Los recursos revocatorios presentados por Montecon contra los decretos 114/21 y 115/21, que regulan el acuerdo entre el Estado y la terminal Cuenca del Plata (TCP, integrada en 80% por la empresa belga Katoen Natie y el resto por la Administración Nacional de Puertos), firmados el 25 de febrero de 2021, son la punta del iceberg de una serie de litigios administrativos y judiciales en el horizonte, además de problemas prácticos a resolver en el funcionamiento del puerto de Montevideo, en el que podrían colisionar los tiempos del comercio exterior y la logística portuaria con los tiempos de la Justicia.
