proceso de colonización.
Por lo anterior, las tensiones entre campesinos y negros son fuertes, tanto que cuatro fuentes que conocen la zona (entre quienes se encuentran funcionarios de la Gobernación y afrodescendientes) afirman que esas diferencias pueden ser la causa del asesinato de Cortés. Recuerdan el asesinato de Genaro García, líder de Alto Mira y Frontera, el 3 de agosto de 2015 a manos de integrantes de las Farc.
La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) es la organización con la cual el consejo comunitario ha tenido diferencias más fuertes en los últimos tiempos. Incluso, la señalan de ser la base política de las Farc.
“Rechazamos este tipo de agresiones contra los líderes. Ya hubo un caso con Genaro (García)”, enfatiza Diana Montilla, encargada de derechos humanos de Asominuma. Sin embargo, sobre la solución al tema de tierras hay dos versiones. Por un lado, Montilla asegura: “Hemos avanzado en el tema con el consejo comunitario”. Mientras que Celimo Cortés, de Recompas, dice que “no hay un clima de diálogo con ellos”, y complementa diciendo que en las mesas de concertación “no pasa nada”.
El desencanto con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se acentúa. No es para menos, en territorios donde se instalará la circunscripción especial número 10, acordada en La Habana, se han producido cinco homicidios de líderes. La desconfianza con el Estado llega al punto que personas de la región piensan que les quieren quitar la tierra para implementar parte del Acuerdo: “¿En dónde piensa que van a desarrollar los proyectos de la paz?”, preguntó un líder.
Los tres problemas que aquejan al consejo comunitario: los grupos armados, la coca y la tierra no se han resuelto. Mientras tanto, los campesinos, los awás y los negros siguen en la mitad.
Seis muertos en enfrentamientos entre disidencias y bacrim
Aún no hay nada claro sobre el presunto enfrentamiento entre un grupo armado organizado y disidencias de las antiguas Farc ocurrido en la vereda San José de Tapaje, del municipio de El Charco (Nariño), en donde murieron seis personas que habrían pertenecido a esa guerrilla.
Algunas versiones indican que el encuentro armado fue entre hombres a cargo de “Cachi” y “Guacho”, este último disidente de la columna Daniel Aldana, de las Farc, fue por el control de una de las rutas del narcotráfico que atraviesa la región; sin embargo, la información es tan dispersa, que no se tiene exactitud siquiera sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos.
Incluso, la misma Gobernación de Nariño dice manejar información similar a la que se ha publicado en los medios de comunicación y señala que se encuentra a la espera de que una comisión pueda ingresar a la zona, de difícil acceso, para determinar qué sucedió en realidad.
Por su parte, una comunicación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, de Nariño, condenó la muerte de seis de sus antiguos compañeros, a quienes identificaron como Alexis Estupiñán, Kevin González, Carlos “Pescadito” Perea, Júnior Velásquez, Bruno Suárez y Johan, de quien, dijeron, no pudieron establecer el nombre verdadero.
Colombia2020
Presidente de la República convocó para este jueves la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
El Presidente Juan Manuel Santos convocó para este jueves una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada a comienzos de este año en desarrollo del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las Farc.
La reunión se llevará a cabo en la Casa de Nariño a partir de las 3:00 pm para analizar los hechos que han afectado la seguridad de líderes sociales.
Por medio del Decreto Ley 154 del 3 de febrero pasado se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc el 24 de noviembre de 2016.
Su objeto es “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad está integrada por el Presidente de la República, quien la preside, los ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación, el Comandante las Fuerzas Militares, el Director General la Policía Nacional, tres expertos reconocidos en la materia y dos delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.
Presidencia Colombia
Denuncian amenazas contra 47 líderes sociales en el litoral nariñense
El representante legal de la Red de Consejos Comunitarios de Tumaco (Recompás), Celimo Cortés, señaló que 47 líderes sociales de la región, en inmediaciones al puerto nariñense, habrían recibido amenazas de grupos armados desconocidos: los habrían declarado “enemigos de la coca”.
Cortés sostuvo que con el asesinato de José Jair Cortés, el pasado martes, en la vereda Restrepo, de Tumaco ,“es claro que hay grupos que están hablando en serio”, sobre cometer acciones contra quienes estén en contra de los cultivos ilícitos, o no se sometan a presiones para evitar la erradicación por parte de las autoridades.
A Recompás pertenecen 16 consejos comunitarios de Tumaco, entre ellos Alto Mira y Frontera, donde el pasado 5 de octubre se registró la muerte de siete campesinos que se oponían a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en el territorio.
Entre tanto, el secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Jaime Eduardo Nastacuas, confirmó el asesinato de dos nativos, pero aclaró que no pertenecen a alguno de los resguardos de esta zona.
Los hechos se registraron el pasado lunes, a las 7:30 de la mañana, en el kilómetro 85 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto.
“Lo que sabemos es que ellos no estaban dentro del censo”, afirmó Nastacuas, quien además, dijo que los dos hombres habían sido amenazados desde hace más de un año por desconocidos.
Una de las víctimas fue identificada como Yovany Guanga Zabala, pero el nombre del otro sujeto aún no se ha podido establecer.
En este caso, la Policía tampoco ha precisado los móviles de los homicidios.
http://www.nodal.am/2017/10/la-cidh-repudia-homicidio-campesinos-colombia-presidente-santos-reune-la-comision-nacional-garantias-seguridad/
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