La Dirección General de Casinos del Estado de Uruguay ultima los detalles del proyecto de ley para regularizar la actividad de las máquinas tragamonedas ilegales que será presentado “a la brevedad” por el Ejecutivo al Parlamento. Se controlarán y limitarán las ganancias de las máquinas, deberán tributar al Estado, los infractores recibirán severas sanciones económicas y sus propietarios irán a prisión.
Un cuidacoches de la calle Colonia espera a la tarde-noche para jugar parte de lo ganado en el día en el comercio de la esquina, donde funcionan unos 20 tragamonedas.
En un quiosco del barrio Cerrito de la Victoria, un niño de no más de 12 años resigna la compra de dos sobres de figuritas del Mundial para apostar unas monedas en una máquina.
Actualmente, en Uruguay funcionan alrededor de 20.000 máquinas tragamonedas sin regularizar. El fenómeno se registra desde hace 19 años y hasta el momento el Estado no ha definido una reglamentación de la actividad que coloque reglas de juego claras. Reglamentar este juego fue una de las tareas principales que tomó la nueva administración de la Dirección de Casinos del Estado.
El nuevo director de la dependencia, Javier Cha, comentó al diario Ultimas Noticias que a la brevedad estará pronto el proyecto de ley para reglamentar la actividad. El jerarca dijo que ingresará al Parlamento por el Poder Ejecutivo para que comience su discusión antes de fin de año.
Explicó que el objetivo es regularizar una actividad que tiene registros desde hace 19 años y en la cual hubo “inacción”. “Queremos solucionar un proceso caótico y anárquico de crecimiento de una compleja actividad comercial industrial que año a año se multiplica y que no está regulada, ni normalizada por nada”, dijo Cha.
El director general de Casinos del Estado aseguró que lo que están haciendo “para nada puede confundirse con la fomentación del fenómeno” sino, por el contrario, con determinar reglas de juego claras para los comerciantes, fabricantes y usuarios, pero principalmente dar “garantías” a las personas que quieran jugar en las tragamonedas barriales.
En la búsqueda de la solución al problema, Cha dijo que la diagramación del proyecto de ley no puede plantearse “volver a cero y terminar con la actividad”, porque eso sería “entramparse” y la ley “fracasaría” desde su principio.
“La cantidad de máquinas que existen es muy grande. Nos parece un debate muy difícil de abordar si arrancamos desde la idea de extinguir la actividad. Lo más importante es encausarla, definir normas claras y otorgar garantías a los usuarios”, afirmó el director de Casinos del Estado.
Cha explicó que uno de los capítulos centrales del proyecto de ley estará dedicado a la prohibición y sanción del juego ilegal y no habilitado. “Se van a establecer sanciones económicas severas para los propietarios de los establecimientos comerciales donde se instalen máquinas no autorizadas.
A los propietarios de máquinas ilegales no autorizadas se les va a tipificar ‘juego clandestino’ y por lo tanto van a ser pasibles de una figura delictiva que tendrá sanción de prisión y penitenciaría”, explicó el jerarca.
La norma establecerá que cada máquina instalada deberá tributar por su operativa. La recaudación será para el Estado, dijo Cha, quien agregó que este punto es el que falta afinar y aún no se determinó el porcentaje que cada máquina deberá pagar por mes por su funcionamiento.
Para recibir la habilitación, el 60% de los componentes de las tragamonedas deben ser de industria nacional. Además, se realizará “un control estricto” para detectar que el 100% del software sea de origen nacional.
El software deberá especificar “de forma clara” las ganancias del propietario, que no podrán superar el 8% de las apuestas. Esto es el mismo margen que existe en las dependencias de Casinos del Estado. Es decir: cada $ 100 de apuestas, el dueño y gestor de la máquina no podrá ganar más de $ 8.
Para que propietarios, fabricantes y comerciantes estén catalogados como legales y autorizados para operar en el mercado, deberán estar inscriptos en un registro nacional.
Asimismo, cada una de las máquinas debe estar inscripta y se le otorgará un número identificatorio.
La Dirección de Casinos del Estado será la encargada de gestionar el registro y otorgar los permisos para la operativa. Sólo se permitirá la actividad en bares y cantinas. Cada comercio no podrá excederse de las tres o cuatro tragamonedas. “Las máquinas en panaderías, salones, mercerías u otros comercios no correrán más. La norma va a ser clara: bares y cantinas”, dijo Cha.
La prohibición de juego para menores de 18 años será especificada en el proyecto y para ello, y para controlar las demás normas, la Dirección General de Casinos impulsará un fuerte dispositivo de fiscalización de los comercios donde estén instaladas las máquinas.
Componentes básicos del proyecto de ley
Se creará un registro nacional de propietarios, fabricantes y comerciantes de las tragamonedas. Se otorgarán permisos para realizar la actividad y comercialización.
Cada máquina deberá estar registrada y señalada con un número único Solo se podrán instalar en bares y cantinas Habrá un máximo de tres o cuatro máquinas por establecimiento
El 60% de los componentes de las máquinas deberá ser de fabricación nacional y el 100% del software, nacional.
El promedio de las ganancias sobre las apuestas no podrá exceder el 8%
Los menores de 18 años no podrán jugar
Cada máquina deberá pagar un tributo al Estado por su funcionamiento
Los comerciantes que tengan máquinas ilegales serán pasibles de multas económicas "severas"
Los propietarios de las tragamonedas ilegales no autorizadas por el Estado tendrán sanciones de prisión y penitenciaría
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