LA OPINION DE SOLEDAD PLATERO:

El violento desalojo del local del Codicen, la noche del martes, volvió a poner sobre el tapete la cuestión del uso de las fuerzas represivas para contener manifestaciones políticas. Para cuando esta nota esté publicada seguramente ya todos habremos visto hasta el cansancio las imágenes que muestran las escaramuzas de los manifestantes que estaban fuera del edificio y la respuesta de la Guardia Republicana, arremetiendo sobre ellos del único modo en que saben hacerlo cuando no están apelotonados y quietos detrás de los escudos. De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior, en los hechos participaron un Grupo de Reserva Táctica (GRT), cuyo cometido era hacer salir a los estudiantes del interior del edificio y la Guardia Republicana, que estaba apostada afuera para hacer frente a los eventos que pudieran desatarse con los que habían ido a apoyar a los ocupantes. El edificio en el que funcionan las oficinas del Codicen alberga, además, oficinas de otras instituciones del Estado. Según la declaración de una ocupante no identificada*, alrededor de las seis y media de la tarde un funcionario que dijo ser del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se hizo presente en el edificio para dejar una orden de desalojo. Los ocupantes (estudiantes de secundaria) dijeron, siempre según esa versión, que no iban a recibir el papel hasta que llegara su abogado. El funcionario, que en ningún momento se había identificado salvo de palabra, arrojó el papel al piso y se retiró, en un auto con matrícula del Ministerio del Interior. Poco rato después llegó el jefe del GRT, habló con el abogado de los estudiantes, que ya estaba presente, y explicó que en realidad ese edificio no es todo del Codicen, y que en los otros pisos hay oficinas públicas que debían ser desalojadas. También les dijo, aparentemente, que el Codicen no había dado la orden de desalojo (que seguía “apostando al diálogo”) y que lo mejor era que desocuparan los pisos de las instituciones que no tenían nada que ver en la cosa. Los jóvenes optaron, entonces, por juntarse (abroquelarse, dice la estudiante) en el tercer piso, que es del Codicen. Eran unos sesenta, aproximadamente. Los agentes del GRT comenzaron inmediatamente a provocar, a circular por las escaleras haciendo retumbar las botas y gritándoles a los adolescentes que se comunicaran con sus familias porque no las iban a ver más. Según la joven, el clima dentro del tercer piso era de mucho nerviosismo: estaban encerrados, sin ningún lugar por donde salir y con un montón de guardias enardecidos amenazándolos. La cosa recién aflojó cuando los que estaban afuera empezaron a hacer presión y los agentes se movilizaron hacia el exterior. Fue entonces que los adolescentes lograron salir por una de las puertas, que había sido liberada. Esto es lo que dice una de las estudiantes que estaban adentro. De los que estaban afuera, algunos dicen que había manifestantes “no identificados” incitando a la violencia. El Ministerio del Interior, por su parte, identifica a los agresores como “manifestantes miembros del sindicato del Suatt y Plenaria Memoria y Justicia”. Lo que pasó afuera fue lo que vimos todos. Lo que dice el gobierno, hasta el momento en que se escriben estas líneas, es lo que dice el Ministerio del Interior. El asunto es que este hecho parece dividir a la izquierda entre los que sostienen que la represión es inaceptable y los que la justifican porque estaba Irma Leites. He visto a varios militantes o simpatizantes del gobierno preguntándose qué hacía ahí Irma Leites, como si los dirigentes del Frente Amplio no hubieran estado millones de veces acompañando ocupaciones y manifestaciones, como si los parlamentarios no hubieran tenido que acercarse cientos de veces a lugares en los que se corría el riesgo de que las fuerzas represivas hicieran destrozos, como si fuera incomprensible que militantes y sindicatos acompañaran una medida de lucha estudiantil. Pero claro, el problema, según parece, es que los adultos que acompañaban la ocupación eran de la Plenaria y del Suatt (el sindicato del taxi). En primer lugar hay que decir que eso es sólo parcialmente cierto. Entre los que acompañaban a los estudiantes había, además de familiares y profesores de los que estaban adentro, también militantes que no integran ni la Plenaria ni el Suatt. Por otro lado, veo con preocupación que la Plenaria y el sindicato del taxi ya sean los árabes de la película, como decía alguien. Si están ellos, la acción represiva está justificada de antemano. (El propio ministro Bonomi dijo en una radio que los ocupantes del Codicen estaban encapuchados y con “pañuelos talibanes”, como si eso de por sí hablara de su peligrosidad). Yo no comparto en absoluto las tácticas de Plenaria Memoria y Justicia (la estrategia ni siquiera la conozco), y creo que el sindicato de los taximetristas ha mostrado varias veces la peor cara del sindicalismo; la más patotera e irracional. Pero no ocultan lo que son, y si se les hace el campo orégano no es porque engañan a los niños con dulces y a las viejecitas con canastas de fruta. Es porque canalizan ciertas expectativas que el Frente Amplio parece haber renunciado a canalizar. Si el debate en torno a cuestiones estrictamente políticas se ha diluido detrás de la pamplina de la gestión, los técnicos y las cifras, la culpa no es de la Plenaria. Si el Frente Amplio prefirió distraerse en el problema de su presidencia cuando todo el país estaba pendiente de la ley de Presupuesto, del conflicto de la educación y de la anunciada desaceleración económica; si hay voceros de sectores del Frente Amplio haciendo campaña contra la decisión de abandonar las conversaciones por el Tisa; si hay dirigentes de izquierda a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando admiten que casi 500 mil trabajadores ganan menos de 15 mil pesos y que eso, 15 mil pesos, es lo que cuesta alquilar un apartamento modesto de dos dormitorios, realmente, no sé cómo se sorprenden de que la izquierda no frenteamplista sea la que toma las calles. Pero la despolitización voluntaria de la opinión pública que ha llevado adelante el Frente Amplio desde que está en el gobierno (por acción o por omisión) tiene muchas consecuencias, además de ésta, evidente, de dejar en manos de los más radicales a los más jóvenes y a los más jodidos. Una de esas consecuencias es la naturalización de la represión como respuesta para todo. La evidente militarización de la Policía (ya se anuncia que hasta la Caminera será parte de la Guardia Republicana) obedece a una tendencia global que avanza a medida que se vuelve más importante controlar localmente a las poblaciones que responder a situaciones de guerra con países vecinos. Mecanismos para interceptar las comunicaciones, cámaras de vigilancia, policías militarizadas, vehículos de guerra para uso en las ciudades y, sobre todo, una política orientada a hacer que la población misma reclame cada vez más presencia de las fuerzas de seguridad. Los que se asustan cuando ven a Irma Leites agitando en la puerta de un local ocupado deberían prestar atención a la construcción de una retórica del miedo como mecanismo de control social. Deberían fijarse en cómo las palabras que fueron de la izquierda pasaron rápidamente a integrarse a los discursos más reaccionarios y de la manera más aberrante (reclamos de represión en nombre de los derechos humanos, movilizaciones para pedir seguridad en nombre de los trabajadores asesinados, invocaciones a la libertad de enseñanza para reclamar subvenciones para la enseñanza religiosa). Deberían preguntarse por qué se han mezclado tanto las palabras y las cosas, y por qué, en la puerta del Codicen, sólo estaban los que, según parece, buscaban lío. *El audio se puede escuchar en https://soundcloud.com/mat-as-dak/lo-que-paso-en-el-codicen?fb_action_ids=472666176250773&fb_action_types=soundcloud%3Apublish Fuente: Caras y Caretas