Condenar solamente a los ejecutores del Terrorismo de Estado y dejar impunes a sus mandantes es como condenar a un asesino porque hizo sufrir a la víctima pero no por haberla matado. La responsabilidad del Poder económico en el accionar genocida de la Dictadura es total y absoluta.
Pero podemos remontarla a cualquier período de nuestra Historia. Algunos casos emblemáticos como los fusilamientos de la Patagonia de los obreros rurales, la Semana Trágica, o el exterminio de los pueblos originarios llevados adelante por Roca.
Más acá en el tiempo y en pleno auge de las luchas populares ocurrió la represión dispuesta por el gobierno de Isabel Perón contra los obreros de Villa Constitución, como así también el accionar criminal llevado a cabo por la Triple A contra militantes populares, en su mayoría trabajadores.
Párrafo aparte merece lo ocurrido durante la Dictadura. El accionar terrorista dentro de los mismos establecimientos fabriles como en el caso de Acindar, Ford, Astilleros Astarsa, Ingenio Ledesma, entre otros, a lo que hay que sumarle las manifestaciones explícitas de apoyo al proceso cívico-militar por parte de la Sociedad Rural, el CEA (Consejo Empresario Argentino) o la CAME, demuestran claramente el nexo entre el Poder económico y el accionar terrorista.
Rodolfo Walsh en su última y magnífica creación que es la “Carta abierta a la Junta Militar” lo demuestra con meridiana claridad. Resulta emblemática en este sentido la figura del ahora condenado José Alfredo Martínez de Hoz, quien ocupó el ministerio de economía durante el genocidio, entre 1976 y 1981, habiendo sido previamente el titular del Directorio de ACINDAR y del CEA.
Hoy, a casi treinta y cinco años del Golpe de 1976, no se puede ignorar esta realidad y mucho menos hacer “distinciones selectivas” entre los integrantes de estos representantes del poder real en la Argentina. No hay malos, regulares, o más o menos cómplices, de acuerdo a las conveniencias políticas coyunturales o permanentes.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina sostenemos que cualquier proyecto de cambio transformador en lo político, social, económico y cultural será posible en la medida que rompamos con lo viejo que nos oprime creando lo nuevo emancipador.
En tal sentido alentamos y apoyamos decididamente todas las investigaciones y causas judiciales que conduzcan a establecer las responsabilidades personales e institucionales de integrantes del poder económico con el terrorismo de Estado empezando por reivindicar el trabajo inmenso de Alejandro Olmos y la sentencia del juez Ballesteros en el tema Deuda Externa.
Resulta imprescindible poner en funciones la Comisión Investigadora Parlamentaria recientemente aprobada y avanzar en la denuncia de una deuda odiosa que hoy paga todo el pueblo y que fuera mecanismo de enriquecimiento de la cúpula empresarial que concentra la riqueza socialmente generada.
Es imperioso denunciar como responsables del terrorismo de Estado al poder económico que usufructúa la reorganización reaccionaria del orden económico local.
Se trata de develar quienes estuvieron detrás del genocidio de ayer y de la explotación contemporánea. Por eso, vale recuperar el dicho popular: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.
Nuestras capacidades visuales están siendo sometidas a prueba y la Historia dictaminará.
Hugo Blasco
Fuente:Argenpress
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