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lunes, 15 de mayo de 2017

CHILE: COMO MANEJAR EL TEMA DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES

La migración es un fenómeno que ya penetró en la profundidad de la sociedad chilena. Cada día miles de inmigrantes se despliegan por las distintas ciudades de nuestro país para desempeñarse en sus trabajos y formar parte del sistema económico nacional, aunque no siempre en las mejores condiciones. Así como ocurre en todo el mundo, en Chile el trabajador foráneo debe, además de sortear posibles discriminaciones sociales de parte de los nacionales, enfrentarse a un mercado laboral complejo, inestable, y con una regulación que debe ir adecuándose a las nuevas necesidades que plantea la inclusión.

La migración laboral es un fenómeno mundial. De acuerdo al informe “Estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes”, del 2015, de los 232 millones de migrantes totales contabilizados en el mundo, 150 millones son trabajadores.

En Chile, la encuesta de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestra que al 2016, el número de trabajadores inmigrantes con empleo es algo más de 160 mil personas, de los cuales 94 mil son asalariados y 34 mil trabajan por cuenta propia. Cerca de 20 mil se desempeñan como trabajador de casa particular, y unos 8 mil se consideran empleadores.

En cuanto a su lugar de origen, del total de los trabajadores extranjeros, 45 mil tienen nacionalidad peruana, 14 mil 300 son colombianos, bolivianos casi 11 mil quinientos, y recién en cuarto lugar quienes alguna vez fueran la principal fuerza laboral foránea en Chile, los argentinos, que bordean los 9 mil.

Quienes analizan el fenómeno dicen que los extranjeros ocupan los trabajos que los chilenos no quieren realizar, y que la inmigración ayuda a la economía del país a enfrentar el proceso de envejecimiento de su población, lo que afecta principalmente a la cantidad de población en edad activa.

Plantean además que la situación económica de Chile respecto de sus vecinos latinoamericanos, lo hace un escenario atractivo para los trabajadores, que buscan mejores ingresos para sus familias en un mundo globalizado, donde no solo existe libre tránsito de divisas, sino también de “capital humano”. Según datos de Extranjería, en 11 años (2004-2015) los inmigrantes casi se duplicaron, pasando de ser el 1.5 por ciento de la población total, al 2.8 por ciento, un crecimiento explosivo considerado “completamente normal” en los países estables, pero lejos aún del promedio OCDE de población inmigrante, que llega al 13 por ciento. La mayoría tiene entre 20 y 50 años (66%), y predominan las mujeres, que en 2014 conformaron el 52.6 por ciento de las llegadas al país.

Respecto de las ocupaciones, el 85 por ciento de los inmigrantes se emplea en empresas de servicios vinculados al mercado interno, como transporte, comercio y empresas de menor tamaño, muchas de las cuales operan además como contratistas o subcontratistas del sector de las grandes empresas.

Otros sectores comunes son servicio doméstico, sector servicios y construcción. En esta última el crecimiento es veloz, en especial con la aparición importante de los haitianos. Según la Cámara Chilena de la Construcción, en la Región Metropolitana el porcentaje de extranjeros pasó de 5.6% en octubre a 6.2% en marzo. De ellos, el 38 por ciento provienen de Haití.

Otras estadísticas, esta vez de la encuesta Casen de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, informó que el 65.6 por ciento de los inmigrantes trabaja como empleado u obrero, el 62.2 en el sector privado y un 3.4 por ciento en el sector público.

Regularización para extranjeros

El actual gobierno desarrolló un proyecto de ley de inmigración con el fin de reemplazar la que hoy rige en Chile, que data desde 1975, y que para muchos servía muy bien a motivos políticos de la dictadura. Aunque está detenido, se mantiene en la agenda y en monitoreo constante.

Lautaro Pizarro, encargado de la Oficina de Migrantes de la Comuna de Macul, el nivel territorial más cercano a las realidad de la inmigración, dice que está “en la dura” para abordar esta realidad y plantea una gestión relacionada con el acceso de los extranjeros a servicios de salud, regularización de las visas, inserción en educación o conseguir documentos de regularización provisorios.

El especialista sostiene que “la nueva ley ha estado detenida, pero se especula que podría reponerse la urgencia porque entre enero y febrero ingresaron más de 4 mil haitianos”.

El proyecto propone varias modificaciones. Entre ellas cambiar las exigencias “el tiempo de residencia de los emigrantes, aumento en la cantidad de visas para las nuevas necesidades de ingreso al país, consolidar algunas políticas de derecho de los emigrantes, es decir, que tenga garantías básicas en salud, a educación, vivienda, beneficios sociales, y además agiliza algunos procedimientos”. Pizarro señala que la precariedad en la que viven muchos migrantes tiene varios ámbitos, como el social y el laboral, y que depende mucho de las condiciones de la institucionalidad.

El encargado de migrantes de Macul remarca que las municipalidades deben ser capaces de manejar recursos para estas labores de inserción y fiscalización con los extranjeros: “Es importante que esta ley genere recursos a nivel municipal para temas migrantes, porque somos los municipios los que soportan el peso de sus necesidades, y no los ministerios”.

Trabas a inserción al mercado laboral

El investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central y actualmente presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmigración, Eduardo Thayer, no es tan optimista con la nueva ley, y dice que tratarla ahora sería “un disparo en los pies en el contexto electoral”, pero reconoce que hay algunos avances.

Valora que el proyecto proponga la creación del Servicio Nacional de Migraciones, “una institucionalidad del Estado que tenga competencia en las políticas públicas y de presupuesto, pero eso era complejo que avanzara porque decían que no hay plata”. Aún así valora que el ingreso de este proyecto terminará con las pretensiones de otro ingresado por Sebastián Piñera en 2013, el que calificó como “desastroso”.

“Cualquier proyecto es sustantivamente mejor que el que está hoy en el Congreso, que era una máquina de producir irregularidades, con limitaciones y vulneraciones importantes para los migrantes. Entonces, a pesar de no estar completamente de acuerdo con el nuevo, la idea es presentarlo porque obliga a retirar ese proyecto”, explica Thayer.

Sobre la realidad de los inmigrantes hoy, el investigador reconoce dos tipos de dificultades. En cuanto a lo institucional, dice que “el Estado no facilita las cosas para la inserción equitativa de los migrantes al mercado del trabajo, y uno de los problemas es que se está tardando mucho los procedimientos para acceder a los permisos de trabajo. Las visas se están demorando entre 6 y 8 meses, entonces lo que está pasando es que está quedando en situación de temporalidad permanente y en ese periodo quedan en una situación de vulnerabilidad frente a los empleadores”.

Dice además que “la existencia de la visa sujeta a contrato, que condiciona el permiso de residencia a que el migrante tenga un contrato con un empleador específico, entonces el patrón es como el dueño del permiso que tiene el migrante para estar en el país”.

El otro aspecto es relativo con la estigmatización de los grupos migrantes, lo que redunda en que pueden a acceder a puestos de trabajo mas degradados y riesgosos, con peores sueldos.

Acuerdo CUT y Dirección del Trabajo: contra la precarización y la informalidad

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), con el apoyo de la OIT y junto a otras centrales sindicales, suscribió con la Dirección del Trabajo (DT), un acuerdo explícito para mejorar las condiciones de trabajo de los extranjeros que laboran en el país. Para la CUT, los migrantes son “quienes sufren mayor precarización laboral que el trabajador nacional, y que hoy representan a un importante número de trabajadores informales”.

El acuerdo consiste en varias etapas de trabajo coordinado para la generación de conocimiento y conciencia de los derechos de estos trabajadores. Campañas, conversatorios, actividades en terreno, seminarios, jornadas o talleres que buscarán informar y sensibilizar a la población, a los empleadores y los propios migrantes respecto de sus derechos laborales.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, manifestó que el movimiento sindical debe “actuar unido para ir en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo cuando no son nacionales con las implicancias que hoy conocemos”.

La dirigente explicó que es entre los trabajadores foráneos donde “hay un abuso de firma de contratos precarios, y de malas condiciones laborales para los migrantes, por ello es relevante y se agradece la firma de este convenio y la disposición que tiene la DT para asumir este desafío”.

http://www.elsiglo.cl/2017/05/12/radiografia-a-trabajadores-migrantes-en-chile/



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