La Policía tiene identificados 3 barrios en Montevideo y otros 3 en la ciudad de Salto, en el litoral norte del país, donde no puede entrar sin respaldo de fuerzas de choque, porque son territorios hostiles controlados por bandas del crimen organizado.
"Se está dando un proceso de feudalización en el país y en particular en algunos barrios de Montevideo y en el litoral, donde la delincuencia busca correr a la Policía. Se trata de un hostigamiento a las autoridades constituidas", dijo al diario El País el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
En la audición de M 24, el presidente José Mujica también se refirió al tema: "no acompañamos la idea de que existan barrios donde la Policía no pueda entrar, o territorios dominados".
Según la Policía, la situación es crítica en los barrios montevideanos "Palomares" de Cerro Norte, Borro y Marconi y los salteños Don Atilio, Fátima y Quiroga.
En cambio, la Policía logró "limpiar" a fines del año pasado un asentamiento de Arroyo Carrasco y Camino Carrasco (barrio Carrasco Norte).
En ese operativo, los policías fueron recibidos a balazos y respondieron el fuego. Al finalizar el procedimiento, detuvieron a ocho menores y a tres mayores.
Días más tarde, efectivos policiales se dirigieron a un asentamiento ubicado a poca distancia de Euskal Erría y ocurrió lo mismo. Luego de repeler el fuego de los delincuentes, lograron ingresar al barrio y detener a traficantes de pasta base.
Posteriormente realizaron otras intervenciones y bajó el nivel de violencia.
Otro barrio que ha perdido peligrosidad es el 40 Semanas, según las fuentes policiales.
Hace dos años, este barrio estaba dominado por narcos y con la complicidad de grupos de vecinos, que obstaculizaban el ingreso de la Policía.
Sin embargo, un operativo de envergadura permitió la detención de los traficantes y de todos sus cómplices, lo cual modificó el perfil de la zona.
Varios jerarcas policiales consultados por El País señalaron que la Policía de Montevideo ingresa a cualquier barrio de la ciudad y que no existe una zona tomada por delincuentes como sucede en las favelas de Brasil.
Sí reconocen que existen zonas muy hostiles a la presencia policial, ya que grupos de vecinos están comprados o intimidados por los propietarios de las "bocas" de drogas existentes en el barrio.
En esas zonas, familias enteras se dedican a la venta de drogas como muestran las continuas intervenciones de reparticiones de la Jefatura capitalina.
Las fuentes agregaron que las características urbanas del "Palomar" o el Borro imposibilitan que dos policías pueden caminar a pie porque son fácilmente agredidos por delincuentes parapetados en los múltiples pasajes de los asentamientos. Y señalaron que enviarlos de noche a patrullar a pie a esos barrios es exponerlos a riesgos innecesarios.
Los delincuentes acostumbran romper las calles o colocan piedras para evitar que los patrulleros circulen. Eso los obliga a retornar por donde vinieron.
Por ejemplo, las unidades de la Dirección de Investigaciones detectan con esfuerzo la existencia de una "boca de pasta base" en el corazón del barrio Marconi.
Sin embargo, para ingresar al barrio, realizar el allanamiento y detener al propietario de la boca, deben contar con el respaldo de grupos de choque que levantan un cordón para evitar desmanes de los vecinos.
Al finalizar la reunión del jueves de mañana con los compañeros de la Seccional N° 21 del agente asesinado José Morales Lacuesta, el ministro Bonomi indicó que el responsable del proceso de "feudalización" es el delito organizado transnacional y señaló que Uruguay es un país de tránsito tanto para las drogas como el lavado de activos y de personas.
Agregó que para enfrentar este tipo de delitos, el gobierno creó una unidad de lucha contra el crimen organizado.
El jerarca gubernamental sostuvo que los delincuentes extranjeros enseñan en las cárceles a los presos uruguayos nuevas acciones delictivas.
Una de las acciones más comunes son prácticas intimidatorias contra personas que denuncian las "bocas de pasta base". En algún caso ello derivó en la muerte de un familiar de los denunciantes, según Bonomi.
Para el ministro del Interior, la muerte de Morales Lacuesta se enmarca dentro de este problema, porque al agente de la Seccional N° 21 lo mataron por el simple hecho de ser policía.
A la hora 17 del jueves, el Comando de la Jefatura de Montevideo se reunió con los tres jefes de zona y los 24 comisarios de Montevideo.
Las principales directivas del Comando fueron que se debía disponer el máximo personal posible en la calle y que los delitos cometidos en sus respectivas jurisdicciones serían investigados por las áreas especializadas de la Dirección de Investigaciones.
Las autoridades de la Jefatura comunicaron a los comisarios que, a partir del 1° de junio próximo y durante un año y medio, comenzará un plan de reorganización de la Policía como anunció Bonomi al finalizar la reunión con los colegas del agente fallecido de la Seccional 21ª.
Además de una asignación de recursos materiales y personal, el plan consiste en reforzar el patrullaje de las comisarías, pasar de tres a cuatro las zonas de Montevideo y estas pasarán a ser centros operativos en lugar de administrativos.
El presidente José Mujica defendió la presencia de efectivos militares como responsables de la custodia de las cárceles, y se pronunció a favor de que los guardias policiales de los centros penitenciarios roten en esa función porque, según dijo, "no existe en el mundo la vocación de carcelero".
Mujica dedicó gran parte de su audición de ayer en la emisora M24 a la problemática carcelaria. Dijo que el gobierno es "consciente" del "estado lamentable" de las cárceles uruguayas y por eso se están haciendo inversiones "a toda máquina" para abatir el hacinamiento.
En relación al homicidio del recluso conocido como "Rambo" en el Penal de Libertad, el presidente señaló que el episodio sirvió para que se apreciara "gráficamente" que "por lo menos" existía la posibilidad de que en una cárcel de máxima seguridad un interno tuviera un arma en su poder.
En tal sentido, reivindicó la presencia de militares en los perímetros de las cárceles. "Es obvio que si entran armas y entra droga lo hacen por la puerta; no es el Espíritu Santo que se cuela dentro de las cárceles y entra droga y entra armas", dijo Mujica.
El presidente agregó que no se puede "estigmatizar" a los familiares de los reclusos por el ingreso de armas y drogas, sino que se trata de fallas "de carácter individual" de parte de los guardias. "La tentación a la corruptela está en cada rincón de una cárcel", dijo.
Por otro lado, Mujica recordó que en su momento se hizo una propuesta para que los guardias de las cárceles fueran rotando en esa función, pero la idea no prosperó ante una serie de cuestionamientos.
Al respecto, indicó que sigue estando a favor de esa opción, aunque no se pueda instrumentar.
"No existe en el mundo la vocación de carcelero", afirmó.
Por su parte, el comisionado parlamentario, Dr. Álvaro Garcé, dijo que se debe aplicar una ley aprobada a fines de 2010 que otorga potestades a los efectivos militares "a revisar toda aquella persona que ingrese a las cárceles, inclusive a los funcionarios policiales".
OTRO MUERTO. Por otro lado, en la madrugada de ayer fue asesinado otro recluso, esta vez, en el Comcar.
Se trataba de Luis Eduardo Gancio Olmos, quien fue encontrado sin vida con varias heridas en su celda. Hasta ayer se desconocía el responsable del hecho.
Por otro lado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estimó que es muy posible que el arma con la cual fue asesinado "El Rambo", sea de origen policial.
El informe de la Comisión Especial de la Asamblea General sobre menores infractores propone crear un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente por fuera del INAU.
Tendrá a su cargo "la custodia y rehabilitación de los adolescentes infractores", tomando como base un proyecto del INAU presentado para crear un organismo descentralizado para contener a los menores delincuentes.
La Comisión acordó sancionar en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) el hurto en grado de tentativa. Pero se aclara que para estos casos, no se aplicará la privación de libertad.
Los legisladores también aconsejan ampliar de 60 a 90 días el plazo legal que tienen los jueces para dictar la sentencia de los menores internados en forma provisoria.
También plantea "limitar la discrecionalidad" de los jueces estableciendo mínimos y máximos en las penas.
A pedido de la fiscal penal Dra. Dora Domenech, el juez Dr. Ricardo Míguez dispuso el jueves el procesamiento con prisión de dos jóvenes de 19 años por el homicidio del agente policial Juan José Morales Lacuesta (36) ocurrido en la madrugada del martes 8, cuando estaba a dos cuadras de su casa.
Uno de los jóvenes fue enjuiciado por haber sido el autor de los disparos que terminaron con la vida de Morales Lacuesta, mientras que el otro fue procesado en su condición de cómplice.
El juez Míguez imputó a los jóvenes el delito de "homicidio" y consideró como agravante la calidad "ostensible de funcionario policial de la víctima", según lo que prevé el artículo 310 bis del Código Penal.
"Lo mataron solo por el hecho de ser policía, porque ellos (los procesados) tenían problemas con todo lo que estuviera relacionado con la institución policial", dijo a El País la fiscal Domenech.
El policía asesinado prestaba funciones en la Seccional 21ª.
Fuente: El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario