Para la mayoría de los uruguayos de a pie, la entrada en vigor de la ley que legaliza la compraventa y el cultivo de la marihuana, reglamentada este viernes, es vista con indiferencia y como una decisión que no va a cambiar en nada sus vidas. Mientras en el resto del planeta se habla con entusiasmo, interés u horror de la novedosa legislación uruguaya, la primera del mundo en regularizar y poner en manos del Estado el uso recreativo de esta droga, un gran porcentaje de los ciudadanos se encogen de hombros y apenas matizan, levemente a favor o levemente en contra.
"Es que no va a cambiar nada. No va a ser significativo. Ni va a haber menos delincuencia, ni más, ni más fumadores ni menos. Y nadie se movilizará para cambiar esto aunque no le guste porque así es la idiosincrasia uruguaya. Yo prefiero que no se legalice, pero no haré nada al respecto", confesó Soledad, una joven empleada en una multinacional.
Para esta madre de un niño de dos años, los reparos sobre la normativa vienen de que la legalización de la venta "da un mensaje de aceptación" sobre algo que no es positivo como el consumo de drogas, aunque también reconoce que "con el alcohol es igual" y "nadie piensa en prohibirlo".
"Es un mensaje raro, y eso lo puedo discutir. Pero también está bien que los consumidores se beneficien y puedan tener sus plantitas. Aunque eso es algo que ya antes todo el mundo hacía. Lo tendrán más fácil, creo. No tendrán tanto lío como antes. Mejor para ellos, pero a mi me da igual", añadió.
Según las últimas encuestas el 64% de los uruguayos se opone a la ley aprobada a fines de 2013, si bien el 51% de los mismos prefiere aguardar a ver si funciona antes que derogarla.
Por su parte, Diego Martínez, un padre de tres hijos de mediana edad, también consideró que la legalización no tendrá consecuencia alguna en la vida diaria y que tampoco aumentará el consumo de la droga.
Si acaso se generarán otros problemas "burocráticos".
"Sí, puede que se evite el problema de la comercialización, pero luego habrá otros en cuanto el Estado se ponga a gestionar. Y en cualquier caso, los narcotraficantes no se irán, sino que se pasarán a otros productos. Ellos siempre traen lo que haga falta", señaló.
Martínez apuntó que para los uruguayos hay otros temas mucho más importantes que la legalización de la marihuana, un asunto que no entra "en su quehacer diario".
"Nos preocupa más la salud, la delincuencia, la conflictividad laboral, la educación. Bien para el que le importe, pero para la gran mayoría no forma parte de nuestras vidas", sentenció.
Por su parte, Manuel Taboada, un español residente desde hace más de un año en Uruguay y por lo tanto habilitado legalmente para comprar o plantar marihuana en su hogar según la nueva ley, también coincidió en que nada va a cambiar salvo que ahora "se dignificará un poco el consumo de marihuana", lo que "aparentemente es positivo".
Aún así, destacó que harán falta al menos varios meses de verlo implementado para poder valorar esta iniciativa en su justa medida.
"Es algo pionero y arriesgado, pero fundamentalmente va a servir solo para quitarle la carga psicológica que tenía encima el consumidor de marihuana de ser un drogadicto", indicó.
Desde noviembre o diciembre, después de las elecciones nacionales, los uruguayos podrán comprar marihuana a $20 ó $22 en las farmacias que estén dispuestas a vender, informó el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, quien ayer en conferencia de prensa presentó el decreto reglamentario de la ley de marihuana, que se firmará el lunes y entrará en vigencia el martes. Cada consumidor podrá comprar en farmacias un máximo de 10 gramos semanales (40 mensuales).
La ley establece tres vías de acceso a la droga: farmacias, clubes de membresía y autocultivo. Las tres vías serán excluyentes: el que compra en farmacias no podrá cultivar en su hogar ni integrar un club. Y, en todos los casos, el usuario deberá inscribirse en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca).
El Ircca otorgará entre dos y seis licencias a privados para producir la marihuana que se venda en farmacias. Las empresas que ganen la licitación, que se abrirá en la segunda quincena de mayo, deberán cultivar, almacenar, empaquetar y distribuir la marihuana en las farmacias.
Las farmacias no estarán obligadas a vender marihuana, pero, en caso de hacerlo, ganarán un 30% de la venta, aclaró Cánepa.
La inscripción para comprar en farmacias o autocultivar se hará en el Correo y será, por lo tanto, “de fácil acceso en todo el territorio nacional”, dijo Cánepa. Los interesados podrán ser ciudadanos naturales o legales o con residencia permanente.
Las personas que resuelvan comprar el cannabis en farmacias deberán registrar en la sede del Correo las huellas dactilares de sus dedos índices. Para comprar el producto en la farmacia necesitarán estampar sus huellas en pos (aparatos de identificación tecnológicos). De esta forma, el gobierno evita que los compradores estén obligados a revelar su identidad ante el vendedor. La marihuana no podrá estar expuesta al público en los centros de venta.
En el Correo, los compradores deberán presentar documento de identidad y constancia de domicilio (o factura de servicio público que lo indique). Los cultivadores deberán presentar además un documento que verifique el vínculo con el inmueble (si es arrendatario o poseedor) y declarar la ubicación del cultivo domestico (hasta seis plantas por hogar). Esta información será “reservada”, reiteró Cánepa.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, primer presidente del Ircca, estimó que “el volumen de consumo de los uruguayos oscila entre 18 y 22 toneladas” y explicó que “se destinará un máximo de 10 hectáreas para producir”.
Las grandes plantaciones de marihuana estarán custodiadas por fuerzas policiales o militares (o ambas) y los costos de seguridad correrán por cuenta de la empresa.
Aquellas personas que tienen plantas en sus domicilios cuentan con un plazo de 180 días para inscribirlas en el Ircca. En caso de no hacerlo, el Ircca podrá sancionarlos con multas económicas y decomiso. Cánepa advirtió que la sanción penal podrá llegar, pero luego de agotar otros caminos sancionatorios.
El domingo 29 de diciembre de 2013, en la ciudad de 25 de Agosto, en el departamento de Florida,
se constituyó formalmente la Federación Nacional de Cannabicultores del Uruguay, que agrupará a cultivadores de marihuana en general. Podrán integrarla quienes opten por el autocultivo domiciliario, quienes quieran formar clubes de membresía o los interesados en cultivar para la venta en farmacias, según lo habilita la ley aprobada a principios de mes.
Unas 30 personas participaron de la asamblea en la que se designaron las autoridades de la federación, para entonces presentarse ante el Ministerio de Educación y Cultura y tramitar la personería jurídica. Esperan haber concluido el trámite al cabo de tres o cuatro meses.
Julio Rey, integrante de la Movida Cannábica Florida, fue elegido presidente de la federación mediante votación. También se designaron los cargos para integrar tres comisiones: directiva, fiscal y electoral. Rey comentó en aquel momento, que en la asamblea hubo activistas de todo el país. Además de su grupo de Florida hay 8 ciudades que ya integran formalmente la federación: Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Maldonado, Montevideo, Young, Minas y Rivera.
Otras 6 localidades expresaron su interés en sumarse.
“La idea de la federación es tener injerencia en la implementación de la ley”, afirmó Rey. “Si bien veníamos trabajando en mesas de diálogo en la Junta Nacional de Drogas, no teníamos hasta ahora una integración formal”, señaló. Admitió que constituirse como federación les permite poner la mira en formar parte de la comisión honoraria del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que aún no está funcionando.
Si bien la federación estará abierta para todos los cultivadores de marihuana uruguayos (incluso para especialistas, médicos o científicos que no cultiven pero quieran aportar sus conocimientos sobre la planta), habrá un “filtro”, advirtió Rey: todos deberán estar de acuerdo con que los colectivos más vulnerables y los pequeños productores locales sean los que se apropien del “modelo productivo”. “Si hacemos las cosas bien, podemos sacar mucho dinero de todo esto”, alegó el activista.
Milagros Galliero, delegada de la Red de Usuarios y Cultivadores de Cannabis –que ahora formará parte de la federación–, lo explicó así: “Como usuarios fuimos discriminados, excluidos. Ahora esto (la legalización) nos abre puertas. Con la federación queremos impulsar el desarrollo social. Nos interesa cultivar tranquilos, pero también que esto sea una fuente de trabajo. Si alguno tiene un campo más o menos grande y se le otorga una licencia para cultivar, que en ese campo trabajen personas trans, madres solteras, recicladores”.
Rey también apuntó que cada “movida cannábica” conservará su independencia, pero al pertenecer a una misma asociación podrán sacar algunas ventajas económicas, como por ejemplo comprar al por mayor los materiales para los invernáculos en los que plantarán la marihuana. “La unión hace la fuerza”, ilustró.
Entre los activistas vinculados a la federación hay 4 grupos que ya redactaron sus proyectos para postularse y obtener una licencia estatal para producir en cultivos extensivos. Son de Bella Unión, Tacuarembó, Florida y Casupá, según informó Rey.
Galliero y algunos amigos del Cerrito de la Victoria que integran la red de usuarios ya están en el camino de aprovechar la ley y potenciar su experiencia como cultivadores. Hace dos meses elaboran tintura de cannabis que ofrecen gratis a conocidos para combatir distintas patologías.
Consideran que la vertiente medicinal puede ser una fuente laboral para los cultivadores. Como integrantes de la red también recorren barrios de contexto crítico y dan charlas en el interior con el fin de dar a los usuarios de drogas “herramientas” e “información para que puedan decidir qué es lo bueno y qué es lo malo en su vida”. “No venimos con la cabeza del prohibicionismo. Promovemos un consumo responsable de las sustancias en general”, explicó Galliero a El Observador.
Milagros Galliero era adicta a la cocaína y la pasta base hasta que empezó a consumir marihuana para “mermar la abstinencia y salir del círculo vicioso” de las drogas duras, según relató a El Observador. El cannabis le ayudó a relajarse, “abrir la cabeza” y buscar trabajo. Su experiencia la llevó a promover la marihuana como “paliativo” entre los que abusan de otras drogas más dañinas. Pero, además, se convirtió en cultivadora y su casa es la sede de la Red de Usuarios y Cultivadores de Cannabis.
Hace unos meses se puso en contacto con un argentino que le enseñó cómo obtener tintura de la planta para uso medicinal. “Es recomendable para la gente con cáncer o HIV”, aseguró Galliero. “Se usa en chicos que están dejando la pasta o la cocaína. Cuando están nerviosos, pueden tomar unas gotitas con leche y se tranquilizan. También se usa para artrosis, artritis y otros dolores en el cuerpo”, agregó. Unas 20 personas, entre vecinos del Cerrito de la Victoria y conocidos, ya obtuvieron gratis la tintura. Por el momento lo hacen por “solidaridad”, dijo Galliero.
Mientras una parte del mundo está pendiente del experimento uruguayo de legalizar la producción y venta de marihuana, en Argentina no se debate sobre el tema y se concentra en los problemas que provocan las drogas en su sociedad.
"En Argentina la iniciativa uruguaya no ha movilizado ni la más mínima discusión política respecto al cambio de leyes sobre las drogas", dijo a la AFP Sebastián Basalo, promotor de la legalización de la marihuana y director de la revista "Thc", en referencia al tetrahydrocannabinol, principal componente psicoactivo de la marihuana.
Basalo considera que "la ley uruguaya es la mejor y más completa del mundo".
"Es revolucionaria por la creación de clubes de cultivo comunitario formados por personas que se juntan para plantar cannabis y luego la reparten sin fines de lucro para el consumo", destacó el activista.
La iniciativa del Frente Amplio avivó un debate en el cual varios países latinoamericanos, entre ellos México y Colombia, interpelaron la tradicional política represiva implementada por Naciones Unidas en la lucha contra la drogas.
Pero en Argentina, ninguno de los cinco proyectos que esperan ser discutidos en el parlamento proponen legalizar el cannabis.
Sólo se plantea la despenalización del consumo y su uso con fines médicos.
“Alguien tiene que ser el primero”, respondía el presidente uruguayo, José Mujica, cuando le preguntaban por qué había decidido regular el comercio de la marihuana. Y finalmente, el Gobierno de Mujica presentó este viernes el decreto de 104 artículos que regulará la producción, distribución y venta de la marihuana. Ya está fijado el precio, la cantidad máxima que se podrá cultivar en casa o en los clubes, la que se podrá comprar en farmacia y hasta la forma en la que deberán identificarse los consumidores. La norma será aprobada el lunes por el Consejo de Ministros, entrará en vigor el martes y dentro de dos semanas se convocarán a las empresas que deseen cultivar la marihuana. Si todo discurre conforme a lo previsto, después de las elecciones presidenciales del 26 de octubre ya se podrá comprar en las farmacias hasta un máximo de 10 gramos de cannabis por semana y persona.
Habrá tres formas de acceder a la marihuana: en farmacia, mediante el cultivo en casa y mediante la asociación a clubes de consumo. Y las tres son excluyentes. Quien la adquiera en la botica no podrá cultivarla en casa ni en un club. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, explicó el viernes que el precio oscilará entre los 20 y los 22 pesos uruguayos. Es decir, entre 0,87 y 0,95 dólares. Por tanto, el precio máximo de compra al mes rondará los 35 dólares por persona. La intención es que el precio varíe sea competitivo respecto a la venta ilegal.
¿Cómo se las arreglará el Gobierno para que nadie compre más de lo permitido? Ése fue uno de los puntos más controvertidos de la norma. Para ello, el Ejecutivo barajó tres soluciones: un carné, una "tarjeta con un chip" o un algoritmo que traduzca en cifras la huella digital de cada persona. Algunos consumidores objetaron que no desean que sus nombres consten en ningún listado. Finalmente, el Gobierno optó por la huella digital.
“El solicitante”, explicó Cánepa, “va a concurrir a cualquier oficina del Correo y se va a registrar a través de un funcionario público que le va a pedir la cédula. El funcionario procederá al registro, utilizando elsoftware que permitirá enviar los datos sin que la cédula quede en su base de datos. Luego va a capturar dos huellas, del índice izquierdo y del índice derecho. El sistema verifica la huella para ver si ya no está registrado y, si no está, se crea un algoritmo con el que se lo va a identificar. Hay que aclarar que quedará registrado el algoritmo y no la huella”, añadió Cánepa.
Una vez registrado el algoritmo, el sistema informático asignará un número a cada usuario. Luego, explicó Cánepa, “la persona va a ir a la farmacia y va a solicitar la compra de hasta 40 gramos mensuales de marihuana. El farmacéutico va a tener una terminal en la que pondrá su huella, se identificará el algoritmo sin que aparezcan los datos personales. Y el sistema establecerá si la persona está autorizada a la compra”.
Mediante este sistema los compradores no se ven obligados a revelar su identidad ante el farmacéutico. Pero sí que deberán presentar su documento de identidad en las oficinas del Correo, así como una factura de servicio público donde aparezca su domicilio. Cánepa aseguró que el Gobierno hará un uso reservado de esos datos privados.
En las farmacias, los envases de venta no podrán portar más de 10 gramos. Y cada uno llevará una advertencia sobre el riesgo que implica el consumo para la salud. Los farmacéuticos no se verán obligadas a venderla, pero quienes lo hagan ganarán un 30% sobre el precio de venta. El producto no podrá exponerse ante el público. El máximo de Tetrahidrocannabinol, la sustancia del cannabis que ejerce mayor sobre el consumidor, será de 15%.
La policía podrá realizar controles de tráfico mediante aparatos que determinarán la dosis fumada por el conductor. Y se aplicarán las mismas multas asignadas al exceso de alcohol. Estará prohibido fumar cannabis en los mismos lugares donde se prohíbe el consumo de tabaco. Y los empresarios podrán realizar exámenes de control a los empleados para comprobar si consumieron cannabis.
En cuanto a la producción doméstica, la ley permite que se planten hasta seis plantas de cannabis por casa. En los clubes de marihuana se podrá cultivar hasta 99 plantas de cannabis hembra. No podrá haber menos de 15 socios por club ni más de 45 miembros. Cada miembro podrá percibir hasta 480 gramos de cannabis al año.
Las plantaciones serán cultivadas en un predio militar cuyo emplazamiento permanece en secreto por razones de seguridad. Dentro de dos semanas, el Gobierno publicará el concurso de licencias para que aquellas empresas privadas que deseen encargarse del cultivo. Cánepa indicó que se otorgarán entre dos y seis licencias. Se estima que la extensión de cultivo necesaria rondará las 10 hectáreas para plantar un máximo de 22 toneladas. Cánepa auguró que “no va a haber un aumento del consumo, sino un consumo mucho más visible”.
Los cultivadores de marihuana de Uruguay, reunidos en la asociación AECU, valoraron el precio impuesto al gramo de marihuana, informa Magdalena Martínez: “El precio está hecho para competirle al mercado negro con un producto de mejor calidad y al mismo precio; de eso se trataba”, afirmó Juan Vaz, portavoz de la Asociación de Estudios Cannabicos del Uruguay. Vaz calificó de “muy inteligente la idea de limitar al inicio la compra semanalmente para evitar un acopio indebido y que todo el mundo salga a comprar marihuana”.
Quedan por resolver los casos de personas que permanecen en la cárcel por cultivar marihuana. Vaz, que pasó un año en prisión entre 2007 y 2008 por cultivo ilícito, explica que AECU sigue los casos de dos personas, pero su liberación no será automática. “El tema depende de los jueces y la justicia es independiente. La nueva ley obliga a registrarse y está claro que esos dos condenados no estaban registrados”. El presidente de Uruguay expresó recientemente su deseo que no haya más personas presas en el país por cultivo de pequeñas cantidades de marihuana.
No ha sido fácil para José Mujica aprobar esta norma. Durante casi dos años arreciaron las críticas que hablaban de “incongruencias”, “contradicciones” y “sinsentidos”. Incluso el socialista y expresidente Tabaré Vázquez, impulsor de la legislación que prohíbe fumar en los espacios públicos, declaró: “Los países que legalizaron la marihuana están rebobinando porque la experiencia no fue buena”.
Pero Mujica no retrocedió. En junio de 2012 afirmaba:: “Alguien tiene que empezar en América del Sur. Porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen en el continente (…) Hago esto por los jóvenes, debido a que las formas tradicionales de abordar este problema no lo han logrado hasta ahora. Tenemos que encontrar otra manera, aunque algunos consideran que es audaz. Uruguay es un país pequeño, donde se pueden hacer las cosas más fáciles. No son tan grandes como Brasil”.
Finalmente, este país laico de 3,2 millones de habitantes y trece millones de vacas aprobará el lunes la primera ley que regule la producción y venta de marihuana. Será el primero de Sudamérica.
22 toneladas
Total.La ley que ha aprobado el Gobierno uruguayo prevé que se podrán cosechar hasta 22 toneladas de marihuana al año para su venta en farmacia en un máximo de 10 hectáreas en todo el país.
Productores. Como máximo habrá seis empresas dedicadas a la producción de marihuana.
Autoconsumo. Aparte de la producción estatal, los usuarios podrán cultivas sus propias plantas (seis macetas) o afiliarse a un club de fumadores.
Mercado negro. Comprar marihuana legal para revenderla seguirá siendo delito.
Además de las farmacias, la ley permite el cultivo doméstico o inscribirse en un club cannábico: seis plantas por casa y hasta 99, en asociaciones de entre 15 y 45 miembros -unos 40 gramos al mes por socio. La norma intentará poner coto a su consumo. Si alguien compra en las farmacias no podrá cultivar legalmente en su domicilio o pertenecer a uno de estos clubes. También excluye a los turistas y prohíbe su venta a menores de 18 años.
La amplia reglamentación, de 104 artículos, establece la creación de un Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), que será el encargado de registrar, autorizar y regular el mercado de la marihuana, otorgando licencias y controlando el cultivo de la planta.
Como máximo se cultivarán 10 hectáreas de marihuana en todo el país, con aproximadamente 1,5 hectáreas por empresa adjudicataria.
Aunque la ley se aprobó en diciembre 2013, la producción y venta de cannabis sigue siendo ilegal en Uruguay y seguirá siendo así hasta finales de este año. El Gobierno de Mujica insiste en que necesita tiempo para desarrollar todo el sistema, pero existen otras razones que explican por qué la medida no avanza según el calendario.
Dejando a un lado Montevideo, donde se concentran 1,3 millones de habitantes que en su mayoría podrían respaldar la norma, la legalización del cannabis es tremendamente impopular en el interior del país. Según la mayoría de encuestas, entre el 64% y el 66% de la población rechaza la medida.
Requisitos y sanciones
Será penalizado todo conductor al que se le detecte THC, la sustancia psicoactiva del cannabis, en las pruebas de control de saliva que las autoridades de tránsito le practiquen.
"Fumar cannabis durante jornada de trabajo y durante todo el tiempo que el empleado esté al servicio del empleador" también será motivo de sanción, según Cánepa.
Previo acuerdo con los sindicatos, se podrán hacer "controles aleatorios no invasivos" en las empresas para detectar a los trabajadores que entren bajo los efectos del cannabis, sobre todo en labores de riesgo.
También se prohíbe realizar concursos o torneos "que promuevan el consumo de cannabis".
Toda la marihuana que se produzca en el país no podrá exceder del 15% de contenido en THC. Cualquier persona que contravenga estas medidas, como por ejemplo los que intenten vender parte de su producción doméstica en el mercado negro, seguirán incurriendo en los delitos tipificados en el código penal y estarán sujetos a sanciones.
¿Impacto electoral?
Mujica, un antiguo guerrillero Tupamaro que fue detenido hasta en cuatro ocasiones durante la dictadura y pasó unos 15 años en la cárcel, ha agotado su único mandato y no puede presentarse a las próximas elecciones presidenciales en octubre. La coalición de izquierdas que abandera (Frente Amplio) teme que la legalización de la marihuana reste votos a la nueva candidatura. El también ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) sería el recambio más sonado para sustituir al líder uruguayo.
El Frente Amplio de Mujica, que según cierta prensa anglosajona representa la izquierda que necesita América Latina, tendría el apoyo del 44% de los votantes, frente a un 33% del Partido Nacional y un 17% del Partido Colorado, según las últimas mediciones difundidas en abril.
En el plano internacional, Mujica y su experimento cannábico tiene muchos apoyos, pero también muchos detractores.
Algunos ex presidentes latinoamericanos ('todos ex', cuando estaban en el cargo nunca plantearon este debate o lo hicieron de forma muy tímidamente) han alabado la actitud valiente de su colega. Mientras que la poderosa Open Society Foundations -del especulador, inversor y multimillonario convertido a filántropo George Soros- asesora al país para que la legalización de la marihuana sea un punto de inflexión en esta política contra las drogas que declaró de manera unilateral Richard Nixon en 1971.
La ONU, por su parte, ha advertido al Gobierno de Mujica que de aprobar la legalización de la marihuana estaría violando acuerdos y tratados internacionales, como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
El consumo de marihuana en Uruguay (y también en Argentina) es legal desde hace décadas, pero no su producción y su venta. Lo inédito del plan uruguayo (frente algunas zonas de USA) es que parte de la producción y la distribución de la droga será responsabilidad del Estado y de instituciones públicas. En este sentido, Mujica quiere que las plantaciones de marihuana sean custodiadas por militares, quienes pasarán de quemar los cultivos a protegerlos como activos tan preciados como las vacas.
Apenas cruzando la frontera sobre el río Urguay, llegamos a Argentina donde las cosas son muy diferentes. Este país que sirve sobre todo de tránsito de las drogas, vive días de agobio ante la proliferación de laboratorios clandestinos, puntos de venta en zonas pobres y violencia vinculada al narcotráfico, hasta ahora inéditos para la sociedad argentina.
Señales de alarma
Para Ricardo Vargas, experto en drogas y director del centro de estudios Acción Andina de Colombia, el establecimiento de traficantes en Argentina "es algo que viene ocurriendo desde hace rato, pero ahora tiene más visibilidad en los medios", indicó.
Las crónicas policiales informan cada vez con mayor frecuencia de la aparición de crímenes con sello narco cometidos por sicarios desde motocicletas, una modalidad hasta ahora desconocida en el país, o redadas espectaculares en barrio marginales de la capital y provincias.
"Lamentablemente el narcotráfico se instaló en esta década", dijo el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, de derecha y opositor al gobierno de Cristina Kirchner.
"Somos el país con menor radarización de América Latina", advirtió el funcionario, expresando así un sentir común entre las autoridades: que el flagelo se combate con más policías, radares y leyes duras.
Mirando a Uruguay de reojo
"Creo que se llegó a una buena ley para el propósito que tenía el gobierno uruguayo", dijo la diputada oficialista Diana Conti, autora de uno de los proyectos presentados en el Congreso para despenalizar el consumo.
Pero "vamos a ver ahora cuál es el fruto de la experiencia, cómo les va con el proyecto", agregó.
Conti admite que en Argentina no hay ningún proyecto parecido al uruguayo y advierte: "Aquí esta iniciativa es impensable".
Basalo acusa al poder Ejecutivo de ser el primer obstáculo de un proyecto de ley consensuado presentado el año pasado para despenalizar la tenencia de drogas para uso personal.
"Pese al crecimiento del tráfico de narcóticos, las autoridades argentinas insisten en reprimir al usuario: En 2013 detuvieron 9.414 consumidores, eso es más de uno por hora", denunció el activista pro marihuana.
Conti apuntó que "el 92% de las detenciones en Argentina son usuarios y aunque no se llega a la condena, el proceso penal deja un estigma".
Los defensores de la legalización no se dan por vencidos y como lo hacen desde 1999 este sábado 3 de mayo celebran la Marcha Mundial de la Marihuana, un evento que el año pasado convocó a 100.000 personas en Buenos Aires.
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