El nuevo Código Penal no incluye este delito, cuestionado por legisladores de todos los partidos. Desde 2001 fueron procesados 106 funcionarios por abuso de funciones. Desde hace 3 años el Parlamento analiza y discute la conformación de un nuevo Código Penal, creado por una comisión especial de juristas a instancias del gobierno anterior, del presidente Tabaré Vázquez.
El nuevo Código Penal enviado por esa comisión de juristas al Parlamento no incluye el delito de abuso innominado de funciones, el mismo por el que pueden ser procesados el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia.
Los especialistas en derecho penal informaron al Parlamento que “se ha optado por la eliminación” de este delito (artículo 162 del Código Penal vigente) “porque carece de claridad” y “no concreta los hechos que quiere castigar”.
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados lleva aprobados 197 artículos de los casi 370 que tendrá el nuevo Código Penal.
De acuerdo a un relevamiento realizado este lunes por Subrayado, tanto los legisladores del Frente Amplio como los del Partido Nacional están de acuerdo en eliminar el delito de abuso de funciones en el nuevo Código. Así los manifestó el diputado del MPP, Aníbal Pereyra, presidente de la Comisión de Constitución, y su par nacionalista Gustavo Borsari, vicepresidente de la Comisión asesora.
El diputado del Partido Colorado, Gustavo Cersósimo, miembro también de la Comisión de Constitución, dijo a Subrayado que no han fijado posición aún respecto a la posibilidad de eliminar este delito.
El texto a estudio de los diputados no lo incluye (lo deroga de hecho) y consultado acerca de si el Partido Colorado propondrá su inclusión, tampoco adelantó opinión.
Aún así Cersósimo recordó que su Partido está de acuerdo con el planteo que en 2007 hizo el entonces senador Julio María Sanguinetti (ex presidente de la República 1985-1990 y 1995-2000) para derogar el delito de abuso de funciones.
Sin embargo, el senador Ope Pasquet, dijo ahora que sería inconveniente derogar un delito que está siendo utilizado por la Justicia para sancionar a los funcionarios públicos que cometen actos irregulares amparados en sus cargos.
Por su parte el Partido Independiente tampoco fijó posición, según dijo el diputado Iván Posada, delegado en la Comisión de Constitución. Posada dijo que prácticamente no ha podido concurrir a esa Comisión porque se superpone en días y horarios con la Comisión de Hacienda de la cual es miembro.
En definitiva, frenteamplistas y nacionalistas están decididos a eliminar del nuevo Código Penal el delito de abuso de funciones. Los colorados no adelantan posición pero históricamente han propuesto su derogación.
Desde 2001 hasta el año 2012 la Justicia uruguaya procesó a 106 jerarcas públicos por el delito de “abuso de funciones”. En promedio, esto representa casi nueve procesados por año. De ese total de procesados, marcharon a prisión 56 funcionarios mientras que los 50 restantes lograron evitar la cárcel. 2002 fue el año con mayor cantidad de procesados, con un total de 16 casos, mientras que en 2011 apenas se registró un solo episodio.
SE DEROGA. En febrero del año entrante, el 4 de ese mes, la Comisión de Constitución y Códigos retomará la discusión y aprobación del nuevo Código Penal. Esto está resuelto desde hace varias semanas, coincidieron en señalar los diputados Aníbal Pereyra (Frente Amplio) y Gustavo Borsari (Partido Nacional).
Pereyra dijo que hace más de un año el FA resolvió que la aprobación del nuevo Código era “prioridad” y que debía votarse antes de que termine el actual período de gobierno. Por eso, aseguró, en el correr del 2014 se votará en ambas cámaras, al menos esa es la intención del oficialismo. Y de acuerdo a las mayorías ya pronunciadas, se eliminará el delito de abuso de funciones.
Si la Justicia procesa a Lorenzo y a Calloia por este delito y el Parlamento luego lo elimina, lo deroga, entonces ambos jerarcas quedarán eximidos de toda culpa. Cuando el Parlamento aprueba una ley que puede beneficiar a una persona procesada, esta nueva ley debe aplicarse con retroactividad sobre el procesado.
En este caso, si se elimina el delito que pesa como acusación del fiscal sobre Lorenzo y Calloia, entonces ambos quedarán “limpios” ante la Justicia.
Si bien todos los partidos están de acuerdo en eliminar este delito de abuso de funciones, resta saber cuándo se concretará su derogación a través de la votación del nuevo Código Penal. Allí puede entrar a tallar el juego político de los distintos partidos, para que se concrete antes o después de que exista un pronunciamiento de la Justicia sobre el pedido de procesamiento de Lorenzo y Calloia.
A su vez, la Suprema Corte de Justicia tiene a estudio un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones presentado por los abogados de Lorenzo y de Calloia.
Si la Corte dice que ese delito es inconstitucional no se podrá aplicar a Lorenzo y a Calloia. Si dice que es constitucional la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos, podrá procesarlos (si así lo entiende) por ese delito. Pero puede ocurrir que lo haga y luego el Parlamento derogue ese delito, beneficiando a Lorenzo y a Calloia, o puede que cuando se apreste a tomar decisión ese delito ya haya sido derogado.
Fuente:Subrayado
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