1) Tras el alto al fuego bilateral y definitivo en vigor desde el 29 de agosto, las FARC debían comenzar a agrupar a los 5.765 combatientes armados que declararon tener en 27 sitios acordados para la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. El proceso iba a ser supervisado por Naciones Unidas y se realizaría en 180 días a partir del 26 de septiembre, día de la firma del acuerdo.
2) Reparar a las víctimas del conflicto, que ha dejado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, era el objetivo del sistema de justicia negociado, que tenía previsto juzgar en tribunales especiales los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto -guerrillas, paramilitares, agentes estatales-, tanto uniformados como civiles.
3) Una ley de amnistía había sido pactada para los rebeldes acusados de delitos políticos, como rebelión, pero no cobijaría a los responsables de masacres, torturas y violaciones. Quienes confesaran crímenes atroces ante un tribunal especial podrían evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacían, y eran declarados culpables, serían condenados de ocho a 20 años de prisión.
4) Las FARC habían aceptado en mayo de 2014 poner fin a la producción de drogas ilícitas en territorio bajo su control y desvincularse del negocio del narcotráfico. El pacto contenía un plan de sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia guerrillera, donde el gobierno se había comprometido a brindar alternativas de sustento a los campesinos que aceptaran el reemplazo. Las autoridades de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, seguirían combatiendo al narcotráfico, que desde la década de 1980 ha sido combustible para el conflicto armado.
5) Con el acuerdo, las FARC se convertirían en un movimiento político legal y el gobierno se había comprometido a garantizar su seguridad para evitar que sus militantes fueran asesinados, como ocurrió a manos de paramilitares y fuerzas estatales en los años 1980 y 1990, luego de un fallido proceso de paz. Además, a las FARC se les asignarían 10 escaños en el Congreso de 268 miembros por dos periodos legislativos consecutivos, cada uno de cuatro años, si no lograban los votos suficientes
6) Las partes firmaron en mayo de 2013 un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a otorgar más acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos a los territorios rurales asolados por la conflagración interna. La repartición de tierras y una reforma agraria son reclamos históricos de las FARC, nacidas en 1964 de una sublevación campesina.
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ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONS
TRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA
PREÁMBULO
Recordando
que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido
por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia
-
Ejército del Pueblo, con la dec
isión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron
origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el
día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;
Teniendo presente
que como resultado
de los diálogos exploratorios referidos se produjo un
Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
firmado en la
fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y d
el Reino de
Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países
garantes;
Poniendo de presente
que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado
en todo momento a sus bue
nos oficios como países acompañantes;
Recordando
que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de
Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para
luego contin
uar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;
Subrayando
que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha correspon
de a la libre manifestación de la
voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC
-
EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de
cumplir lo acordado;
Teniendo presente
que el
Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia im
pone la
paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos
engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio d
e los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz;
Subrayando
que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito
necesari
o para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;
Poniendo de presente
que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la
Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de
2012; y que para alcanzarlo el
Gobierno
Nacional y las FARC
-
EP
siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y
respeto de la Constitución
Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, del Dere
cho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto
de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sente
ncias de competencias reconocidas
universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;
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Recordando
que el
Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios int
ernacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que,
siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los
tratados sobre
derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera
durante los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno;
Poniendo en consideración
que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la
satisfacción de derechos fundamentales como son los
derechos políticos, sociales, econ
ómicos y
culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación,
el
derecho
de los niños, niñas y adolescentes,
el derecho fundamental
de la seguridad jurídica individual o colectiva
y la seguridad física, y el d
erecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos
en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se
propone superar;
Subrayando
que el Acuerdo Final presta especial a
tención a los
derechos fundamentales de las mujeres,
los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las
comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamenta
les
de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y
de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores
y de la población LGBTI;
Considerando
q
ue
a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del
presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que
han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y
que a juicio de las FARC
-
EP dichas
transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no
resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado
y el atras
o de las comunidades rurales
, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.
Valorando y exaltando
que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en
todo el territorio nacional, en especial en múltiples region
es doblegadas hoy por el abandono, por la
carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta
esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar
terri
torial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la
desesperanza;
Reconociendo
los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las
autoridades civiles;
Exaltando
y consagran
do la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales
para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la
preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su ide
ntidad, el derecho a la
exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho
a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a
la verdad, la justic
ia y la reparación;
Recordando
que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las
FARC
-
EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y
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