De las 10.821 viviendas de interés social ingresadas a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), solo 464 están terminadas y comenzaron a ser entregadas a sus compradores, según datos al mes de julio 2014 de la ANV. El precio del metro cuadrado tiene un costo promedio de 14.428 UI ($ 40.398) en Montevideo y de 12.941 UI ($ 36.234) en el interior del país. Para la Clase Media uruguaya el camino es cada vez más complicado para poder comprar y los disparatados alquileres la ahorcan
El gobierno reconoce que los precios están altos, aunque espera ver los efectos del tope que en abril fijó al precio de venta de las unidades mediante la eliminación de la posibilidad de cobrar gastos de ocupación.
El ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, reconoció esta semana en el Parlamento que hay "preocupación" porque "no se está llegando a la población que pretendíamos contemplar con la ley".
Del otro lado del mostrador, el presidente de Campiglia Construcciones, Eduardo Campiglia, dijo a El País que si los proyectos que está construyendo bajo la ley de vivienda social los hiciera sin esa ley valdrían un 15% más.
Un apartamento de dos dormitorios en Millán y Vilardebó, con garaje y gastos de ocupación incluidos, se vende a 158.000 dólares. De acuerdo a lo dicho por Campiglia, sin los beneficios de la ley costaría 23.700 dólares más.
"El tema es llegar a más gente y eso se logra con menos valor, el asunto es que tenemos márgenes muy acotados", aseguró el ingeniero.
En el sector inmobiliario son críticos de la ley porque advierten que quienes se están beneficiando son los constructores. "Si no fuera así tendríamos que ver una rebaja mucho mayor en los precios que le quedan a quien va a comprar", dijo una de las fuentes del sector.
Para el asesor inmobiliario Julio Villamide, "los precios actuales son altos y siguen subiendo". "Si uno mira los topes de precio de la propia Agencia Nacional de Vivienda ve que en el último año han subido", dijo.
Manos a la obra.
Desarrolladores consultados por El País advierten que los costos son altos porque la mano de obra ha aumentado mucho. "Los costos están muy apretados", reconoció Sebastián Sommer, de la desarrolladora de viviendas CasasUru, que tiene proyectos de interés social en el interior.
Sommer afirmó que para obtener una rentabilidad mayor trabajan con tecnología y en obras de gran escala.
Campiglia, en tanto, dice que a pesar de que incorporaron nuevas tecnologías no han logrado mejorar la productividad. "Yo no creo que el camino para bajar precios pase por reducir la mano de obra porque nosotros necesitamos gente calificada, pero precisamos aumentar la productividad, ser más eficientes", opinó.
De la mano de los precios está también la calidad de las construcciones. Bajar los costos resignando la calidad es una tentación que sufren los desarrolladores para que sus arcas registren mejores números. Sin embargo, dicen que no es una opción. "Políticamente no bajamos la calidad porque estamos construyendo viviendas que forman la ciudad. Nosotros trabajamos las viviendas de interés social como cualquier edificio de Pocitos, la única diferencia es que no tienen placar en el dormitorio", afirmó Campiglia.
En el sector inmobiliario, en cambio, son críticos con la calidad de las construcciones. Raúl Calandria, presidente de la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (Adapi) reconoció a El País que en algunos casos ocurre que para aprovechar los beneficios de la ley "se hacen cosas de menor calidad en terrenos que podrían tener otro valor".
¿Quiénes las compran?
Los inversores son quienes más están aprovechando las viviendas de interés social, según coincidieron Calandria, Villamide y Campiglia. "La gente común no accede con facilidad, las obras terminan en manos de inversionistas que compran para aprovechar y las ponen en alquiler", señaló el presidente de Adapi. Muchos compradores de viviendas de interés social, además, son del exterior, especialmente de Argentina.
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