La Cámara de Diputados aprobará este martes aumentar las penas para quienes cometan delitos que se asocian al narcotráfico. A partir de la nueva ley, esos delitos serán castigados con dos a diez años de penitenciaria cuando sean cometidos "por un grupo delictivo organizado" y de dos a 18 años de penitenciaría para quien "organizare o financiare" actividades vinculadas a esa práctica. Según el proceso penal vigente, eso convierte a los delitos para narcotraficantes en inexcarcelables, es decir que siempre se castigan con prisión. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre comenzará a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y tal como está planteado, el concepto de "inexcarcelable" dejará de existir porque, a diferencia de lo que sucede actualmente, la prisión preventiva no estará condicionada por la pena del delito.
Eso significa que la ley que se aprueba hoy va en contra de lo que se quiere lograr con el nuevo sistema del procesal penal. Consultado por El Observador, el juez Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), señaló que con el proyecto que se vota hoy "se está partiendo de una base que no es real". "Hacer inexcarcelable un delito es un concepto que es irreconciliable con el nuevo CPP porque cuando entre en vigencia no van a existir más delitos inexcarcelables", dijo.
Reyes destacó que la única manera de que con el nuevo CPP la prisión sea inevitable, es que las leyes indiquen específicamente que son delitos "inexcarcelables" porque ya no estarán atados a la cantidad de años con los que se castiga. Pero en la redacción final del proyecto de ley del "Plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo" eso no sucede, sino que el texto solo hace referencia a más años de pena. "Me pregunto si es algo que no se conoce o no importa y vamos aprobando leyes destinadas a caer en desuso en unos meses", cuestionó el presidente de la AMU.
"Si seguimos aprobando leyes de microsistemas que van a contrapelo del nuevo sistema, va haber un problema grave". Gabriel Valentín, magíster en derecho procesal
La redacción final fue aprobada en el Senado y, según informó El País este lunes, no tuvo modificaciones en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, por lo que será votada sin cambios. Ese proyecto surgió a raíz de las reuniones que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, tuvo con representantes de todos los partidos políticos a lo largo de 2016. En esas reuniones también se llegó a un consenso para la redacción de un proyecto de ley que prohíbe obtener la libertad provisional, condicional y anticipadaa quienes sean reincidentes en delitos graves, que se convirtió en ley hace exactamente un año.
Al igual que sucede con la redacción sugerida para el delito de narcotráfico, esa norma choca con el CPP nuevo porque la base del código que está por entrar en vigencia es que la prisión nunca es la regla. "En su filosofía es totalmente contraria", dijo al diario El Observador Gabriel Valentín, magíster en derecho procesal y vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay.
Y agregó: "Si seguimos aprobando leyes de microsistemas que van a contrapelo del nuevo sistema, va haber un problema grave. Hay proyectos de leyes que siguen hablando de procesados y en el nuevo sistema no va a haber procesamiento. Se siguen aprobando leyes en un eje totalmente distinto al del nuevo código".
Con respecto al aumento de penas para casos de narcotráfico, Valentín opinó en la misma línea que Reyes y dijo que "cuando entre en vigencia el nuevo CPP, en cuanto a la prisión preventiva regirán los criterios" de esa norma. Uno de los principales principios del nuevo sistema es que "la prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los caracteres de una pena", según indica el artículo 217.
Las diferencias entre lo que se votará hoy y a lo que se apunta con el nuevo proceso penal generó revuelo en muchos juristas. En sus grupos de Whatsapp muchos comentaban estas diferencias.
La ley que se viene
La ley para combatir el narcotráfico que se aprobará este martes plantea crear una Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, que funcionará en Presidencia de la República. Será integrada por el prosecretario de Presidencia, los subsecretarios de los ministerios del Interior, Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, así como por el Banco Central y la Secretaría Antilavado.
Una vez promulgada la ley, la comisión tendrá 90 días para elaborar un plan nacional de lucha contra el narcotráfico. También se creará un Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera.
En el caso del aumento de las penas, el proyecto prevé excepciones para los casos de marihuana en el marco de la ley que regula su consumo. El proyecto señala que "se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de marihuana".
No hay comentarios:
Publicar un comentario