A principios de 1964, el gobierno de los Estados Unidos de América enfrentó un desafío extremo. En medio de la épica batalla contra la segregación racial, en un pequeño pueblo de Misisipi desaparecieron tres activistas por los derechos civiles. El problema se agrandaba porque el FBI ni siquiera conseguía encontrar los cuerpos, por lo cual tampoco podía determinar quiénes eran los culpables. El drama fue contado por Alan Parker en Mississippi Burning, un filme estremecedor ciertamente muy popular en los años ochenta. Un joven y buen mozo William Dafoe representaba a un jefe de los agentes del FBI idealista, apegado a un extremo respeto por las reglas de procedimiento.
Su segundo, Gene Hackman, era un duro de la vieja guardia, que despreciaba la ingenuidad de su jefe.
Aquí no se espoilea, mucho menos si se trata de una gran película, pero para el caso vale contar que ambos coincidían en quién era el principal sospechoso —el Ku Klux Klan—, y en que se debía ejercer la máxima presión sobre sus miembros si es que se quería encontrar la verdad.
El presidente argentino, Mauricio Macri, en estos días atraviesa una situación parecida. A principios de agosto fue denunciada la desaparición de Santiago Maldonado, un joven que en el sur del país apoyaba los reclamos territoriales de los integrantes de una tribu ancestral, los mapuches. El primero de agosto un grupo de mapuches había interrumpido el paso en una ruta para amplificar sus reclamos. Maldonado los apoyaba. Según la familia del desaparecido, durante el operativo para correrlos de allí, un grupo de gendarmes golpeó a Maldonado y se lo llevó.
Nunca más se supo de él.
Al igual que en Mississippi Burning, el cuerpo desapareció. Si no hay evidencia del delito, no hay delito y por lo tanto no hay delincuentes. Si no hay cuerpo, no hay culpables.
Pero, a diferencia de lo que el FBI hizo en Estados Unidos, en la Argentina el Gobierno argumentó que la gendarmería, es decir, la fuerza de seguridad denunciada, era inocente. Prefirió confiar en sus agentes que ejercer presión.
En Mississippi Burning, el Estado entendió desde un comienzo que las víctimas eran simplemente víctimas y que había que investigar a sus presuntos asesinos. En la Argentina, en cambio, el Gobierno sembró datos, que se demostraron falsos, sobre el desaparecido Maldonado. Sugirió que el joven había participado en un ataque violento, unos días antes, y que había sido herido de muerte en ese contexto, por lo cual quienes seguramente tenían el cuerpo eran sus compañeros
La víctima, de pronto, parecía culpable.
Encima, como si se tratara del guion de otra película, se preocupó por difundir que la Argentina está sometida a la amenaza de una peligrosa guerrilla mapuche sin ofrecer una sola evidencia de ello.
La historia reciente ha provocado una razonable sensibilidad en la Argentina contra los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
La presión social y los sucesivos papelones, finalmente, obligaron a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, la influyente ministra de Seguridad, a volver sobre sus pasos. Por eso, en los últimos días comenzaron a aparecer datos que, hasta el momento, se ocultaban: un gendarme contó que le pegó un piedrazo por la espalda a un manifestante, otros tres confirmaron el hecho, otro relató que disparó balas de goma contra los mapuches. Mientras el Gobierno respaldaba a la gendarmería, nada de eso se conocía. Ahora, a cuenta gotas, aparecen a cada hora nuevos elementos. Y hasta algunos funcionarios han reconocido que la principal sospecha recae sobre los gendarmes que participaron del operativo.
Las preguntas son obvias. ¿Qué otras cosas se están ocultando? ¿Podrá descubrirse tarde lo que no se buscó temprano? Por lo pronto, 45 días después de la desaparición del joven, el Gobierno ha fracasado: no puede explicar qué ocurrió, ni hallar su cuerpo, ya sea vivo o muerto, y encima se dejó guiar por las narices hacia pistas falsas.
El caso Maldonado, como se lo conoce en la Argentina, ha reabierto la discusión sobre cuál es el compromiso de Mauricio Macri con los derechos humanos. ¿Quién es, de verdad, el nuevo presidente de Argentina?
Desde la oposición más vinculada a Cristina Fernández de Kirchner se lo pretende equiparar con los dictadores de los años setenta. Se lo ha acusado, incluso, da dar la orden de su desaparición.
Es una acusación desproporcionada: casi un desvarío.
Pero hay otros sectores que están legítimamente inquietos por ciertos indicios de que, al menos un sector del Gobierno, coquetea con la idea de dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para controlar conflictos sociales.
La historia reciente ha provocado una razonable sensibilidad en la Argentina contra los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Un solo desaparecido provoca que cientos de miles de personas salgan a la calle a protestar. Y eso escala cuando las respuestas del Gobierno son, como mínimo, poco convincentes.
Santiago Maldonado era, hasta hace poco, un tatuador y artesano desconocido que recorría, de una manera muy personal, el sur de la Argentina y de Chile. Hoy, su nombre, y su cara, son conocidos por todo el país.
“¿Dónde está Santiago Maldonado?”, es la pregunta más complicada que debió responder Mauricio Macri desde que asumió.
Por ahora, no consigue hacerlo.
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