“La condena por asesinato premeditado se basó en confesiones hechas bajo amenaza, posiblemente equivalente a tortura”, alertó el relator especial para los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, el pasado abril. Shaheed denunció que Jabbari no había tenido un juicio justo y pidió a las autoridades que suspendieran su ejecución, inicialmente prevista para el 15 de ese mes.
Jabbari tenía 19 años cuando fue detenida en julio de 2007 por el asesinato de Morteza Abdolali Sarbandi, cirujano y antiguo empleado del Ministerio de los servicios secretos. No está claro qué sucedió para que la joven decoradora de interiores clavara un cuchillo a Sarbandi. Ella siempre defendió que había actuado en defensa propia cuando el hombre intentó violarla.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura que, según “fuentes fiables”, Sarbandi contrató a Jabbari para rediseñar su oficina, pero en lugar de dirigirse allí, la llevó a una casa donde la asaltó física y sexualmente. De acuerdo con esa reconstrucción de los hechos, “al parecer Jabbari apuñaló a Sarbandi en el hombro en defensa propia, huyó y llamó a una ambulancia preocupada por el estado de su presunto agresor”.
Desde entonces, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos se han movilizado para intentar evitar la muerte de Jabbari. Cerca de 250.000 personas firmaron una petición online y los activistas se movilizaron en defensa de su causa a través de Facebook y Twitter. Dentro de Irán, donde la madre de la joven, Shole Pakravan, es una actriz conocida, artistas y destacados miembros de la sociedad civil lanzaron llamamientos a la clemencia.
No sirvió de nada. Sin avisar ni a su abogada ni a sus padres, la joven fue ejecutada a las tres de la madrugada de este sábado en la prisión de Rajaei-Shahr, al oeste de Teherán, según la agencia estatal de noticias iraní, Irna. El comunicado oficial aseguraba que Jabbari no probó ante el tribunal su alegación de haber actuado en defensa propia. Con este son 207 los ajusticiamientos reconocidos en lo que va de año, aunque el Centro de Documentación de los Derechos Humanos en Irán eleva esa cifra a 585.
La justicia iraní, a la que las organizaciones de derechos acusan de falta de garantías procesales y de estar sesgada contra las mujeres, se limitó a conceder varios aplazamientos para ver si la familia de la víctima concedía el perdón. Esa es una prerrogativa que concede la ley islámica (sharía) vigente en Irán en los casos de asesinato. Sin embargo, Jalal, el hijo mayor de Sarbandi se negó reiteradamente e insistió en la aplicación de la ley del Talión. Tal como permite la sharía, él mismo abrió la trampilla que activó el cadalso, según Efe.
La ejecución de Jabbari vuelve a poner el foco en la grave situación de derechos humanos en Irán, donde a pesar de las expectativas tras la llegada de Hasan Rohaní al Gobierno el año pasado, apenas se han producido mejoras. El último informe de la ONU sobre Irán señala un aumento en la aplicación de la pena de muerte, incluso para presos políticos y delincuentes menores de edad; las detenciones arbitrarias y el procesamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de los derechos de la mujer; la discriminación y persecución de minorías, y falta de los avances prometidos en igualdad de género, libertad de prensa y restricciones al uso de internet.
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