El senador nacionalista Luis Lacalle Pou anunció que acompañará la recolección de firmas para impulsar un plebiscito contra la obligatoriedad de la denominada Ley de Inclusión Financiera (en realidad de Control Financiero). La convocatoria provino de cámaras empresariales como la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este (CRECE), la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU). El economista Martín Vallcorba, coordinador de Inclusión Financiera en el MEF, aseguró que el eventual plebiscito sobre ese tema no cambiará la situación de pequeños comerciantes. “Para la actividad del pequeño comerciante, las transacciones cotidianas, lo que uno va y compra todos los días, hoy no es obligatorio (el uso de medios electrónicos)”.
“El plebiscito lo único que prevé es que no se puede restringir el uso de efectivo. ¿Qué consecuencia tendría una eventual aprobación de un plebiscito de esta reforma constitucional? Lo que caería de la Ley de Inclusión Financiera son aquellas disposiciones que restringen el uso de efectivo: el pago de remuneraciones, la compraventa de inmuebles y de automóviles, el pago de transacciones elevadas, de más de U$$ 5000… Eso es lo que se vería afectado” aseguró Vallcorba.
“La actividad del pequeño comerciante, las transacciones cotidianas, lo que uno va y compra todos los días, eso hoy no es obligatorio. Por lo tanto, el plebiscito no cambia en nada la situación del pequeño comercio” dijo el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas.
Para Vallcorba, un eventual plebiscito de estas características “no cambia la realidad, pero aún cuando la cambiara, la cambiaría en 2020”. “Si en los últimos tres años el uso de la tarjeta de débito se multiplicó por catorce, ¿qué va a pasar en los próximos tres? Va a seguir creciendo. De lo que debemos preocuparnos es por mejorar las condiciones que tienen los pequeños comercios hoy”.
En ese sentido, el coordinador de Inclusión Financiera repasó las iniciativas que vienen llevando adelante para favorecer a los pequeños comercios. “Los aranceles de tarjeta de débito que pagaban los pequeños comercios pasaron de ser de un 7% al 2% que son hoy. Y estamos en un camino en el cual, sobre fin de año, vamos a llegar al 1.5%. Ha habido acciones concretas que han permitido mejorar sustancialmente las condiciones para los comercios”.
“Cuando lleguemos al 1.5%, el comercio más pequeño y la gran superficie mayor van a estar pagando en débito virtualmente el mismo arancel. Es una situación que no se da prácticamente en ningún lado y en ninguna otra actividad” añadió.
El pago de remuneraciones
La Ley de Inclusión Financiera estableció la obligatoriedad del pago de remuneraciones a través de medios electrónicos. Para algunos críticos, esto implica un recorte de las libertades de los trabajadores. Para otros, supone un problema para los pasivos y trabajadores en pequeñas localidades y áreas rurales. Sin embargo, Vallcorba hizo algunas puntualizaciones.
“Las encuestas que realizamos de forma previa a la aprobación de la ley mostraban que ya más de la mitad de los trabajadores cobraban a través de una cuenta bancaria” explicó. “No era el trabajador el que elegía dónde cobrar. Era el empleador que decía 'Yo te voy a pagar a través de tal institución'. Uno podía no estar satisfecho con los servicios que le brindaban, tener problemas porque le quedaba lejos e incómodo, o porque había otras opciones que le resultaban más interesantes, pero no tenía la posibilidad de cambiarse”.
“Para quienes ya pagaban antes, los empleadores en general, el patrón pagaba por el servicio de pago de salarios. La ley impuso que este es un servicio que no tiene costos. Para los que ya venían pagando a través de cuentas bancarias significó una reducción de costos” aseguró, y añadió que “aún cuando pagaban en efectivo, la red de cobranzas les cobraba por el servicio de pago de salarios”. “No vemos razones del lado del empleador para decir que esto es un problema”.
En el caso de los pasivos y trabajadores, Vallcorba explicó que “la obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos no alcanza al trabajador rural. Tampoco alcanza a los trabajadores que se desempeñan en localidades pequeñas”. Esto mismo ocurre con los pasivos en localidades pequeñas.
El economista afirmó que “la modernización del sistema de pagos, usando medios de pago electrónico, contribuye a mejorar la formalización de la economía”. “Estamos convencidos de que el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos es una herramienta muy potente para seguir avanzando en formalizar el mercado de trabajo, en que haya cada vez menos trabajadores en negro”.
Inclusión financiera, ¿proyecto de izquierda?
Vallcorba aseguró que la Ley de Inclusión Financiera tuvo un efecto democratizante y que empoderó a sectores de la sociedad que antes estaban excluidos del sistema financiero.
“¿Ser de izquierda qué es? ¿Es decir 'Los trabajadores de ingresos bajos que no accedan al sistema bancario, y cuando precisen tomar un crédito tengan que ir a una financiera para pagar una tasa de interés que en muchos casos está arriba del 100%'?” preguntó.
“Los uruguayos, en general, no tenían dificultades para acceder al crédito. Lo que pasa es que accedían en pésimas condiciones, pagando tasas de interés muy elevadas y entrando en una dinámica que a veces era muy perversa en las finanzas familiares” explicó.
“Hoy la Ley de Inclusión Financiera permite que todos los trabajadores, sin ninguna excepción, y todos los pasivos, jubilados y pensionistas, puedan acceder a un crédito de nómina, que es un crédito que se descuenta directamente del sueldo, pero con un tope: la cuota no puede representar más del 20% del sueldo y con tasas de interés que son sustancialmente menores a las que rigen en el mercado”.
¿El Frente Amplio apoya a la banca privada?
El asesor del MEF cuestionó la idea de que la inclusión financiera es una herramienta que perjudica a los trabajadores a favor de la banca privada.
“El principal proveedor de servicio de pago de salarios no es la banca privada, es el Banco República. El 70% de las tarjetas de débitos corresponden al BROU. Si hay alguien que se beneficia, en teoría, es el Banco República” aclaró.
Vallcorba añadió que de las 600.000 incorporaciones al sistema, la mitad corresponden a agentes no bancarios. Es decir, no son cuentas en un banco, ya que los trabajadores pueden elegir cobrar a través de otros agentes. “Para poner con nombre propio: Redpagos y Anda” dijo Vallcorba. “De la otra mitad, el grueso es el Banco República. Los bancos privados tienen una población absolutamente marginal porque la población no los elige y ellos tampoco han tenido vocación por prestar estos servicios”.
“Cuando uno mira el uso de la tarjeta de débito, cómo ha crecido, eso genera un ingreso para los bancos. Pero a los bancos se los obligó a prestar este servicio de manera gratuita. Antes cobraban. Hoy la ley estableció que tienen que ofrecer ese servicio para todos y que no pueden cobrar nada por ese servicio. Se los obligó a tener que dar servicios gratuitos como las transferencias interbancarias, que antes cobraban un montón de plata. Hay que hacer la evaluación global” consideró.
Críticas
Para el asesor del MEF, a veces los legisladores están desinformados o hacen afirmaciones que confunden el debate. Concretamente, se reifiró a Luis Lacalle Pou.
“Cuando Lacalle Pou señala que un trabajador, como consecuencia de la inclusión financiera, tiene que recorrer 50 km para hacerse del efectivo por lo menos es un error de información muy importante para alguien que ocupa un cargo de esa naturaleza” afirmó.
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