Algo que los montevideanos pueden observar diariamente es como muchos incorrectos conductores cruzan en sitios controlados con semáforos con luz roja o transitan a velocidades mayores a las permitidas. La Intendencia de Montevideo busca que en los próximos años se pueda monitorear el 70 % de los semáforos de la capital a través del Centro de Gestión de Movilidad que está previsto inaugurarse a principios de 2016. Los puntos controlados contarán con cámaras que podrán registrar a aquellos vehículos que crucen con luz roja o que circulen con una velocidad superior a la permitida en cada tramo.
En entrevista con el diario El Observador, la futura directora de Movilidad, la Ingeniera Beatriz Tabacco, señaló que para el final de la administración espera tener bajo control al 70 % de los más de 600 semáforos que hay en todo Montevideo. La comuna no tiene como objetivo alcanzar a controlar el 100 % dado que hay semáforos que se encuentran muy alejados de los centros urbanos y no cortan la agilidad del tránsito. Los primeros 150 semáforos estarán controlados a principios del próximo año.
El objetivo del Centro de Gestión de Movilidad será justamente ese: que los vehículos no se tranquen por la desincronización que tienen actualmente las luces. Desde allí se podrá cambiar el ritmo de los semáforos dependiendo de las horas y de la densidad de autos en las calles.
Además, esos semáforos tendrán instaladas cámaras, similares a los radares fotográficos pero con una tecnología más compleja que permite registrar cuando el vehículo comenzó su cruce con luz roja, explicó Tabacco, quien asumirá en lugar de el actual director Néstor Campal.
Los vehículos quedarán registrados -no así los conductores- y se les enviará la multa correspondiente en caso de infringir.
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La Intendencia de Montevideo ya abrió la licitación aunque todavía no está designada la empresa que llevará a cabo las obras. Se preveía que la inversión fuera de US$ 14 millones.
En principio el gobierno de Ana Olivera quería incluirlo en el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la Junta Departamental no lo aprobó, por lo que se decidió que se llevaría a cabo de todos modos con el dinero de la comuna.
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