Sin embargo, hay al menos dos de esos sectores, el fútbol y la política, donde hay dificultades para proceder a controlar las operaciones y evitar el pasaje de “dinero sucio”. Así lo manifestaron esta semana la escribana Gabriela Machado, oficial de cumplimiento —responsable que debe designar cada sujeto obligado— de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el presidente de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne.
El decreto reglamentario fijó umbrales para dejar fuera de la obligación de reporte a las organizaciones que manejan poco dinero y tienen bajo riesgo de lavado. Solo aquellas con ingresos anuales mayores a 4 millones de Unidades Indexadas (UI) —unos US$ 470.000— o activos por más de 2,5 millones de UI —US$ 293.000— deberán implementar controles antilavado.
Esta semana en un panel del “Compliance day” —evento centrado en las políticas de prevención del lavado de activos que organizó el estudio Brum Costa—, el abogado Andrés Ojeda (que ofició de moderador) planteó una primera complicación para comprender la tarea que deben realizar las organizaciones civiles: la ley habla que los sujetos obligados deben conocer el origen de los fondos de sus “clientes”, un término que “no está alineado” a entidades de este tipo.
“Nosotros no tenemos clientes, tenemos asociados y auspiciantes. Pero sabemos que esto no sirve como excusa, decir no tenemos clientes entonces no aplicamos la debida diligencia (para conocer el origen de los fondos)”, comentó Machado. Por eso, en la AUF implementaron el concepto “sujeto interviniente” para denominar a quienes tienen algún tipo de relación económica con la entidad.
“¿Una ley y un decreto arreglan el tema (del lavado de dinero) en el fútbol y la política? No”, dijo Gil Iribarne. Tomando su experiencia como secretario antilavado —cargo que ocupó entre 2008 y 2010— y poniendo énfasis en que son procesos que necesitan tiempo de maduración, explicó que el sector financiero está obligado desde 2004 a aplicar estos controles y recién hace unos años “se consolidó” como práctica.
En ese sentido, subrayó que por ejemplo la definición de “clientes” que no aplica para las organizaciones es “un tema a resolver entre todos” los involucrados. Añadió que en ese debate “las organizaciones obligadas (a realizar ROS) tienen responsabilidad porque son las que más saben” sobre el funcionamiento y por ende cómo sería mejor aplicar los controles. La clave según el titular de la Jutep es “no diseñar en el papel cosas que no podemos cumplir”.
En una línea similar se había manifestado el año pasado en diálogo con el diario El País el secretario antilavado, Daniel Espinosa, al explicar que en el decreto reglamentario no se estableció “qué políticas (para combatir el lavado de activos) deben aplicar porque hay mucha variedad en las asociaciones”.
En su exposición durante el evento, Espinosa informó que se estima que 700 entidades superan los umbrales definidos y ya hubo contacto con unas 300. “Los tres sectores claves son el deportivo, el político y la religión”, señaló.
El año pasado el secretario antilavado había detallado que las organizaciones que son sujetos obligados deben tener un oficial de cumplimiento y aplicar un control de riesgo a las operaciones financieras, pero aún no serán fiscalizadas hasta “conocer a los distintos sectores” y “emitir una recomendación más detallada” sobre los procedimientos a realizar.
Atendiendo esto último, la oficial de cumplimiento de la AUF subrayó que en el fútbol se requieren “reglas más claras” sobre los controles a realizar por los clubes, que den pistas sobre “desde qué punto de vista debemos aplicar normas que son genéricas”. Añadió que “la regulación para las organizaciones (sin fines de lucro) es escueta, lo que nos da margen para actuar pero a su vez nos hace difícil saber si estamos cumpliendo”.
¿A cuáles equipos de fútbol alcanza la obligación de reporte?
“Queremos conocer a los sujetos obligados (dentro del fútbol), saber cómo se financian, involucrarlos a través de la capacitación y ayudarlos” para cumplir con la normativa antilavado, explicó la oficial de cumplimiento de la AUF, Gabriela Machado. Hace ya varios meses que la entidad comenzó a trabajar el tema, creando por ejemplo un manual de actuación, con el objetivo que luego sea incorporado por los clubes. Incluso en mayo la AUF recibió la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco de una evaluación antilavado realizada a Uruguay. Ante la consulta de El País, Machado señaló que por los umbrales de ingresos definidos todos los clubes de Primera División deberán indagar el origen de los fondos que reciban, y deberá verse cada caso de los que están en Segunda División.
A su vez, el titular de la Jutep indicó que para los partidos políticos “el diseño” del sistema para controlar el origen de los fondos “puede ser fácil, pero la implementación será difícil porque requiere voluntades, que no me consta (existan)”.
“¿En un año electoral vamos a hacer los ROS que correspondan o vamos a calcular cuántos votos nos hace perder eso?”, dijo Gil Iribarne y remarcó que es un tema “a discutir”. Analizó que si bien “los uruguayos hemos tenido suerte de que no aparezca dinero sucio en la campaña, no hay vacuna contra eso”.
Ojeda sostuvo que resulta clara “la inconveniencia política” de que un partido realice un ROS sobre un aportante, porque ante la sospecha “debería cortar la relación con ese sujeto”. Gil Iribarne complementó que “es parte del drama que se genera”, pero indicó que “el asunto es si el sistema político quiere asumir esa responsabilidad”.
El titular de la Jutep agregó que para la política deberá definirse si se inspeccionará solo los lemas o toda la estructura (que llega hasta las organizaciones barriales) para luego avanzar a “saber quién es quién, y cuánto aporta, cosa que hoy no sabemos”.
Señaló que mientras esto pasa, “en esta campaña electoral hubo polémica por qué candidato tenía más o menos plata” para financiarse.
Gil Iribarne también opinó que “en el fútbol la posibilidad de lavado de activos es alta”, mientras que “en los partidos políticos el riesgo es menor, pero el impacto (de un caso) es más alto”. Al tiempo que previó que se deberán establecer mecanismos para evitar que una denuncia por el origen de los fondos pueda ser atribuida a intereses “políticos partidarios”, y que alguien diga “por qué a mí y no a tal otro”, como dijo que ocurre hoy con los casos en que interviene la Jutep.
Por su parte, Machado de la AUF hizo notar que ante un eventual caso de lavado de dinero detectado en un club, la sanción debiera ser la desafiliación, pero según el estatuto esa resolución es potestad de la asamblea de clubes. Por esto planteó estudiar “una solución (a este problema) a nivel legislativo”.
Gil Iribarne también opinó que “en el fútbol la posibilidad de lavado de activos es alta”, mientras que “en los partidos políticos el riesgo es menor, pero el impacto (de un caso) es más alto”. Al tiempo que previó que se deberán establecer mecanismos para evitar que una denuncia por el origen de los fondos pueda ser atribuida a intereses “políticos partidarios”, y que alguien diga “por qué a mí y no a tal otro”, como dijo que ocurre hoy con los casos en que interviene la Jutep.
Por su parte, Machado de la AUF hizo notar que ante un eventual caso de lavado de dinero detectado en un club, la sanción debiera ser la desafiliación, pero según el estatuto esa resolución es potestad de la asamblea de clubes. Por esto planteó estudiar “una solución (a este problema) a nivel legislativo”.
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