El mayor movimiento social del mundo quiere plantar su bandera en la meca del capitalismo: el mercado de capitales. El estandarte rojo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), con la bandera brasileña sobre un fondo blanco, ondeará ahora en las carteras de inversiones. El MST tiene previsto recaudar 3,5 millones de dólares con la emisión de un Certificado de Recibibles de la Agroindustria (CRA), un tipo de título de renta fija utilizado para financiar al productor o a la cooperativa agrícola y que está respaldado por la economía real, es decir, la propia producción.
En la
práctica, quien esté interesado en financiar las actividades del movimiento puede
comprar títulos y tendrá, como retorno, una remuneración prefijada que
ronda el 5,5% anual, pagada con el beneficio de la venta de los productos
agrícolas. El interés es superior al de las cuentas de ahorro, por ejemplo,
que
de enero a diciembre de 2020 fue del 2,11%.
En todo el mundo, las iniciativas a favor de un capitalismo consciente
están
ganando fuerza como aliados en la lucha contra la pobreza y la
desigualdad
social. Democratizar y diversificar las inversiones es una de las formas
de
combatir la concentración de dinero en manos de unos pocos, justifican
quienes creen en la iniciativa. La oferta pública del MST aceptará
inversiones
a partir de 100 reales (20 dólares). Se trata de bonos a cinco años,
exentos
de tributar al IRPF y que incluso pueden negociarse en el mercado
secundario de la Bolsa de Valores de São Paulo, en función de su liquidez.
No es la primera vez que el movimiento explora esta alternativa de
financiación, considerada más atractiva que los tradicionales (y burocráticos)
préstamos bancarios, pero hasta hace poco era un privilegio de los
grandes
productores. El año pasado, el MST recaudó 294 millones de dólares en una
oferta privada para finalizar una fábrica de procesamiento de productos
agrícolas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nova Santa Rita
(Coopan), en el estado de Río Grande del Sur. La cooperativa se fundó
legalmente en junio de 1995 y hoy cuenta con 29 familias y 80 socios (40
veteranos y 40 jóvenes), que trabajan principalmente en la producción de
arroz ecológico y carne de cerdo, pero también de leche, pan y otros
productos para el consumo doméstico.
Ahora el objetivo es más ambicioso: financiar la producción, casi
mayoritariamente ecológica, de arroz, maíz, leche, soja, zumo de uva y
azúcar
moreno de siete cooperativas: Coana, con 231 familias implicadas en la
producción; Coapar, con 455 familias; Coopaceres, con 39; Cooperoeste,
con
1.700; Cootap, con 609; Copacon, con 350; y Copavi, con 138. El MST no
pudo ofrecer una entrevista a EL PAÍS porque se encuentra en período de
silencio, durante el cual están prohibidas las manifestaciones en los
medios
de comunicación que puedan influir en posibles inversores.
La emisión de CRA la llevará a cabo la sociedad gestora de fondos de
titulización Gaia Impacto, encargada de transformar los pagarés de
productos
rurales, emitidos por las cooperativas, en valores mobiliarios. La
estrategia,
sin embargo, forma parte de un movimiento más amplio de recaudación de
fondos llamado Finapop: Programa de Financiación Popular de la
Agricultura
Familiar para la Producción de Alimentos Sanos. Concebido en colaboración
con el economista y exbanquero Eduardo Moreira, declaradamente de
izquierdas, el programa Finapop se inspira en iniciativas internacionales
alineadas con una economía ética y sostenible. Los interesados podrán
reservar sus acciones a partir del 26 de julio en la web de la empresa de
corretaje Terra o registrándose en la web de Finapop. “La página ya ha
recibido casi 4.000 mensajes de personas que quieren que se les avise
cuando se lancen nuevas operaciones”, dice Moreira.
“Finapop es una idea, un deseo, que se basa en el principio de saber qué
financian nuestros ahorros. Puede ser que estemos financiando a Taurus
cuando somos pacifistas, la cárnica JBS cuando somos veganos o la minera
Vale cuando somos ecologistas. ¿Por qué no financiar el mundo en el que
creemos?”, argumenta Moreira. El economista también cree que la emisión
tendrá una función educativa: mostrar a la gente que las cooperativas
agrícolas del MST cumplen con todos los requisitos legales para satisfacer
la
demanda del mercado financiero. “En este mundo capitalista, donde el
mercado es una entidad casi sagrada, la gente verá que no tiene motivos
para odiar al MST”, dice.
Moreira es un crítico del modelo de capitalismo que cobró impulso a
partir
de los años 80 con la desregulación de los mercados y que hoy vive un
momento de revisión. “La experiencia de los años 80 mostró una secuencia
de crisis sin precedentes. No soy un entusiasta del sistema capitalista
actual,
pero será difícil deshacerse de él. Por eso hay que limitar la codicia, que
roba
la productividad y concentra el poder político en manos de unos pocos”,
dice
el economista, que no está solo en esta cruzada. Cabe recordar la famosa
frase que Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, dijo en plena
crisis
financiera internacional de 2008 sobre el fin de la autorregulación: “Hay
que
refundar el capitalismo (...) porque estamos a dos dedos de la catástrofe”.
En función de la acogida que tenga el MST entre los inversores, existe
todo
un universo potencial de agricultores familiares que podrían estar
interesados en estrechar lazos con el mercado de capitales. El MST cuenta
con 160 cooperativas y más de 1.000 asociaciones que agrupan a 450.000
familias en 24 Estados. Desde los años 90, muchas de estas cooperativas
han
exportado productos como arroz, zumos, frijoles, café y derivados de la
caña
de azúcar a países de América Latina, Europa y Asia. También en esa
época,
las cooperativas comenzaron a desarrollar productos agroindustriales a
gran
escala, que hoy se venden en mercadillos y mercados municipales,
especialmente en el sur del país y en São Paulo. Las cooperativas también
abastecen a más de 200 municipios a través del Programa Nacional de
Alimentación Escolar, así como a cuarteles, prisiones y hospitales. Y han
desarrollado su propia red de distribución, las tiendas Armazém do Campo,
que atienden a una media de 21.000 personas al mes, como forma de
sortear la resistencia de las grandes marcas de supermercados.
Violencia en el campo
La incursión del MST en el mercado financiero se produce en un momento
de extrema hostilidad en Brasil hacia los movimientos sociales del campo.
Jair Bolsonaro fue elegido en 2019 repitiendo el discurso de que trataría
al
movimiento que defiende la reforma agraria como una “organización
terrorista”. Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Los datos de la
Comisión Pastoral de la Tierra muestran que en el año 2020 los asesinatos
a
sueldo, expulsiones, desahucios, amenazas de expulsión, amenazas de
desahucio, invasiones, destrucciones de campos, casas y propiedades en el
campo batieron el récord de la serie histórica iniciada en 1985. Hubo 2.054
sucesos de violencia, un aumento del 8% en comparación con 2019, de los
cuales 1.576 fueron conflictos por la tierra, lo que representa una media
diaria de 4,31 conflictos y un aumento del 25% en comparación con 2019.
Estos conflictos afectaron a 171.625 familias en plena pandemia de
coronavirus. Solo entre los pueblos indígenas hubo 656 sucesos (41,6% del
total), con 96.931 familias (56,5%) implicadas.
“A la virulencia mortal de la peste se sumó la violencia del capital,
avalada
por la omisión y la connivencia del Estado”, informa la Comisión Pastoral
de
la Tierra en su informe anual. Del total de conflictos, el 62,5% se
produjeron
en la Amazonia Legal, que comprende todos los estados de la región norte,
más parte de Maranhão y todo el Estado de Mato Grosso. La región vive un
desmantelamiento de las políticas públicas en un momento en que los datos
de deforestación acumulan récords. El mes pasado fue el junio con mayor
número de incendios de los últimos 14 años en la Amazonia: 2.308, según
el
Instituto Nacional de Estudios Espaciales. La Comisión Pastoral de la
Tierra
también registró el asesinato de 18 personas en conflictos rurales el año
pasado, entre ellos siete indígenas. Otras 35 personas sufrieron intentos
de
asesinato (12 indígenas) y 159 fueron amenazadas de muerte (25 indígenas).
“El informe sobre los conflictos de 2020 de la Comisión Pastoral de la
Tierra
revela que el Brasil de hoy está más cerca de 1500 que de 1988 [año de la
Constitución]. En varias regiones del país, los indígenas, los
trabajadores
rurales sin tierra, los quilombolas [descendientes de esclavos rebeldes],
los
ribereños [de la Amazonia], los geraizeiros [pueblo tradicional del norte
del
estado de Minas Gerais], los pescadores artesanales, los vazanteiros
[ribereños del cerrado] y los campesinos de fundo e fecho de pasto [que
cultivan y pastorean en tierras comunes] son víctimas de procesos de
criminalización por sus luchas, especialmente por la tierra y el agua”,
afirma
Deborah Duprat, abogada y subfiscal general de la República jubilada, en
una
declaración para el informe. La Comisión Pastoral de la Tierra registró
84
casos de criminalización de los movimientos en 2020, que tuvieron como
objetivo a los sin tierra (40), los ocupantes ilegales (24) y los quilombolas
(9).
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