El 8 de mayo, Chinchilla pasará el mando al historiador Luis Guillermo Solís (centro) sin haber logrado convencer a los costarricenses de las bondades de su administración, marcada por graves problemas fiscales y una impresionante ristra de escándalos de corrupción.
El último sondeo que midió la opinión sobre el gobierno de Chinchilla, realizado en diciembre pasado por la empresa Unimer para el diario La Nación, le da una aprobación de solo el 11%, frente a un 61% que la considera “mala” o “muy mala”.
“Chinchilla deja un déficit fiscal del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual es por mucho la peor herencia al próximo gobierno, que verá limitado su accionar desde todo punto de vista”, dijo a AFP Víctor Ramírez, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El politólogo destacó la baja en la criminalidad -11,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010 a 8,5 en 2013 según la ONU- y programas de atención de niños y ancianos, pero señaló que “eso no es suficiente para pasar a la historia”.
Alberto Salom, también politólogo y una persona cercana a Solís, considera que el gobierno de Chinchilla fue “contradictorio, carente de metas ambiciosas e incapaz de enfrentar y castigar la corrupción”.
“Empezó diciendo que no era necesaria una reforma fiscal y a mitad del camino cambió de opinión e impulsó un proyecto, pero ya no le funcionó”, comentó Salom, quien destacó la “incapacidad” de Chinchilla de establecer acuerdos aún con el Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata que giró a la derecha), que la llevó al poder.
Chivos expiatorios
El ministro de Comunicación de Chinchilla, el periodista Carlos Roverssi, reconoce que el gobierno sufrió un severo desgaste, pero lo atribuye a un “cerco informativo” y hasta a un cierto machismo.
“Frente a un cerco informativo, la única forma era haber hecho una campaña propia, pero el gobierno (…) consideró que eso no era importante”, señaló el funcionario a la prensa local.
Ramírez rechazó este enfoque y aseguró que el gobierno “no quiere asumir sus culpas y entonces busca un chivo expiatorio en la prensa”.
“Las culpas” del gobierno de Chinchilla se acumularon día tras día, ininterrumpidamente, durante sus cuatro años de gestión.
Uno de los escándalos más notables fue la defraudación de unos 40 millones de dólares de fondos destinados a la construcción de una carretera paralela a la frontera con Nicaragua, que produjo la paralización del proyecto en marzo de 2012 y la caída del entonces ministro de Transportes.
Un mes después, la mandataria salió en defensa de su ministro de Hacienda, Fernando Herrero, de quien la prensa reveló que había incumplido obligaciones con el fisco, aunque el escándalo también forzó su renuncia.
En marzo de 2013, Chinchilla se vio envuelta en uno de los capítulos más penosos de su administración, al hacerse público que usó el avión de un empresario sospechoso de narcotráfico para viajar a Perú y Venezuela.
Sin embargo, uno de los mayores “pecados” del gobierno saliente es que “no pudo resolver los problemas fundamentales de carácter social. Pese a algunos programas que hay que conservar y mejorar, no logró disminuir la pobreza ni la desigualdad social”, afirmó Salom.
La deteriorada imagen del gobierno de Chinchilla fue uno de los factores que el 6 de abril produjeron al PLN el peor descalabro electoral en sus 65 años de historia, cuando su candidato Johnny Araya perdió la seguna ronda con 22% de los votos frente al 78% de Solís, del Partido Acción Ciudadana
Chinchilla, la primera mujer que llega a la presidencia en Costa Rica, inició su mandato el 8 de mayo de 2010 tras haber sido electa con casi 50 % de votos representando al Partido Liberación Nacional, que de la socialdemocracia original viró hacia las políticas liberales.
Desde sus primeros días de gobierno, la presidenta –una tecnócrata con un máster en seguridad en la washingtoniana universidad de Georgetown– se lanzó a batallas mas o menos impopulares.
La primera fue su plan para subas generalizadas de impuestos para paliar un déficit cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto de América Latina.
Crisis persistente
El plan, basado mayoritariamente en impuestos al consumo, tenía como meta recaudar 900 millones de dólares anuales, o su equivalente de 1.000 dólares anuales por familia en un país donde el salario mínimo es de 400 dólares y aún no se recuperan los niveles de empleo previos a la crisis de 2008.
Pese a la oposición de otros partidos, sindicatos y cámaras empresariales, el proyecto pasó con fórceps la primera lectura en el Congreso, pero naufragó en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia por tecnicismos.
A la lucha por subir impuestos, se sumó un largo conflicto por una pequeña isla fluvial con Nicaragua, plagado de frases provocadoras –de ambas partes– que exacerbaron el nacionalismo y crisparon a Costa Rica, donde 1 de cada 7 habitantes es inmigrante nicaragüense o hijo de emigrante nicaragüense.
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