FRIPUR: CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

El sindicato de la pesca denunció en el Parlamento que los dueños de Fripur utilizaron los créditos bancarios del Estado para invertir en negocios familiares colaterales. La quiebra del gigante pesquero es para los trabajadores la “crónica de una muerte anunciada” debido a la falta de inversión en la planta y en los barcos, a la caída de las exportaciones y a las múltiples deudas. “Fábrica fundida, empresarios enriquecidos”, repiten con impotencia, como si recitaran un mandato bíblico, sindicalistas y políticos de varias tiendas partidarias. Después de cuatro décadas se paralizó la actividad en el Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur), la planta industrial más grande del país en el rubro y líder en exportaciones hasta hace poco tiempo. Con la paralización, Fripur dejó un reguero de deudas con el Estado, los trabajadores y con varios acreedores privados, y un pasivo estimado en 70 millones de dólares. Lejos de la bancarrota personal, los fundadores en 1976 del frigorífico ahora quebrado, los hermanos Alberto y Máximo Fernández, lograron reciclarse diversificando sus inversiones en negocios agropecuarios, forestales, inmobiliarios, eólicos, entre otras empresas familiares que actualmente dirigen sus hijos (véase recuadro). Pese a la riqueza que multiplicó la familia Fernández, casi 960 trabajadores –muchas jefas de hogar que, como jornaleras, solían cobrar menos de 15 mil pesos mensuales– esperan desde hace dos años que los empresarios les paguen las licencias y los salarios vacacionales adeudados. Basta charlar con ellas unos minutos para compartir la indignación y la frustración que sienten. Fripur no sólo se hizo célebre por vender pescado empanado en cajitas con destino a Europa, sino por la persecución sindical y el maltrato sistemático a sus trabajadores, como lo probaron múltiples inspecciones y multas aplicadas por el Ministerio de Trabajo (Mtss). En 2012, por ejemplo, se sancionó a Fripur con una histórica multa de 80 mil dólares por persecución sindical, la más alta que haya puesto hasta entonces esa cartera. Con el respaldo del Pit-Cnt, los trabajadores ocupan desde el martes la fábrica, por tiempo indeterminado. Lo harán hasta que se garantice por escrito en el Mtss que cobrarán los créditos laborales adeudados (unos 2 millones de dólares, según supo Brecha) y que el seguro de paro se extenderá por 120 días e incluirá a los empleados que no llegan a los jornales necesarios para cobrarlo. También buscarán negociar que, si la empresa es vendida en bloque, se mantengan los puestos laborales o, si no fuera posible para todos, que se cree una bolsa de trabajo para ubicarlos en otras empresas del rubro, confirmó a Brecha el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Sutma) José Franco. Sin embargo, según contaron en privado a Brecha jerarcas del gabinete de Tabaré Vázquez, en filas del Poder Ejecutivo ven difícil que todos los trabajadores pueden ser reincorporados en el sector pesquero, y evalúan ofrecer la reconversión laboral a través de cursos en el Inefop. Por otro lado, los trabajadores descartaron apostar a un proyecto coo-perativo autogestionario en el frigorífico, como sugirieron los empresarios, por el tamaño de la empresa y el capital que necesitarían para ponerla en funcionamiento nuevamente. El Sutma pretende que una parte de los ingresos que se generen por la venta de la mercadería prendada en favor del Banco de Previsión Social (Bps) –por las deudas de aportes patronales que tiene Fripur– se destine a pagar los créditos laborales de los trabajadores, pues temen que no haya dinero suficiente. Los activos de la empresa incluyen la planta industrial, 16 barcos, la flota de camiones y una planta de harina de pescado en el Cerro, y no llegarían a cubrir ni la mitad del pasivo de 70 millones de dólares de Fripur. Según datos del Banco Central, el frigorífico le debe casi 40 millones de dólares al Banco República (Brou) y 5 millones al Banco Santander, las dos entidades que tienen hipotecas y prendas sobre los bienes del frigorífico y que cobrarían primero en la liquidación. Además le debe medio millón de dólares a Ute, empresa con la que el interventor tuvo que negociar para que no cortaran el suministro de energía eléctrica –previsto para ayer, 20 de agosto–, porque se perderían los productos congelados, prendados en favor del Estado. Al Sutma le parece “paradójico” que mientras Fripur mantiene una deuda con Ute, Máximo Fernández, titular también del parque eólico Kentilux SA, le venda energía eléctrica al ente, gracias a los diez molinos eólicos que instaló en la estancia familiar La Magdalena, en San José (una inversión que por otra parte financió el Brou en un 70 por ciento). DESVÍO DE FONDOS. El sindicato no desconoce las dificultades que ha tenido Fripur en los últimos años para colocar los productos en sus tradicionales mercados de África, la Unión Europea y Brasil, ni la desigual competencia asiática que se vale de mano obra prácticamente esclava en la pesca. Pero insiste en que la quiebra no sólo está asociada a la pérdida de mercados, sino a “graves problemas de gestión”. En concreto, denuncian que los Fernández desviaron hacia otros negocios familiares parte de los préstamos que recibieron del Banco República para reinvertir en la planta y en la flota de barcos. “La pérdida de mercados aceleró el proceso, pero en el fondo el problema es que la empresa utilizó el dinero prestado para otros fines. Desde la dictadura hasta ahora, todos los gobiernos le han refinanciado las deudas y le han prestado muchísimo dinero. Pero Fripur no reinvirtió toda esa plata en el sector, sino en otros negocios, dejando caer esta empresa”, afirmó a Brecha Franco, para quien el derrotero de la pesquera es la crónica de una muerte anunciada. A modo de ejemplo, el sindicato señala que de los 16 barcos que la empresa tiene en Uruguay, sólo cuatro están en funcionamiento, por la falta de mantenimiento de las cámaras refrigeradoras. Durante algunos años los empresarios procesaron en la planta de La Aguada parte de la producción agrícola (brócoli, espinaca, espárrago) de los establecimientos que tienen en San José, mientras que solían llevar hasta allí a trabajadores del frigorífico pesquero (electricistas y albañiles) para tareas de mantenimiento, cuenta a Brecha José Umpiérrez, maquinista y dirigente del comité de base del Sutma en Fripur. La última inversión importante que recuerdan los trabajadores en la planta se realizó en 2009, cuando se utilizó parte de los préstamos bancarios para acondicionar las cámaras de frío con tecnología de última generación. Hasta entonces, para almacenar la mercadería Fripur solía alquilar los contenedores refrigerados de la empresa Fimaral, firma que actualmente está a nombre de Javier Fernández, hijo de Alberto. El sindicato denunció este miércoles, en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, lo que entienden fue una “maniobra” para desviar hacia otros emprendimientos parte de los créditos otorgados por el Estado. Y, en los hechos, en épocas de cautela y prudencia, volvió a poner la lupa sobre los controles, las garantías y los recaudos que toma el Estado frente a los privados. No sólo los legisladores de la oposición consideraron “graves” estas denuncias y anunciaron que citarán a las autoridades del Banco República, también la preocupación se extendió entre varios legisladores oficialistas consultados por Brecha. Por ejemplo, el diputado frenteamplista Luis Puig (Pvp), que estuvo en la sesión de la comisión, explicó a este semanario que “es necesario investigar si la empresa desvió fondos hacia otros negocios de la familia con los préstamos recibidos, así como qué tipo de garantías se otorgaron por los créditos y si son ejecutables. Esa información se la pediremos al Brou”. Desde el gobierno, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, así como la ministra de Industria, Carolina Cosse, aseguraron a la prensa que el endeudamiento de Fripur se arrastra desde hace varias décadas. En la misma línea opinó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuando en Canal 12 lanzó que sin la ayuda del Estado la empresa “hubiera cerrado hace varios años”. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles sobre los montos y las fechas en que se otorgaron los préstamos al frigorífico pesquero, ni las garantías de los créditos. “Fripur trabajó con créditos otorgados por todos los gobiernos, porque ha sido cliente del banco por más de 25 años”, se limitó a responder a Brecha el ex director herrerista en el Brou durante la administración pasada, Alejandro Irastorza. Consultado por este semanario, el director de la Dinara, Daniel Gilardoni, enmarcó la crisis de Fripur en la pérdida de competitividad que ha tenido el sector pesquero en los últimos años, y recordó que las empresas pesqueras demandan una reducción de los aportes patronales, incrementados desde que en 2009 se aprobó la jubilación bonificada para los pescadores. El sindicato, sin embargo, señala la prescindencia que ha tenido el Estado al no haber apuntalado una política de pesca con objetivos claros y con diálogo entre todas las partes. LA LIQUIDACIÓN. La crisis financiera de Fripur se arrastraría desde hace varios años. Desde 2010, según el sindicato, la gestión de la fábrica quedó en manos de Adriana y Laura Fernández, dos de las hijas de Máximo. Durante 2013 el gobierno de José Mujica intentó sin éxito que la planta fuera comprada por empresarios chinos. Poco después, cuando la empresa se presentó a concurso de acreedores, en julio de 2014, la justicia designó como interventor al estudio Rueda, Abadie y Pereira. La semana pasada, finalmente, los Fernández informaron al Poder Ejecutivo que no podrían mantener la planta en funcionamiento por falta de liquidez. Los empresarios serán desplazados y el estudio actuará como síndico administrando temporalmente la planta y buscando la venta en bloque de la empresa. La etapa que se iniciará ahora con la liquidación de la firma es clave no sólo para encontrar un comprador que reactive la producción y mantenga los puestos de trabajo, sino para determinar la conducta de la empresa durante el concordato. “Ahora viene la calificación del concurso, que puede ser fortuito o culpable, es decir, se juzgará la conducta del deudor (Fripur). Los acreedores pueden denunciar o no que hubo dolo o culpa grave del deudor en la producción o la agravación de la insolvencia. Con esos datos el síndico realiza un informe y la jueza decide. Sólo si el concurso es juzgado como culpable se podría ir contra el patrimonio personal (de los empresarios) o, incluso, contra los bienes de otras personas vinculadas al negocio. Pero eso dependerá de la calificación de la justicia”, explicó a Brecha el abogado Francisco Cobas, que oficiará de síndico. De modo que cuando la jueza dictamine la liquidación de Fripur comenzará a correr un plazo de 90 días (hasta fines de noviembre) para vender la empresa en bloque, de lo contrario, si no hubiera comprador, se rematará por partes. Cobas prefirió no adelantar una opinión sobre presuntas maniobras de la empresa para desviar fondos hacia otros negocios. Pero sí confirmó a este semanario que el Brou tiene una garantía real por 23 millones de dólares sobre los créditos que proporcionó a Fripur, lo que no llega a cubrir el total de la deuda del banco estatal (superior a los 40 millones). Mientas prepara la licitación para encontrar compradores para la planta, Cobas negocia con los dos acreedores que tienen hipotecas y prendas a su favor (el Brou y el Banco Santander) para que “acompañen el proceso” de liquidación y el eventual comprador “no tenga dudas” de qué sucederá con el embargo genérico que recae sobre la planta industrial de La Aguada, los barcos, los camiones y la mercadería. A favor del Santander están hipotecados dos buques pesqueros, mientras que a favor del Brou está el resto de los bienes. VALOR QUITADO. A pesar de las pésimas condiciones laborales, a Fripur le solían reconocer la capacidad para agregar valor a los productos pesqueros que exportaba, en particular en su línea de empanado de merluza con destino a Europa. Sin embargo, las condiciones sanitarias de algunos embarques o las inspecciones que certificaron irregularidades en el proceso productivo le quitaron valor y mercados a sus productos. La Unión Europea (UE) cerró el ingreso de pescado uruguayo entre noviembre de 2007 y junio de 2008 al detectar irregularidades sanitarias en el proceso productivo de varias plantas uruguayas. En su informe, los inspectores de la UE mencionaron que en Fripur hubo “un pobre manejo de higiene en el procesamiento”, al detectar cadmio (un metal potencialmente cancerígeno) en una partida de calamares, y “alta presencia de enterobacterias y coliformes fecales” (Brecha, 25-II-11). A fines de 2010 la UE volvió a emitir una alerta sanitaria y frenó en Italia el ingreso de un embarque de calamares que otra vez se excedía en los niveles permitidos de cadmio. A la par, durante varios meses de 2010 Rusia cerró las puertas al ingreso de mercadería de Fripur por “contaminación microbiológica”. Sin embargo, tampoco el Estado colaboró demasiado en hacer notar la gravedad de las sanciones. Pese a que los inspectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) habían advertido de las irregularidades antes de que llegara la sanción de la UE, e incluso habían sugerido que se multara a Fripur con la máxima sanción (115 mil dólares), la oficina estatal le aplicó, tres años después, una multa irrisoria de 100 unidades reajustables (2.300 dólares). El abogado Gustavo Salle denunció el caso en el juzgado de crimen organizado, con la idea de probar que la empresa recibía favores del gobierno. Por entonces se supo que la esposa del director de la Dinara durante el primer gobierno frenteamplista, Daniel Montiel (Mpp), había sido contratada, en 2007, por la empresa de taxis aéreos Vuele Ya, propiedad de los Fernández. Pero quizás el hecho más llamativo fue cuando Brecha publicó un extenso informe, en febrero de 2011, en el que daba cuenta de que una inspectora de la Dinara había denunciado ante sus jefes que Fripur había adulterado la fecha de vencimiento de los productos que estuvieron sin exportarse a Europa mientras duró la sanción. La inspectora tomó fotografías y documentó la maniobra, pero los jerarcas resolvieron archivar la denuncia y destinar a la mujer a otras tareas. Aunque este hecho se sumó a la investigación judicial, pocos meses después el fiscal Ricardo Percivalle archivó la causa. Sin embargo, el destino de la firma, sacudida por denuncias y multas varias, tomó la ruta de la decadencia y la falta de inversión, tocando esta semana fondo definitivo. Los Fernández y el poder El que esté de turno Los vínculos de los Fernández con el poder político no se limitan a las administraciones del Frente Amplio, más bien parecen abrazarse al gobernante que esté de turno. A Tabaré Vázquez le prestaron una avioneta para la campaña electoral de 2004, así como a José Mujica y a Danilo Astori para viajar a Brasil en 2009. A Mujica, además, le financiaron la banda presidencial en 2010 (pese a que el Estado luego devolvió el dinero), y luego aportaron 15 mil dólares para el acto de asunción, al igual que lo hicieron otras empresas que por entonces coqueteaban con el progresismo, como Buquebus y Tenfield. Pero los Fernández también tuvieron una relación cercana con los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, con quienes solían compartir asados en Punta del Este. En tiempos electorales, Máximo y Alberto Fernández aportaron dinero a varios partidos políticos. Por ejemplo, en la elección de octubre de 2014 donaron fondos en nombre de Fripur al Partido Colorado y al Frente Amplio, como lo muestra la aplicación creada por el portal Sudestada. Y en la última elección interna de junio de 2014 Alberto Fernández invitó a varios empresarios a colaborar con la campaña del nacionalista Jorge Larrañaga, según publicó ayer El País. Pero también hicieron buenas migas con los militares. Desde su fundación en 1976, Fripur abastecía con sus productos a los centros de detención, según los relatos de varios ex presos políticos. Al disponer de una flota pesquera, que requiere permisos y controles de la Prefectura, varios mandos medios de la planta industrial de la Aguada han sido retirados militares, como los gerentes de mantenimiento. Los negocios familiares El reciclaje Los septuagenarios Alberto y Máximo Fernández, fundadores de Fripur, han sido secundados por sus hijos en las múltiples empresas vinculadas a bienes de exportación (pescados, pollos, soja, trigo, ganadería) y de servicios locales (empresas de bolsas de plástico, harina, contenedores), además de inversiones inmobiliarias y en parques eólicos. Por ejemplo, Javier Fernández, hijo de Alberto, es el titular de la empresa Frimaral, proveedora de contenedores para organismos como el Inau y la Anep. Está casado con Natalie Manhard –cuya familia es propietaria del grupo Parisien (Chic Parisien, Indian Outlet, La Casa de la Telas, entre otras) y principal accionista en Punta Carretas Shopping–, y fue en la mansión que esta joven pareja tiene en Carrasco donde Cotidiano Mujer denunció –y Brecha investigó– el trabajo esclavo al que eran sometidas varias empleadas domésticas bolivianas. Ricardo Fernández, otro miembro del clan familiar, es el director de la empresa Kentilux SA, dueña de más de diez molinos eólicos en la estancia La Magdalena, en San José. En el establecimiento familiar de los Fernández, de unas 1.000 hectáreas, se engorda ganado en feedlots y se cultiva soja y trigo, entre otras actividades agropecuarias. La familia tiene otra estancia, La Floresta, sobre la ruta 45, que ha ido creciendo con la compra de campos linderos, por lo cual las tierras de los Fernández se extienden desde el Río de la Plata hasta el río San José. Además, Alberto Fernández fue director de Grinfin SA, una pesquera que operaba en Argentina desde 1992 y que el año pasado fue denunciada por un legislador de la provincia de Río Negro por adeudar tres meses de sueldo a sus empleados, según publicó ayer El País. M. Rey Semanario Brecha La familia de Máximo Fernández, uno de los propietarios de Fripur, está analizando acciones legales contra los que denunciaron que la empresa desvió fondos y que eso precipitó su cierre. Allegados a Máximo Fernández dijeron a El País que "no hubo desvío alguno de fondos. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, dijo a 810 Vivo que es necesario aclarar las circunstancias y la ejecución de estos préstamos porque hay situaciones que parecen ser ilegales. Abdala reconoció, a la vez, que la de Fripur es una situación que involucra a varias administraciones Según se informó en la Comisión de Legislación del Trabajo, el Banco República (BROU) es el primero en la lista de prelación para cobrar, luego los acreedores que ingresan a partir del último 1 de agosto de 2014 y luego, recién, los trabajadores. Este jueves se reunieron los trabajadores en el Ministerio de Trabajo donde las autoridades confirmaron que los 960 trabajadores podrán acceder al seguro de paro, incluso aquellos que no tienen la antigüedad. Umpiérrez dijo que se está tramitando además un complemento del Ministerio de Desarrollo Social dado los bajos salarios que percibían los trabajadores. Por otra parte, los operarios decidieron cambiar la figura de la ocupación de la planta por la de "custodia". Según explicó el dirigente, los trabajadores están en el lugar protegiendo el equipamiento y la materia prima para que el síndico pueda liquidar la empresa.