Desde la sanción en 1987 de la Ley Forestal, la N°15.939, no se había realizado hasta el presente en el Parlamento una discusión sobre los impactos y los alcances de la política en este sector. Aquella ley dio lugar a una expansión extraordinaria de las plantaciones de árboles, sobre todo de eucaliptos y pinos, que sería el preámbulo de las dos plantas de celulosa instaladas luego y de la tercera en construcción.
La superficie de "bosques artificiales" pasó de 186.000 hectáreas en 1990 a 1:034.000 ha en 2019, gracias a subsidios y exenciones tributarias en las áreas de prioridad forestal, que luego se eliminaron. Pero desde 2007, las exenciones se trasladaron a las plantas de celulosa en zonas francas y las convirtieron en el rubro dominante del sector: 64% de la madera extraída en 2019 estuvo destinada a la celulosa.
Regiones agropecuarias 1990
La altísima rentabilidad dada por los subsidios de las zonas francas permite a UPM y Montes del Plata pagar márgenes de ganancia superiores a los de la ganadería y la agricultura. Por esta razón, las empresas y productores asociados se extendieron también fuera de las áreas de prioridad forestal, donde no es prohibido plantar. Un 29% de la forestación se encuentra en tierras aptas para otros cultivos.
La expansión forestal lleva a una mayor concentración y extranjerización simultánea de la tierra. Desde el año 2000 se vendió un 42% de la superficie productiva del país, en su mayoría a sociedades anónimas y fondos de inversión del exterior. En 2018 seis grupos extranjeros poseían más de 920 mil hectáreas dedicadas a la forestación, de las cuales 255 mil pertenecían a UPM y 246 mil a Montes del Plata.
Regiones agropecuarias 2011
La forestación y las fábricas de celulosa asociadas generan impactos ambientales y sociales de gran magnitud. Junto al vaciamiento del campo, los monocultivos en gran escala con especies exóticas (pino y eucalipto) reducen la disponibilidad de agua, destruyen la biodiversidad, acidifican y eliminan nutrientes del suelo. Asimismo, las plantas industriales contaminan aire y aguas superficiales y subterráneas.
Este sistema productivo fue promovido por las agencias financieras internacionales (JICA de Japón, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) y aceptado por los gobiernos nacionales sin distinción. Aunque nunca lo sometieron al voto popular, los tres mayores partidos representados en el Parlamento lo definieron "política de Estado" y aceptaron sus reglas hasta el último contrato por la nueva planta de celulosa de UPM.
Las fuentes oficiales brindan a menudo cifras sobre el aporte de este sector a la economía nacional. A 30 años de la Ley Forestal, el ex ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que representaba 3,6% del producto interno bruto y generaba 25.000 empleos. Por los registros del Banco de Previsión Social eran 16.799 trabajadores en 2019 y en la década anterior solo creció en 1.300 pese a haber iniciado su actividad Montes del Plata.
Por estas circunstancias, desde el comienzo, la aplicación de la Ley 15.939 generó polémica sobre los impactos de la forestación, ampliados con la instalación de las plantas de celulosa. Recientemente, sobre todo por las condiciones excepcionales otorgadas a UPM en el último contrato, recrudeció el debate sobre los reales aportes del sector y la iniciativa de ponerle límites se inscribe en este contexto.
Duro debate parlamentario en vista
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados aprobó, el pasado 10 de diciembre, un proyecto de ley que por primera vez establece límites a la expansión de las plantaciones forestales con fines industriales en el país. La propuesta que ahora deberá tratarse en el plenario de la Cámara, fue apoyada por la mayoría de la comisión constituida por legisladores de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
“Desde muy diversos actores de la sociedad, son crecientes en los últimos años las fundamentadas preocupaciones ambientales, económicas y sociales - entre otras - acerca de los efectos que el actual modelo forestal produce en el país”,
expresa la presentación del proyecto cuyo fin sería, según los autores, mejorar el desarrollo armónico de la actividad forestal a partir de los desafíos actuales y futuros.
El artículo 1º del proyecto establece que “la plantación de bosques Generales y de Rendimiento, tipificados en la Ley 15.939 y decretos reglamentarios queda limitada a los suelos de Prioridad Forestal”. La ley designa bosques “protectores” a los dedicados a conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales, de “rendimiento” a los que producen madera con fines de transformación y "generales" a los restantes.
La fundamentación destaca los departamentos de Colonia, Durazno, Soriano y San José, donde 82, 81, 46 y 78 por ciento, respectivamente, de la forestación está fuera de suelos de prioridad forestal. Además, como los proyectos inferiores a 100 hectáreas no pasan por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, decenas de miles de hectáreas han sido forestadas sin el estudio de impacto ambiental correspondiente.
El artículo 2 amplía la limitación al establecer que
“la superficie total de bosques de Rendimiento y Generales en todo el país, no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria”. De las 4:400.000 hectáreas que abarcarían hoy los suelos de prioridad forestal, ese porcentaje los reduce a 1:635.700 hectáreas, unas 600 mil ha adicionales a las efectivamente plantadas en la actualidad.
Los dos artículos modifican significativamente las condiciones bajo las cuales se venía desarrollando el sector. Desde el comienzo del tratamiento del tema en la comisión, las empresas reunidas en la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y funcionarios de la Dirección General Forestal, cuyo director Carlos Faroppa era presidente de la SPF antes de asumir el cargo, se opusieron duramente a la propuesta.
Para la SPF, la cadena forestal es la primera del país y la que le permite el mejor aprovechamiento del recurso tierra. Al 3,6% del PIB en 2016, le agregan un 2 % en 2023 con la nueva planta de celulosa (UPM2). Insisten en que la forestación genera 25.500 empleos y sumará 10 mil más con la nueva planta de UPM. Las exportaciones del sector por 2.160 millones de dólares tendrán 1.200 millones adicionales con UPM 2.
El proyecto regulador fue apoyado en comisión por su presidente Alfredo Fratti, Nelson Larzábal y María Muñiz, del Frente Amplio, y Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto. No votaron Francisco Ortiz y Rubén Bacigalupe, del Partido Nacional, ni Ricardo Molinelli, del Partido Colorado.
Víctor L. Bacchetta
Sudestada
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