El Ministerio de Economía y Finanzas dio un último aviso a las más de 84 mil sociedades anónimas disueltas por ley que figuran como activas, que pueden estar sujetas a fuertes sanciones si no regularizan su situación antes del 29 de mayo 2015.
En diálogo con el diario El Observador, el director de la Asesoría Tributaria del MEF, Fernando Serra, explicó que esas sociedades anónimas no cumplieron con la normativa aprobada en 2012 que las obligada a registrarse ante el Banco Central (BCU), pasarse a nominativas o proceder a su liquidación definitiva ante la Dirección Nacional de Registro del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La implementación de la ley 18.930 determinó que hasta el 29 de enero se hayan registrado ante el (BCU) de 25.962 sociedades que identificaron a sus titulares, otras 14.231 que optaron por ingresar el régimen nominativo, mientras que 13.431 terminaron de regularizar su liquidación definitiva.
Sin embargo, en los registros del MEC figuran otras 84.129 sociedades que aparecen como activas y que el Ejecutivo pretende “depurar definitivamente” para evitar cualquier evasión a la normativa vigente. “No tenemos certeza cuántas de esas sociedades podrían estar operativas. Hay decenas de miles que incluyen las SAFI (sociedad anónima financiera de inversión) que se utilizaron en su momento y otras que tienen cientos de años”, explicó Serra.
“Es importante destacar que las entidades disueltas no podrán reactivarse y deberán proceder a efectuar su liquidación definitiva (extinción del pasivo y adjudicación de los activos remanentes) antes del 29 de mayo de 2015. En caso de incumplimiento, serán pasibles de una multa equivalente al 50% de los activos de su propiedad”, advirtió el MEF en su comunicado.
El director de la Asesoría Tributaria explicó, por ejemplo, que si hoy alguna sociedad anónima uruguaya tiene un depósito en un banco del exterior, está obligada a identificar a sus titulares para su liquidación y transferir el dinero. De lo contrario, el Ejecutivo le podría aplicar la multa del 50% sobre sus fondos.
Transparencia
El comunicado del MEF recuerda que Uruguay transita un proceso de “convergencia hacia los estándares internacionales en materia de transparencia”, tanto en lo atinente a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como al intercambio de información tributaria y combate al fraude fiscal.
Uno de los elementos de “mayor importancia” para el cumplimiento del referido estándar es la necesidad de identificación de los titulares de participaciones patrimoniales en sociedades comerciales y agrarias, fideicomisos y fondos de inversión.
El Poder Ejecutivo creó por ley en 2012 un registro de titulares de participaciones patrimoniales al portador para elevar los estándares de transparencia tributaria y cumplir con las exigencias de la OCDE. Además, suscribió un acuerdo de información tributaria con Argentina.
Actualmente el país lleva firmados 16 convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal y 15 acuerdos de intercambio de información tributaria.
Por otro lado, el gobierno se comprometió ante la OCDE el año pasado a habilitar los acuerdos automáticos de información entre fiscos para fines de 2017 o 2018. Esto implica evitar la intervención de la Justicia para levantar el secreto bancario.
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