El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha pasado de la defensa al contrataque ante dos escándalos que amenazan el futuro de su Gobierno presidencialista de ultraderecha. El primero, las sospechas de que su hijo Flávio, cuando era diputado por el estado de Río de Janeiro, recibía dinero ilícitamente de grupos paramilitares en barrios de la zona oeste de la capital. En segundo lugar, se acusa al ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro –el antes elogiado superjuez que encabezó la investigación anticorrupción Lava jato (lavacoches)–, de haber violado los principios de la independencia judicial. Esta acusación se basa en cientos de mensajes y conversaciones telefónicas filtrados al medio de investigación estadounidense The Intercept en las que el juez pactaba estrategias con los fiscales con el fin de sentenciar al ex presidente Lula da Silva y destruir al Partido del Trabajo (PT).
Hecha añicos la ya inverosímil imagen de Bolsonaro y sus tres hijos en el papel de luchadores contra la corrupción brasileña, los dos escándalos han hecho tambalear al Gobierno. Bolsonaro ya sólo cuenta con el apoyo de uno de cada tres brasileños, y el 33% califica su Gobierno de pésimo. Por esta razón, Bolsonaro no ha tardado en aprovechar dos nuevos anuncios judiciales para propinar el contragolpe.
El primer anuncio se hizo la semana pasada, cuando los fiscales detuvieron al hacker que había entregado las conversaciones privadas entre Moro y su equipo de fiscales al medio estadounidense, cuyo fundador, Glenn Greenwald, ayudó al whistleblower Edward Snowden a destapar el caso de espionaje masivo en EE.UU. en el 2013. Tras la detención del hacker, Bolsonaro amenazó a Greenwald, que reside en Río de Janeiro. “Puede acabar entre rejas”, declaró el presidente, y añadió que Greenwald sería susceptible de deportación de no estar casado con un brasileño –el diputado de izquierdas David Miranda– y tener dos hijos adoptivos.
Hecha añicos la ya inverosímil imagen de Bolsonaro y sus tres hijos en el papel de luchadores contra la corrupción brasileña, los dos escándalos han hecho tambalear al Gobierno
Pese a que Greenwald y Mirando se casaron hace 13 años, Bolsonaro tachó a los dos de “malandros” (sinvergüenzas) por haberse supuestamente casado con el fin de evitar la deportación. Es el tipo de despropósito que Bolsonaro ha convertido en un arma política. Moro, por su parte, un juez que durante sus años a la cabeza de la operación Lava jato filtraba de forma habitual información ilegalmente obtenida –hasta una conversación privada entre la presidenta Dilma Rousseff y Lula da Silva–, ya presiona para que se destruya el material obtenido por The Intercept.
Días después, el Tribunal Supremo anunció la suspensión de la investigación contra Flávio Bolsonaro y su ex asesor y chófer Fabricio Queiroz, un expolicía y amigo de la familia. El año pasado trascendió que se habían depositado en menos de un mes 48 cantidades de 2.000 reales (500 euros) en efectivo en la cuenta del hijo Bolsonaro, operaciones que parecían típicas de una trama de blanqueo de dinero. Asimismo, se descubrió el ingreso de más de un millón de reales en la cuenta de Queiroz. Los fiscales del estado de Río sospecharon que pudiera formar parte de una operación corrupta bastante común para los diputados deshonestos en Río de Janeiro, que consiste en contratar a empleados fantasma –conocidos como naranjas– que luego ingresan parte de su salario en las cuentas de los diputados.
Pero en el caso de Flávio Bolsonaro y su asesor, la práctica tiene un cariz más siniestro, ya que algunos de estos falsos empleados eran familiares de paramilitares. Una de las transferencias de dinero de Queiroz se ingresó, además, en la cuenta de Michelle Bolsonaro, la actual primera dama.
La suspensión provisional de la investigación, justificada por la decisión irregular de los fiscales de inspeccionar la cuenta de Bolsonaro sin pedir una orden judicial, ha sido aprovechada por el presidente para amenazar veladamente a los fiscales y a los medios de comunicación. “Violar el secreto bancario es un crimen (...) publicar información mentirosa también”, advirtió Bolsonaro en una conferencia de prensa la semana pasada.
Sin embargo, matar al mensajero probablemente no va a bastar para enterrar los dos escándalos. Por ilegal que fuese la decisión de los fiscales de inspeccionar las cuentas de Flávio Bolsonaro, los fiscales encontraron lo que buscaban: indicios de corrupción y vínculos con paramilitares. Asimismo, aunque el ministro Moro logre su fin de destruir el material filtrado y o incluso juzgar a Greenwald, ya está irreparablemente dañada la imagen del juez elogiado en su día por organizaciones como Transparencia Internacional.
La suspensión provisional de la investigación, justificada por la decisión irregular de los fiscales de inspeccionar la cuenta de Bolsonaro sin pedir una orden judicial, ha sido aprovechada por el presidente para amenazar veladamente a los fiscales
Las protestas tanto de los Bolsonaro como de Moro por el activismo de los fiscales y los periodistas no parecen demasiado coherentes dado el papel del caso Lava jato y los medios de comunicación en el colapso el PT y otros partidos, que allanó el camino para Bolsonaro.
Según una de las conversaciones filtradas a The Intercept, los dos escándalos se solapan. Los mismos fiscales del caso Lavacoches se mostraron preocupados por posibles conflictos de interés tras la decisión de Moro de aceptar la cartera de justicia . “Sea como fuera, el presidente no va a echar al hijo”, comenta consternado en una conversación digital Deltan Dallagnol, el fiscal más estrechamente aliado con Moro. “¿Hasta qué punto va (Jair Bolsonaro) a seguir la agenda de Moro anticorrupción si su hijo siente la investigación en su piel?”, se pregunta Dallagnol.
Una de las cosas que quedan muy claras a partir de las filtraciones es que a Sergio Moro no le ha temblado la mano a la hora de violar las divisiones de poderes en el Estado de derecho. La separación entre el fiscal y juez no existe en su filosofía de activismo jurídico. En una de las conversaciones por correo electrónico entre el juez y Dallagnol, Moro pregunta: “¿Qué te parecen estas afirmaciones locas del PT? ¿Las desmentimos?”, usando la primera persona plural como si el juez y el fiscal fueran integrantes del mismo equipo. El evangélico Dallagnol, por su parte, pide a sus fiscales investigar ilegalmente al propio presidente del Tribunal Supremo.
La ambición política del superjuez queda más clara en cada filtración. Según publicó el lunes pasado Folha de São Paulo, Moro expresó dudas en conversaciones privadas sobre la veracidad del testimonio del exministro de Hacienda de Lula António Palocci, que acusaba a Lula de estar en el centro de la trama de sobornos. Pero Moro jamás expresó estas dudas en público y decidió filtrar el testimonio de Palocci a los medios de comunicación días antes de las elecciones presidenciales. Fue un regalo para Bolsonaro y un golpe letal contra el candidato del PT Fernando Haddad. Días después Moro fue nombrado ministro.
Mientras Brasilia espera expectante las próximas noticias del medio de Greenwald, otro capítulo de la turbia historia de los Bolsonaro queda pendiente de esclarecerse en la favela de Río das Pedras, en la zona oeste de Río. Quien visite este caótico barrio colindante con las oxidadas instalaciones olímpicas en Barra da Tijuca descubrirá la presencia de los grupos de milicianos –escuadrones paramilitares formados por expolicías y bomberos– que mantuvieron tan buena relación con Fabricio Queiroz y que fueron homenajeados repetidamente por Flávio Bolsonaro. “Lo bueno de este barrio es que no vas a ver a traficantes armados como en otras favelas”, dijo al cronista el taxista, un votante de Bolsonaro.
Efectivamente, los únicos armados en Río das Pedras son los milicianos que mantienen la paz y viven de la extorsión. Gestionan parte del transporte público y acaban de montar un servicio de ferry para cruzar la laguna hasta Barra de Tijuca, donde vive la familia de Bolsonaro. Pero el negocio más lucrativo para los paramilitares es el grilagem, la apropiación de suelo público o privado y la construcción ilegal. Lo cual, por supuesto, requiere excelentes relaciones con las autoridades. Pero comprar o intimidar a un funcionario es una tarea sencilla en Río, donde tres de los cuatro últimos gobernadores permanecen entre rejas. Dos edificios de construcción ilegal se derrumbaron en abril con un saldo de cinco muertos
Río das Pedras tiene un papel clave en la investigación sobre el hijo de Bolsonaro.
Es la sede de la llamada Oficina del Crimen
Río das Pedras tiene un papel clave en la investigación sobre el hijo de Bolsonaro. Es la sede de la llamada Oficina del Crimen, una organización paramilitar especializada en realizar asesinatos a sueldo. Sus milicianos, conocidos como los intocables, han sido responsables de asesinar a 19 personas en los últimos años, por lo que cobraron hasta un millón de reales por cabeza, según el Instituto Igarape en Río, una consultora especializada en seguridad. La ultima victima de los intocables puede haber sido la concejal de izquierdas Marielle Franco, acribillada, al igual que su chófer, en marzo del 2018. Dos sicarios de la Oficina del Crimen, Ronaldo Lessa y el expolicía Élcio Vieira, salieron de Río das Pedras en un Chevrolet Cobalt la noche del crimen. Lo que no se sabe 16 meses después es quién encargó el asesinato.
Uno de los hallazgos más explosivos de la investigación sobre Queiroz y Flávio Bolsonaro es que dos familiares del capo de la Oficina del Crimen, el presunto asesino Adriano Magalhaes de Nóbrega, se encontraban en la lista de posibles empleados fantasma de Bolsonaro. Cuando trascendió que se investigaban sus cuentas bancarias, Queiroz se escondió en Río das Pedras. Para añadir más morbo a la historia, Ronald Lessa vivía en una casa de lujo en el mismo condominio que los Bolsonaro en Barra da Tijuca; se ha encontrado una foto de Jair Bolsonaro posando sonriente con Elcio Vieira; y la hija de Ronaldo Lessa era novia de otro hijo del presidente.
Hay mucho que investigar. Por eso, cuando el Tribunal Supremo anunció la suspensión provisional de la investigación, muchos se preguntaban si el Gobierno se encuentra detrás. “Está más que probado que Flávio Bolsonaro recibió en su cuenta dinero de familiares de milicianos, de asesinos del crimen organizado, y Queiroz tomó ese dinero”, anuncio en un vídeo el diputado del PT Paulo Pimenta el mes de julio. “El Tribunal Supremo ha pedido a todas las instancias del poder judicial que dejen de investigar a Flávio Bolsonaro y a Quiroz. ¿Cuál es el miedo? Estamos perplejos”.
Río das Pedras tiene un papel clave en la investigación sobre el hijo de Bolsonaro. Es la sede de la llamada Oficina del Crimen, una organización paramilitar especializada en realizar asesinatos a sueldo. Sus milicianos, conocidos como los intocables, han sido responsables de asesinar a 19 personas en los últimos años, por lo que cobraron hasta un millón de reales por cabeza, según el Instituto Igarape en Río, una consultora especializada en seguridad. La ultima victima de los intocables puede haber sido la concejal de izquierdas Marielle Franco, acribillada, al igual que su chófer, en marzo del 2018. Dos sicarios de la Oficina del Crimen, Ronaldo Lessa y el expolicía Élcio Vieira, salieron de Río das Pedras en un Chevrolet Cobalt la noche del crimen. Lo que no se sabe 16 meses después es quién encargó el asesinato.
Uno de los hallazgos más explosivos de la investigación sobre Queiroz y Flávio Bolsonaro es que dos familiares del capo de la Oficina del Crimen, el presunto asesino Adriano Magalhaes de Nóbrega, se encontraban en la lista de posibles empleados fantasma de Bolsonaro. Cuando trascendió que se investigaban sus cuentas bancarias, Queiroz se escondió en Río das Pedras. Para añadir más morbo a la historia, Ronald Lessa vivía en una casa de lujo en el mismo condominio que los Bolsonaro en Barra da Tijuca; se ha encontrado una foto de Jair Bolsonaro posando sonriente con Elcio Vieira; y la hija de Ronaldo Lessa era novia de otro hijo del presidente.
Hay mucho que investigar. Por eso, cuando el Tribunal Supremo anunció la suspensión provisional de la investigación, muchos se preguntaban si el Gobierno se encuentra detrás. “Está más que probado que Flávio Bolsonaro recibió en su cuenta dinero de familiares de milicianos, de asesinos del crimen organizado, y Queiroz tomó ese dinero”, anuncio en un vídeo el diputado del PT Paulo Pimenta el mes de julio. “El Tribunal Supremo ha pedido a todas las instancias del poder judicial que dejen de investigar a Flávio Bolsonaro y a Quiroz. ¿Cuál es el miedo? Estamos perplejos”.
Fuente: La Vanguardia
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