El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha pasado de la defensa al contrataque ante dos escándalos que amenazan el futuro de su Gobierno presidencialista de ultraderecha. El primero, las sospechas de que su hijo Flávio, cuando era diputado por el estado de Río de Janeiro, recibía dinero ilícitamente de grupos paramilitares en barrios de la zona oeste de la capital. En segundo lugar, se acusa al ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro –el antes elogiado superjuez que encabezó la investigación anticorrupción Lava jato (lavacoches)–, de haber violado los principios de la independencia judicial. Esta acusación se basa en cientos de mensajes y conversaciones telefónicas filtrados al medio de investigación estadounidense The Intercept en las que el juez pactaba estrategias con los fiscales con el fin de sentenciar al ex presidente Lula da Silva y destruir al Partido del Trabajo (PT).
