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viernes, 20 de enero de 2017

LIC. C. DIAZ FRAGA: SERIA UNA BUENA IDEA DECIRLE A LOS ESCRIBANOS QUE SE VAYAN Y QUE EL ESTADO HAGA SU TRABAJO

El titular de la Secretaría Nacional Para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Carlos Díaz Fraga, aseguró que ese organismo está en condiciones de cumplir con todas las tareas que realizan los escribanos, por lo que si estos profesionales no desean efectuar los controles que plantea el proyecto de Ley Antilavado deberían dejar de ser depositarios de la fe pública.


“Leyendo a los escribanos me agarro la cabeza (…) Estamos en una situación muy grave, en la que vamos a ser evaluados por la política antilavado y parece que ninguna de las asociaciones gremiales se da cuenta”. “Todas las declaraciones que se hacen en Uruguay, por cualquiera de los actores involucrados, son levantadas en otros países que son quienes nos van a evaluar, y pueden perjudicar al país”, afirmó Díaz Fraga a Caras y Caretas Portal.

El funcionario se refirió de esta forma a las declaraciones de la nueva presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), Ana Ramírez Eula, que en un comunicado enviado al diario El País fustigó los alcances del proyecto de ley para actualizar la Ley Antilavado.

En esa misiva, Ramírez Eula consideró fundamental el combate al lavado de activos y al terrorismo, pero valoró que aspectos del proyecto de ley vulneran el derecho a la intimidad de los ciudadanos y de los profesionales. Dijo que los escribanos tienen la obligación de efectuar un contralor fiscal de diversas transacciones, pero que el texto a estudio del Parlamento amplia sus obligaciones.

“Ahora se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo, sin tener en cuenta que no contamos con las infraestructuras de logística ni de seguridad para desarrollar esa tarea, como sí la poseen otros sujetos de los obligados a reportar operaciones sospechosas como los bancos, casinos, compañías de seguros, financieras, casas de cambio, etc”, dijo Ramírez Eula.

Y agregó: “Se nos impone un rol que excede nuestra profesión. En él se pierden todas las garantías, tanto para quien contra la prestación del servicio como para el profesional que interviene”. Esto vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución de la República, agregó.

En este contexto, Díaz Fraga afirmó que los escribanos son sujetos obligados desde 2009 y que eso implica realizar tareas de conocimiento del cliente y denunciar antes las autoridades posibles inconsistencias en una transacción. Si los escribanos “no quieren hacer los controles, que no los hagan”, pero que si esa es la postura que piensan adoptar los profesionales deberían pensar en devolver al Estado la prerrogativa de ser depositarios de la fe pública que el propio Estado les otorgó hace doscientos años, expresó Díaz Fraga a Caras y Caretas Portal.

Díaz Fraga afirmó que la función del escribano es una función típica del Estado, pero que en el siglo XIX se les otorgó a estos profesionales ser depositarios de la fe pública “por un problema de distancia o de dificultad de las comunicaciones”. “Pero hoy el mundo es distinto y Artigas está al golpe de un tecla”, señaló.

Explicó que los avances en materia de telecomunicaciones hacen que la escribanía se trate de una profesión “que está colgada de un pincel” y recordó en algunos países -como España- los escribanos son considerados como funcionarios públicos y existen cupos por región, al tiempo que en otros -como Estados Unidos-, directamente no existe.

En este sentido, Díaz Fraga aseguró que la Senaclaft está en condiciones de hacer “todos los controles” que se le piden a los escribanos en veinte minutos o dos horas, porque “estamos conectados on line” con todos los organismos del Estado. “Cada transacción se analiza en forma rapidísima”, agregó. “Hoy el Estado puede perfectamente hacer todos los controles que hacen los escribanos y cobrando en vez de un 3%, un 1% -y con eso hacemos un negocio bárbaro- y el control sobre el lavado de activos va a ser mucho más eficiente”, puntualizó.

“Por eso si no se cumple con la responsabilidad que implica ser depositario de la fe pública que se le asigna esta se debe devolver al Estado”. “Y estamos más que dispuestos a recoger el guante”, agregó Díaz Fraga. Más allá de esto, aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene planteado analizar cambios en este punto, pero es parte de una evaluación permanente que se debe hacer. “Sería irracional que por haber cedido la fe pública el Estado se quedara estancado en el siglo XIX”, aseguró Díaz Fraga.

Fuente: Caras y Caretas


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