La medida implica la adhesión palestina al derecho internacional y abre la puerta a que los responsables israelíes que ordenaron bombardeos e intervenciones militares sobre los territorios en disputa sean juzgados por crímenes de guerra o delitos ligados a la ocupación. Pero también abre la puerta a que quienes cometan actos de guerra desde los territorios palestinos, también puedan ser juzgados.
Palestina adhirió a la Corte Penal Internacional (CPI) después de la entrada en vigor de su adhesión al Estatuto de Roma, y el acto formal de ingreso fue durante un acto celebrado a puerta cerrada en la sede del tribunal en La Haya, donde el canciller palestino, Riad al Malki, recibió de la vicepresidenta segunda de la Corte y jueza, Kuniko Ozaki, una copia simbólica del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del alto tribunal.
"La adhesión a un tratado es, por supuesto, sólo el primer paso. La entrada en vigor supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto", dijo Ozaki. La jueza japonesa agregó que "estos son compromisos de fondo que no se pueden tomar a la ligera".
El ministro de Exteriores palestino señaló que "desde hoy, en que Palestina se convierte formalmente en un Estado Parte en el Estatuto de Roma, el mundo está cerca de poner fin a una larga era de la impunidad y la injusticia".
El presidente palestino, Mahmud Abbas, ratificó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2014 y la adhesión al tribunal entró en vigor este 1 de abril. Su jurisdicción se remonta al 13 de junio de 2014, con lo que el tribunal podrá investigar los crímenes cometidos durante la última guerra de Gaza. Los palestinos habían anunciado que solicitarían a la corte que ponga en marcha procesos penales contra Israel.
El líder de la organización islamista Hamas en la Franja de Gaza, Ismail Radwan, llamó a la CPI a "levantar acusación inmediatamente contra los dirigentes de la ocupación israelí por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino".
Por su parte, la fiscal jefa Fatou Bensouda ya había iniciado en enero investigaciones preliminares sobre la violencia en la Franja de Gaza. Sin embargo, se está averiguando por el momento si el tribunal es competente en este caso.
En Ramalá, sede del gobierno palestino, el negociador jefe de los palestinos, Saeb Erekat, habló de un "día histórico en la lucha por la justicia, la libertad y la paz para nuestro pueblo y todos los que buscan justicia en el mundo". Erekat informó que los palestinos están preparando documentos que demuestren los crímenes de guerra cometidos por Israel con la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania a partir de junio de 2014 y durante su última ofensiva militar en la Franja de Gaza, en julio y agosto del año pasado.
Pese a la fuerte oposición de Israel, la Autoridad Palestina se convirtió el 1º de abril pasado en el miembro 123 de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya, lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.
"Palestina busca justicia, no venganza", aseguró el ministro a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no debería tener miedo. Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI", dijo Al Malki.
Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de "manipular" al tribunal.
Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.
A finales de 2014, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera rechazado un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación israelí en tres años, decidieron adherirse a la CPI, que tiene por finalidad juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Pedido de investigación. Al mismo tiempo que solicitó la adhesión al tribunal de la Haya, el presidente palestino Mahmud Abas envió un documento para autorizar a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a investigar los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos en verano de 2014.
La ofensiva de Israel contra la franja de Gaza en julio y agosto de 2014 para detener el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas sobre su territorio dejó cerca de 2.200 muertos del lado palestino y 73 del lado israelí.
A mediados de febrero, Bensouda decidió examinar el caso, pero de momento no se ha abierto ninguna investigación formal contra dirigentes israelíes.
Toda investigación sobre crímenes de guerra cometidos supuestamente por Israel en Gaza deberá incluir el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas en zonas civiles de Israel.
Aunque Israel no sea miembro de la CPI, el tribunal podría encausar a israelíes por crímenes cometidos en suelo palestino.
Pero la CPI previsiblemente tropiece con la dificultad de detener a responsables israelíes ya que no dispone de una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados miembros.
En teoría, los palestinos podrían llevar ante el tribunal una cuestión específica como la construcción de colonias judías en la Cisjordania ocupada, pero Al Malki ha dicho que su gobierno esperará los resultados de la investigación preliminar de la fiscal.
"No estamos en un momento de amenazas. Queremos esperar y dar al tribunal el tiempo suficiente para completar el examen preliminar", señaló.
La CPI es considerada una de las últimas armas de los palestinos frente a Israel.
La ONG Human Rights Watch celebró la adhesión de Palestina a la CPI y aseguró que Israel y Estados Unidos deberían dejar de presionar a los palestinos.
Palestina obtuvo en 2012 el estatuto de observador en Naciones Unidas y 135 países han reconocido al Estado palestino, según la ANP.
Creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002.
La competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Con la incorporación de Palestina ya son 123 los países que adhirieron al Estatuto de Roma. Estados Unidos e Israel se encuentran entre las naciones que no reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional.
Enfático rechazo de Israel
Israel denunció ayer la adhesión de la Palestina a la Corte penal Internacional al calificar la decisión de "política, cínica e hipócrita", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
"El gobierno de la Autoridad Palestina, que está asociado con el movimiento terrorista asesino Hamas, que comete crímenes de guerra, es el último que podría amenazar con una demanda judicial ante el tribunal internacional de La Haya", precisó la cancillería.
"Las acciones unilaterales palestinas, con esta decisión en la CPI, son violaciones de los principios establecidos entre las dos partes, con el apoyo de la comunidad internacional, para resolver el conflicto israelí palestino", finalizó la nota oficial, citada por la cadena de noticias BBC.
Con las negociaciones de paz se encuentran estancadas, la adhesión de Palestina a la CPI implica la posibilidad de que funcionarios israelíes sean juzgados por crímenes relativos a la ocupación ilegal de los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén este.
No obstante, la jurisdicción de la CPI no es retroactiva, y sólo se podrán presentar acusaciones surgidas a partir del día en que el país acepta la jurisdicción del alto tribunal internacional.
Durante las recientes elecciones israelíes, el primer ministro afirmó que, de ser reelegido en marzo, enterraría la idea de un Estado palestino, aunque una vez elegido, rebajó el tono y aceptó desbloquear los fondos.
En respuesta, Israel ha apostado por apoyar a las víctimas de atentados. Así, 26 estadounidenses decidieron anteayer solicitar a la justicia estadounidense que juzgue a altos cargos de Hamas por crímenes de guerra cometidos según ellos en el conflicto del verano de 2014.
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