Fue otra vez Capriles, el líder de esta oleada de protestas que comenzaron hace diez días, el encargado de dirigir a los manifestantes hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas. Fue una decisión sorpresiva pero nada casual. La Defensoría del Pueblo es parte del Consejo Moral Republicano, una instancia que se negó a calificar como grave la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo que avalaron dos sentencias que usurpaban las funciones del Parlamento.
