Alrededor de 50 personas que trabajan en empresas que dan servicios a Ancap en sus plantas cementeras de Paysandú y Minas se presentaron al plan de retiro incentivado financiado por la empresa pública que lo acordó con el sindicato de la construcción (Sunca). Ancap, que reconoce que se trata de un plan de retiro incentivado particular porque es financiado por el propio ente pese a que sus destinatarios son empleados de empresas privadas, aspiraba a que se presentaran un centenar de personas. Los trabajadores cumplían tareas mayoritariamente en empresas de seguridad y de cuidado de áreas verdes. El incentivo que Ancap ofreció a los trabajadores equivale a seis salarios a los que se suma el despido. La implementación de este plan fue acompañada por también por los directores de Ancap que representan a los partidos de la oposición.
Cuando este año Ancap anunció que dejaría sin efecto los contratos con estas empresas, generó protestas, fundamentalmente en la ciudad de Paysandú, porque algunas de las personas que se iban a ver afectadas integran cooperativas sociales compuestas, en buena medida, por madres de familia de bajos ingresos. Por eso, Ancap modificó su idea inicial y comenzó a negociar con los trabajadores que son representados por el poderoso sindicato de la construcción (Sunca).
La división de cementos de Ancap perdió en los últimos 15 años US$ 207 millones. Ancap definió a comienzos de año un plan para que la división llegue a un punto de equilibrio el próximo año. Se propone reducir los costos de las plantas este año y el próximo en US$ 20 millones. En 2016 la división tuvo un rojo de US$ 16 millones. Por ahora no está exportando y su nivel de ventas en el mercado interno no crece.
Ancap está realizando un mantenimiento mínimo en las plantas de Paysandú y Minas. El directorio visitó esta semana las instalaciones sanduceras y por ahora sigue firme la decisión de no instalar un tercer horno en Paysandú que fue comprado en decenas de millones de dólares pero nunca fue puesto en marcha. El horno no fue montado y sus piezas están en decenas de contenedores. Costó US$ 80 millones y la decisión de adquirirlo fue tomada en 2012 por el directorio que encabezaba el hoy vicepresidente Raúl Sendic. El sindicato de Ancap reclama que se instale porque entiende que, sin él, la división de cemento no tiene futuro. Sin embargo, el actual directorio de Ancap evalúa su venta. Un informe de un equipo técnico del ente indica que si se instalara ese tercer horno, recién para 2023 se recuperaría la inversión en la medida en que se puedan exportar 750.000 toneladas anuales de cemento, más del doble de lo que Ancap produce en la actualidad.
En la planta sanducera de cemento de Ancap trabajaban, en febrero pasado, 125 personas que no integran la plantilla del ente, 105 en la misma condición lo hacían en Minas y 57 en Manga.
La división de cemento destina US$ 2 millones anuales a horas extras y, por el momento, Ancap descarta cerrar alguna de las tres plantas.
La división de fabricación de cemento de Ancap, que comenzó a funcionar en 1956, tiene que comprarle el producto a su competencia (básicamente "Cementos Artigas", de capitales españoles) para cumplir con sus clientes. Sus costos de producción equivalen al doble de los que enfrentan esos competidores, y tendrá pérdidas este año que Ancap estima en US$ 12 millones que se sumarán a los US$ 207 millones que perdió en los últimos 15 años.
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