El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para aprobar un acuerdo de contratación pública entre Chile y Uruguay. El objetivo es profundizar las relaciones tendientes a concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
Este compromiso previo “brinda certeza jurídica, consolida el acceso al mercado chileno y le permite a Uruguay adquirir bienes y servicios en condiciones de mayor competencia, sin perder autonomía en las compras públicas”, informó el portal de Presidencia.
Con la apertura del sistema a proveedores de otros países se busca mejorar el ahorro, además de que las compras de los gobiernos son instrumentos de políticas públicas también utilizados por los Estados para promover la producción y el desarrollo de bienes y servicios al interior de su territorio.
Además, se procura generar condiciones de acceso a proveedores uruguayos en las compras de otros países. Se prevé la práctica de la no discriminación y la transparencia, bases sustanciales de una política de atracción de inversión extranjera.
El acuerdo brinda mayor certeza jurídica, consolida el acceso al mercado chileno y permite al Estado uruguayo adquirir bienes y servicios en condiciones de mayor competencia, sin la pérdida de la autonomía en la capacidad de utilizar las compras públicas como una herramienta de desarrollo y le facilita a los productores uruguayos ampliar su mercado y posibilidades.
El mismo se inscribe en el marco de una política que procura profundizar las relaciones entre Uruguay y Chile, tendientes a completar dicho TLC y que fue suscripto el 22 de enero de 2009.
El mensaje remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General, reitera el ya enviado el 9 de diciembre de 2009 por el anterior gobierno.
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