Este lunes 18 de mayo se cumple un año desde que la reconocida activista y abogada Ruth Eleonora López fue enviada a prisión, el coste que hasta hoy ha tenido que pagar por desafiar al Gobierno de Nayib Bukele. De acuerdo con Cristosal, la organización de derechos humanos en la que trabajaba, López es una de las 86 personas identificadas como presos políticos que la organización ha logrado documentar bajo el actual Ejecutivo de El Salvador, que desde hace un año ha emprendido su mayor embestida en contra de de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
La captura de López ocurrió
cerca de la medianoche, luego de que un grupo de policías la sacó de su
vivienda con engaños. Tras su detención, fue enviada a un centro penitenciario
donde permaneció incomunicada, sin tener contacto con sus abogados ni con sus
familiares. El 4 de junio, 17 días después, un juzgado de San Salvador decretó
la prisión preventiva, después de que la Fiscalía la acusara inicialmente de peculado
(malversación de fondos públicos) y posteriormente cambiara el delito al de
enriquecimiento ilícito.
López se convirtió en una férrea crítica de Bukele mediante la defensa de
los derechos humanos y la denuncia de la corrupción. De acuerdo con Cristosal,
la letrada documentó y denunció más de 50 casos de corrupción y uso indebido de
fondos durante los primeros cinco años del mandato de Bukele.
“No pasa ni un segundo en que yo no sienta personalmente la privación de
libertad de nuestra amiga y colega Ruth. Ella consideró la defensa de la
democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción como una
responsabilidad personal, y hoy está presa por eso”, afirma Noah Bullock,
director ejecutivo de Cristosal.
Claudia López, hermana de Ruth, dijo que la detención es, a su juicio, “un
secuestro por parte del Estado salvadoreño”. “Este año ha sido sumamente
difícil. Hemos tenido que soportar el dolor de no tener a una hermana amorosa,
a una mujer llena de vida. Y también hemos tenido que sobrellevar la
incertidumbre de un caso que se mantiene en la opacidad y bajo reserva
jurídica. Esperamos que esté pronto con nosotros, porque el vacío que ha dejado
nada lo podrá llenar hasta que esté de vuelta en nuestros brazos”, lamenta.
La acusación contra Ruth López surgió en el marco de la investigación
contra Eugenio Chicas, exfuncionario del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén,
quien también fue capturado en febrero de 2025 por presunto enriquecimiento
ilícito. La captura de Chicas se produjo tras años de enfrentamiento político
con Bukele. En 2017, Chicas ganó una demanda contra el entonces alcalde de la
capital y lo obligó a pagarle 50.000 dólares de indemnización y a disculparse
públicamente, después de que este último lo acusara falsamente de abuso sexual.
Una vez en el poder y con el control del sistema de justicia, el Ejecutivo de
Bukele condenó a Chicas a pagar 200.000 dólares por el supuesto enriquecimiento
ilícito y, posteriormente, le abrió una causa penal encaminada a una posible
condena de cárcel.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y
Asamblea, señaló este viernes su preocupación por el estado de López y advirtió
de que la detención de la activista no es un hecho aislado. “Es un patrón:
criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso del poder. Insto al
Gobierno a garantizar su libertad, un juicio justo y un entorno seguro para las
personas defensoras”, escribió en su cuenta de la red social X.
Un punto de inflexión
La captura de López significó un punto de inflexión para los derechos
humanos en El Salvador. Un mes después, al menos 50 activistas, periodistas y
defensores se exiliaron del país por temor a sufrir represalias. Diversas
organizaciones como Cristosal, Human Rights Watch y la Asociación de
Periodistas de El Salvador (APES) documentaron denuncias por posibles órdenes
de captura en contra de críticos del Gobierno y reporteros.
Ruth López tras haber sido detenida en San Salvador (El Salvador), el 4 de
junio de 2025.© Jose Cabezas (REUTERS)
La propia organización Cristosal tuvo que trasladar sus
operaciones al exilio, aunque continúa su trabajo con las víctimas
en el país centroamericano. “Ningún régimen puede detener la exigencia de miles
de familias que piden justicia y libertad para los inocentes detenidos
injustamente en El Salvador, y nosotros seguimos a su lado”, aseveró Bullock.
En el marco de la captura de López, otros activistas y voces disidentes fueron
arrestados, como el defensor del derecho al agua Alejandro Henríquez y el líder
comunal José Ángel Pérez. Ambos fueron detenidos tras protestar frente a la
residencial privada donde vive Bukele, acusados de desórdenes públicos y
“resistencia agresiva”, a pesar de que los vídeos difundidos en las redes
sociales mostraron cómo fueron agredidos por los agentes policiales el día de
la manifestación.
Posteriormente, el 7 de junio, el abogado constitucionalista Enrique Anaya
fue capturado y acusado de lavado de dinero, apenas 24 horas después de
aparecer en un programa de televisión criticando la gestión presidencial. Ese
mismo mes, un estudio de opinión pública reveló que seis de cada diez
salvadoreños temen criticar abiertamente a Bukele. En junio, durante su
discurso del sexto año en el poder, el mandatario defendió las detenciones
contra los críticos y atacó a los medios de comunicación, asegurando que no le
importaba que lo llamaran dictador.
Seguimiento policial
Dos informes de inteligencia policial a los que ha tenido acceso EL PAÍS
revelan que la Policía de Bukele monitoreó previamente las actividades públicas
de López y de otros activistas. Los documentos ubican a dos abogados más de
Cristosal en lo que la institución califica como “actividades de
desestabilización social”.
Los informes fueron elaborados entre el 24 de marzo y el 19 de abril de
2022 por el Departamento de Técnicas Operativas de la Subdirección de
Inteligencia Policial. Este diario tuvo acceso a ellos gracias a una filtración
de 1,2 millones de correos internos de la Policía salvadoreña divulgada por el
grupo de hacktivistas Distributed Denial of Secrets (DDO
Secrets).
El primer informe, fechado el 24 de marzo, se titula Informe de
novedades relevantes y actividades desarrolladas por las diferentes unidades
adscritas a la Subdirección de Inteligencia Policial ocurridas durante el turno
de las 00:00 horas a las 23:59 horas del día 24 de marzo de 2022. El texto
describe, entre otros asuntos, una conferencia de prensa frente a la Corte
Suprema de Justicia en la que López y Jonathan Sisco, ambos letrados de
Cristosal, denunciaron el uso inadecuado de ivermectina para el tratamiento de
la covid-19.
El segundo informe fue elaborado el 19 de abril bajo el título Resumen
de actividades diarias DIRI. En el documento se detalla que ese día la
Policía realizó tres monitoreos de “fuentes abiertas” y un seguimiento sobre el
terreno “en busca de información de desestabilización social”. “A las 10:00
horas se dio cobertura y se recopiló información de una conferencia de prensa
frente a la entrada principal de la Corte Suprema de Justicia [sic]”, reza el
texto. Más adelante, especifica que en el lugar se observó a cuatro personas
presentando una demanda de inconstitucionalidad, entre las que se encontraban
López y Abraham Ábrego, también abogado y directivo de Cristosal.
El seguimiento y el espionaje a activistas, críticos y periodistas no es
una práctica nueva bajo la Administración de Bukele. En 2022, una investigación
de Citizen Lab identificó que los teléfonos de al menos 35 personas —entre
periodistas, activistas y políticos— habían sido intervenidos con el software
espía Pegasus. Tras la publicación del informe, López interpuso una demanda
para exigir explicaciones al Ejecutivo, pero las autoridades se negaron a
responder.
