Las últimas declaraciones del presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Ingeniero Hernán Darío Orduna, quien la semana pasada afirmó a radio Máxima de Gualeguaychú que el gobierno uruguayo “impide” avanzar en los controles ambientales sobre la pastera UPM (ex Botnia), molestaron por la falta de ajuste a la verdad primaria, a los representantes uruguayos del organismo binacional y reavivaron una de las polémicas que marcó la primera administración de Tabaré Vázquez (2005-2010).
El presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silberman, dijo al diario El Observador que “Argentina hace lo imposible y miente para demostrar que UPM contamina, y Uruguay sabe perfectamente que no contamina”.
La reacción del delegado del gobierno de Vázquez surgió tras conocer las afirmaciones de su par argentino a una radio de Gualeguaychú el 5 de mayo, acerca de que “Botnia continuamente está contaminando porque sus efluentes son arrojados a una temperatura superior a la permitida”.
“Hay aspectos que no se han podido ejecutar de los planes de monitoreo que ambos países acordaron el 10 de noviembre de 2010 porque Uruguay se opone a la colocación de una sonda perfiladora a 100 metros aguas abajo del emisario y obstruye el monitoreo, tanto en peces como en emisiones gaseosas”, agregó.
La respuesta
Consultado por El Observador, Silberman afirmó que el ingeniero argentino presentó “una cuota aparte muy mentirosa de la realidad. No es que Uruguay no permita. Uruguay dice que lo primero que hay que hacer es dar a publicidad las conclusiones del monitoreo. O sea, lo que dice Orduna es una segunda parte, y eso es cierto. Nosotros decimos que no vamos a seguir gastando más de US$ 6,5 millones en algo que no tiene conclusiones. Saquemos primero las conclusiones para comprobar si UPM contamina o no contamina”, explicó.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El Observador que el canciller Rodolfo Nin Novoa tiene interés en publicar los resultados, pero los estudios son confidenciales hasta que no haya un acuerdo binacional.
Según fue acordado, un comité científico integrado por técnicos de los dos países ingresan desde 2010 a la planta una vez por mes y toman muestras. Los análisis son enviados al exterior pero se mantienen bajo reserva porque los gobiernos no acuerdan los términos. Mientras Uruguay afirma que la planta no contamina, Argentina asegura que sí lo hace.
En ese contexto, el gobierno uruguayo insiste en no avanzar sobre estudios más profundos hasta que no haya una conclusión conjunta de las 47 muestras tomadas hasta ahora.
El último choque diplomático ocurrió en 2013 cuando UPM solicitó al gobierno uruguayo ampliar su producción de 1,1 a 1,3 toneladas anuales. En esa ocasión Argentina presentó informes propios respecto de que la pastera contaminaba e incluso amenazó con llevar el conflicto otra vez a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras, el gobierno del expresidente José Mujica (2010-2015) presentó informes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que según el gobierno fueron realizados con parámetros internacionales, en los que afirma que no contamina.
“El problema que existe desde el primer momento es que la delegación argentina quiere sacar las conclusiones de los resultados que vienen (pero) no de acuerdo al capítulo que corresponde del digesto (del río Uruguay), que habla sobre los efluentes, sino que con base en el capítulo cuatro que no hace referencia a los efluentes sino a la calidad de aguas del río (...) Para hacer una comparación: si uno saca agua potable de la canilla y hace un análisis no le va a dar lo mismo que el de agua de saneamiento que corre por las cañerías”, dijo Silberman.
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