El proyecto de Presupuesto Nacional que en pocos días habrá de convertirse en ley, contiene una norma que es totalmente absurda desde el punto de vista jurídico, pero además peligrosa para la salud institucional por la idea que contiene.
La misma, que tiene origen en el Poder Ejecutivo, le encomienda a éste –es decir se encomienda a sí mismo- conformar una comisión interministerial con el propósito de evaluar la posible creación de un Ministerio de “Asuntos de Justicia y Derechos Humanos”.
La norma es absurda no solamente por tratarse de una misión que el gobierno se encomienda a sí mismo, sino porque la creación de Ministerios está expresamente prevista por la Constitución de la República y no requiere de comisión de ninguna naturaleza.
Y es peligrosa por razones varias, muchas de ellas que seguramente no escapen al conocimiento de los lectores.
Desde que comenzamos nuestra militancia política, en la época en que luchábamos contra la dictadura militar, siempre miramos con recelo, desconfianza y preocupación la posible creación de estos Ministerios, en su momento alentada desde el propio gobierno de facto.
Porque siempre se entendió que se trataba de una forma de agresión al principio de la separación de los poderes del Estado, con el propósito de vulnerar la independencia del Poder Judicial.
El Frente Amplio se colocó siempre de ese lado de la cancha e hizo oír su voz contra la posible creación de Secretarías de Estado con estos cometidos.
Si bien es verdad que respecto a este gobierno que el país se ha dado hemos perdido capacidad de asombro, nos llama profundamente la atención que se retome este tema que en algún momento había sido insinuado por la administración Vázquez.
El planteamiento que se realiza no está exento de “cola de paja”, con el propósito de sondear el ambiente a ver las posibles repercusiones que la idea pueda traer aparejadas.
Al menos se nos ocurre que esa es la explicación del absurdo artículo que se termina de aprobar en el Senado.
Nos resulta peligrosa la decisión porque seguramente está asociada, no puede no estarlo, por el contrario una iniciativa va de la mano de la otra, a la eventual aprobación de un nuevo Código del Procedimiento Penal que está muy madura.
El nuevo proceso supone un cambio de fondo en la intervención del Ministerio Público en las causas que le corresponden y por ende, a efectos de evitar toda injerencia del poder de turno, debería apuntarse a su máxima independencia.
Sin embargo el gobierno, que no da puntada sin hilo, comienza a mostrar sus aviesas intenciones al crear una comisión de este calibre, mientras en el parlamento dedicaremos buena parte del año a la sanción tanto del nuevo Código del Proceso Penal como del nuevo Código Penal.
De llegarse al destino que se insinúa, tendremos una doble embestida contra las instituciones y las garantías de los habitantes del país.
Una que limita la independencia del Poder Judicial y otra que fortalece la presión –ya evidente- del Poder Ejecutivo sobre los fiscales.
Que tiene además el lamentable antecedente de una denuncia realizada desde el Ministerio del Interior por el Ministro interino, ante la Suprema Corte de Justicia, contra una Jueza y una Fiscal.
Con mucho gusto y con toda nuestra fuerza acompañamos iniciativas dirigidas a la creación de ámbitos institucionales para la protección y la defensa de los derechos humanos en toda su dimensión; pero también con toda nuestra fuerza vamos a pelear contra decisiones que pretendan precisamente lo contrario esto es, limitar los derechos humanos.
Y las intenciones del actual gobierno van, lamentablemente, por este último camino a juzgar por sus propias decisiones.
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