La Intendencia de Montevideo anunció que sus inspectores saldrían a la calle a tratar de identificar vehículos de residentes en Montevideo, pero que están matriculados en otros departamentos. El gobierno departamental habla de 50.000 vehículos que tienen chapa de otros departamentos, lo que le daría, según ellos, pérdidas anuales de $u 600.000.000 (unos 28 millones de dólares) a la administración.
Ante este hecho, el director de Hacienda de Colonia, José Ahunchaín, dijo que la IMM no tiene la potestad para hacer eso, porque la ley que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) establece que solo es exigible el domicilio del contribuyente para “los autos empadronados o rempadronados con posterioridad al 1º de enero de 2012”.
Consultado por el diario El Observador, el abogado constitucionalista Dr. Martín Risso dijo que, en realidad, la tesis de Ahunchaín no es correcta. “La ley no prohíbe a la Intendencia de Montevideo fiscalizar dónde están empadronados los vehículos y procurar que empadronen en Montevideo los que crea que deben hacerlo”, sostuvo y agregó que “puede hacer lo mismo que hacía antes de la guerra de patentes, como poner multas”.
El director de Recursos Financieros de la IMM, Arturo Echeverría, aclaró que esos 50 mil vehículos no fueron necesariamente empadronados luego del 1º de enero de 2012 y que la ley lo permite. Agregó que lo que la ley dejó sin efecto es el cobro de multas aplicadas con anterioridad a esa fecha.
“Nosotros teníamos detectados, al momento de salir la ley, autos que eran de Montevideo pero estaban empadronados en otro lugar. Lo que la ley habilitó es que las multas que se habían colocado en ese momento se borraran”, explicó.
Además, afirmó que hoy en día, un vehículo está empadronado en Montevideo porque “vive en Montevideo, porque trabaja en Montevideo” y la Intendencia tiene “derecho a controlarlo y multarlo” en el caso en que la chapa de su auto sea de otro departamento. “Sin importar si fue empadronado antes de 2012”, volvió a recalcar Echeverría.
Otro jurista, el Dr. Daniel Martins, explicó a El Observador que, aunque el domicilio es el que define dónde debe ser empadronado un auto, existen excepciones: “La jurisdicción donde circulan o donde más tiempo permanezca en el país, en el caso de los extranjeros, o donde radica la base de sus actividades o sus intereses económicos”.
Martins señaló que el Poder Ejecutivo era el encargado, a través de la reglamentación de la ley, de establecer en qué casos una persona, ya sea física o jurídica, estaba incumpliendo con la norma. Sin embargo, hasta el momento la ley no ha sido reglamentada.
Martín Risso fue uno de los abogados que en 2011 concurrió a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para ratificar que la ley creadora del Sucive contiene artículos inconstitucionales.
En diciembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por este y otros catedráticos por considerar que no tenían la legitimación para pedir la inconstitucionalidad.
Risso argumentó que la ley es inconstitucional porque, en primer lugar, la Constitución “dice que la patente es departamental y la ley es nacional”. Otro argumento que dio el jurista fue que “la Constitución dice que la iniciativa para fijar la patente la tiene cada intendente y la ley dice que la tiene el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”.
Por último, “la Constitución dice que la patente la aprueba cada Junta Departamental y la ley dice que la aprueba el Congreso de Intendentes”.
Para Risso las contradicciones entre la ley y la Constitución “son obvias”.
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