ECUADOR: EL OTOÑO DE CORREA

Una masiva protesta indígena y sindical contra el gobierno de Ecuador, elevó la tensión con los movimientos sociales, provocando un pronunciado declive en la popularidad del presidente R. Correa. La derecha otea el horizonte de las próximas elecciones, en 2017. “No hay posibilidad de alianzas con las derechas del siglo XX, lideradas por Nebot, Rodas, Lasso y cualquiera de sus sacristanes, así como tampoco con la derecha del siglo XXI, liderada por Correa”, dijo por estos días Alberto Acosta, ex ministro de Minas y Energía del gobierno de Rafael Correa y presidente de la Asamblea Constituyente, apoyando el paro y la marcha indígena que confluyeron en Quito y otras ciudades del país el pasado 13 de agosto. La jornada de movilización mostró un país fracturado luego de ocho años de gobierno encabezado por el líder de la “revolución ciudadana”. En realidad se enfrentan tres fuerzas: el gobierno de Correa, cuyo respaldo ha caído hasta el 40 por ciento; la derecha tradicional, que puede contar con un apoyo similar; y los movimientos sociales, sobre todo el indígena, cuyos respaldos son más difíciles de medir. Correa se apoya en el aparato estatal, las grandes inversiones chinas en infraestructura, petróleo y minería, cuenta con un respaldo más o menos sólido entre funcionarios estatales y parte de los sectores populares de la sierra. Pero su autoritarismo, su estilo cercano a la megalomanía y, en particular, su proyecto de Estado fuerte le han granjeado rechazos y generado crisis políticas innecesarias. Cada vez que el movimiento indígena se moviliza, Correa saca la policía a la calle, acusa de de-sestabilizadores o terroristas a los manifestantes y provoca altos niveles de crispación, que lo llevan al borde del abismo. La derecha es fuerte en la costa, en particular en Guayaquil, asiento de la oligarquía tradicional. Aprovecha cada oportunidad para golpear al gobierno. En esta ocasión, sus principales portavoces políticos se sumaron a las movilizaciones de trabajadores e indígenas, ofreciendo un flanco al presidente, que sostiene que la protesta popular le hace el juego a la derecha. EL ESTADO TOTAL. El 19 de junio la asamblea de la confederación kichwa (Ecuarunari) convocó un “levantamiento indígena nacional” en defensa de ocho demandas. Los indígenas de la sierra se quejan de que el gobierno “ha venido usurpando los símbolos, luchas, ritos y acciones que los pueblos han creado históricamente”, rechazan la entrega de las riquezas del país al “capital trasnacional chino” en las áreas de explotación minera, petrolera, telefónica y farmacéutica. Pero las dos demandas centrales hacen referencia a las enmiendas constitucionales y a la estatización de la educación intercultural bilingüe que está llevando adelante el gobierno y que muestran el tipo de régimen que está construyendo. En efecto, el gobierno elevó 17 enmiendas a la Constitución de 2008, que pretende aprobar en trámite parlamentario sin recurrir a plebiscito. Entre ellas figuran la reelección indefinida (la Carta admite sólo una reelección), la utilización de las fuerzas armadas para mantener el orden interno, limitaciones a la Contraloría General del Estado para controlar las instituciones estatales y que los trabajadores estatales dejen de estar bajo el Código del Trabajo, perdiendo la posibilidad de sindicalizarse. Pero quizá el tema clave, en el sentir indígena, es el secuestro de la educación intercultural bilingüe por el Estado. “El sistema de educación bilingüe, desarrollado como política de Estado desde hace 25 años, ha sido paulatinamente desmantelado y vaciado de sus sentidos en su enfoque pedagógico institucional; pero también vaciado de su sentido político y estigmatizado mediante el asedio, la persecución y la violencia simbólica ejercida desde el poder estatal por sus vínculos con las organizaciones indígenas y sus luchas”, explica el educador y lingüista Armando Muyolema (Rebelión, jueves 13). El control de la educación, o educación propia, como dicen los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), ha sido una de las demandas centrales de los pueblos indios, tan o más relevante que el territorio. Desde fines de la década de 1980 la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe tenía autonomía dentro del Ministerio de Educación. Pero el gobierno absorbió la educación intercultural poniendo fin a su autonomía y control por los pueblos. Fue uno de los golpes más duros sufridos por el movimiento, que denuncia la folclorización de las culturas originarias. La medida supone el cierre de escuelas comunitarias y la creación de lujosas “escuelas del milenio” que, como señala la filóloga Ileana Almeida, “carecen del contenido cultural y social que tenían las escuelas manejadas por profesores indígenas” (Rebelión, viernes 14). En paralelo, el Decreto Ejecutivo 16 firmado por el presidente “destruye la autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades”, según la Conaie. El decreto de 2013 establece el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas que obliga a inscribirse a todas las organizaciones, aun a una asociación vecinal, impidiéndoles que realicen cualquier otra actividad que no sea sectorial, con estricta prohibición de incursionar en opiniones o actividades políticas. DÍAS DE FURIA. El extractivismo minero es otro de los puntos de fricción. La ley de aguas no contempló la propuesta indígena de crear un “consejo plurinacional” con presencia de los pueblos indígenas, calificando sus prácticas de usos y costumbres como “obsoletas”. Con el mismo estilo modernizante, el gobierno considera que las pequeñas parcelas de tierra, donde los indígenas producen alimentos que abastecen a buena parte de la población, son “una rémora para el desarrollo”, en tanto favorece los monocultivos de grandes empresas privadas. No es extraño, entonces, que las organizaciones indígenas reclamen “una nueva Asamblea Constituyente para construir el Estado plurinacional”. Una demanda extraña, ya que en 2008 funcionó una Constituyente que aprobó una de las cartas más avanzadas en materia de derechos indígenas y de la naturaleza que, luego de siete años, no salieron del papel, ya que Correa parece empeñado en instaurar un imposible Estado-total en un país con grandes debilidades institucionales, en el que la protesta callejera derribó a tres gobiernos en menos de una década. En este clima, el 13 de agosto fue un día de marchas y actos más o menos masivos. Llegaron a Quito las marchas que habían comenzado diez días antes en el sur y el norte, a las que se sumaron los sindicatos agrupados en la Confederación de Trabajadores del Ecuador (Cte). Según algunos cálculos habrían marchado unas 100 mil personas, una cantidad contundente en medio de un paro general que tuvo regular seguimiento. El gobierno movilizó a sus simpatizantes, organizaciones sindicales afines, en particular empleados estatales, y la indígena Fenocin, consiguiendo reunir unas 5 mil personas en el centro histórico, donde vitorearon y aplaudieron al presidente. El argumento principal de Correa es que la protesta fracasó. Hubo enfrentamientos pese a que la Cte llamó a no caer en provocaciones ni en “acciones que provoquen la desestabilización ni el juego a la derecha”. Hubo encapuchados fuera de control entre los manifestantes y policías violentos. El presidente de Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, debió ser hospitalizado y su compañera, la periodista brasileña Manuela Picq, fue detenida y se salvó de la deportación por presiones de Brasilia. La protesta sigue en Quito, en el sur y en la selva. Por primera vez la popularidad de Correa se desmoronó y hoy se encuentra lejos del 57 % con que fue reelegido hace dos años. Al presidente le queda surfear en una situación poco favorable, con una deuda pública de 36 mil millones de dólares (la más alta de la historia), contraída principalmente con China cuando el precio del barril de petróleo se cotizaba a 80 dólares cuando ahora está a la mitad. Un régimen como el de la “revolución ciudadana” de Correa no puede sobrevivir sin ofrecer mejoras económicas permanentes a sus seguidores y taponear, como pretende hacerlo, todas las grietas por las que se pueda colar la protesta social. Aún le quedan dos años de gobierno, y pocas reservas para navegar en la tormenta. Artículo de Raúl Zibechi - Brecha