En esa reunión le propusieron que se sumara al Ministerio del Interior para liderar un proceso de trabajo que tendría como expresión final los operativos de seguridad que desde fines de 2017 se desplegaron en barrios de contexto crítico de Montevideo, y en las últimas semanas en Las Piedras (Canelones) y en San Carlos (Maldonado).
“Me acuerdo que conversé mucho sobre la necesidad de poner el eje en una estrategia de seguridad en los temas de la convivencia; que el foco tenía que ser intervenciones integrales del Estado. Había surgido el tema de cómo poder entender la dinámica criminal”, cuenta Leal, casi siete años después, en entrevista con El Observador. Y el desafío que ese día aceptó no sería fácil.
Por esa época, la cartera de seguridad entraba a la fuerza en barrios fuera de control, como el Cerro y el Marconi, y Leal rechazaba ese estilo de intervención. “Eran los famosos megaoperativos. Yo tenía una opinión de que eso no era la estrategia integral que hacía falta, y el Ministerio ya manejaba esa idea”, relata.
La idea se hizo carne por primera vez el 20 de diciembre del año pasado, cuando las autoridades detectaron que entre fines de setiembre y mediados de diciembre de ese año una banda de narcos llamada Los Chingas desalojó a al menos 110 familias de sus casas. Asumieron que eso debía detenerse y desalentarse enseguida.
La alarma sonó en Leal –hoy director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y coordinador de estos operativos– porque de acuerdo a una base teórica que había constatado en los últimos años, si la delincuencia percibe que algo es realizable y el Estado no responde con todo "el peso de la ley", entonces se extiende en todo el territorio. Eso es lo que pasó con los ajustes de cuenta mediante homicidios, pone de ejemplo el jerarca: se volvieron una práctica común cuando en 2012 asesinaron en el barrio Palermo al narcotraficante y representante de futbolistas Washington “Bocha” Rissoto.
Por ese motivo, entonces, se consideraba de capital importancia que en Uruguay no se naturalizara lo que ocurre en determinados países de la región.
“Si el modelo de control (narco) se consolidaba, hubiera pasado lo que ocurre en Brasil –dice Leal–. Uno va a la playa y mira para atrás, hacia arriba, y ve lo que todo el mundo sabe: que allá (en el morro) vive tal banda o el comando tal, y que nadie puede entrar”.
Feudalismo y fordismo
En barrios de Montevideo como el Marconi, cuatro o cinco años atrás, comenzaron a presentarse casos que apuntaban en la dirección de Brasil. Uno de ellos fue la asonada de octubre de 2012, que terminó con un fuerte enfrentamiento con la policía –con secuestros e incendios– en el que un joven fue asesinado. Leal vio esos sucesos como una confirmación de sus esquemas teóricos, que el sociólogo había madurado luego de más de 20 años de trabajo social en la sociedad civil.
“¿Qué es lo que había pasado? Estaba en proceso de consolidación un fenómeno donde el capo narco de ese lugar estaba instalando con mucha fuerza una lógica de señorío feudal”, explica. Y esa lógica se sostiene a través de un sistema de “control en el territorio en base a la adhesión y a la aceptación forzosa de ese servicio de protección”.
A cambio, los vecinos debían guardar silencio y los delincuentes cuidaban que no lo hicieran solamente bajo los efectos del miedo; entonces organizaban grandes comidas en Navidad, o repartían regalos de Reyes Magos para los niños.
En Casavalle, por ejemplo, cuando las ambulancias no ingresaban por la inseguridad y un niño con fiebre de algún vecino esperaba asistencia médica, aparecían en escena personajes como Mónica Sosa, la líder chinga que fue condenada a prisión en octubre por usurpación y robo de agua y energía eléctrica. “Ella y otra gente hacía entrar los taxis y los pagaba. Y cuando tenés un hijo chico enfermo y pasa eso, si sos buena gente por lo menos vas a agradecerle”, dice Leal.
Los vecinos les agradecían a alguien que mostraba que hacía mucho más por ellos que una sociedad regida por un Estado que, hasta el momento, incursionaba en los barrios con procedimientos policiales agresivos e indiscriminados. Eso, dice Leal, era nefasto porque profundizaba el silencio de los vecinos y hacía realidad una “alianza” que se daba por la vía de los hechos.
Pero el dominio necesita otra pata, y es la que el asesor de Bonomi identifica como "fordismo": la especialización de los roles: que cada delincuente delinca en lo que mejor sepa –robar autos, conseguir armas, procesar la droga, venderla– dentro de una cadena que produce el delito “en cadena”.
A las apuradas
A los dos o tres días de iniciadas las expulsiones de vecinos en Casavalle, la cartera de seguridad ya estaba enterada de lo que ocurría, en base a trabajo de inteligencia, información táctica y “diplomacia callejera” –toda una infiltración que ya tenía desarrollo desde meses atrás–. Pero el Estado no tenía aún las herramientas para darles una solución de fondo a las víctimas, que era la parte esencial de la intervención policial que estaba en ciernes.
El 10 de noviembre, cuando hacía 10 días que había comenzado a regir el nuevo sistema penal, hubo una reunión en la que Leal y todo el equipo de la cartera de seguridad le plantearon al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que no había tiempo para esperar a que, de acuerdo a la nueva ley, se pusiera en funcionamiento la Unidad de Víctimas de la Fiscalía: ya hacía varias semanas que Los Chingas, que no solo dominaban el complejo de viviendas de Los Palomares, sino todo "la zona norte de Montevideo", se sentían amos y señores de su barrio.
“Se tuvo que activar a contrarreloj el sistema de protección”, dice el sociólogo, porque la estrategia era “primero proteger a todas las familias, sacarlas de ese lugar y darles otra vivienda”. “Con todo lo que implica una movilización de esas características: fue un trabajo colosal”.
La operación policial de Casavalle tuvo por nombre Mirador –en alusión al trabajo de observación de las autoridades previo a la acción policía para identificar “quirúrgicamente” a los delincuentes– y fue la más importante de los más de 10 que le siguieron hasta la fecha: se movilizaron 600 policías que ejecutaron 68 allanamientos en simultáneo.
Persecución penal y libre albedrío
Un año después se acumularon más de 460 allanamientos y hay más de 100 delincuentes imputados en la Justicia: 81% fueron detenidos por la policía, cita Leal esas cifras con orgullo.
Sin embargo, muchos de los delincuentes fueron enjuiciados por delitos menores, como hurto de luz y agua potable –debido a las conexiones ilegales que mantenían en sus viviendas–, o por usurpación –ocupaban casas que no les pertenecían–, todo lo cual, para la Justicia, implica una pena de pocos meses.
-Cuando salgan de la prisión, y en algunos casos faltan pocas semanas, los delincuentes van a volver a los barrios. ¿Eso les genera preocupación?
-Es que en cualquier caso vuelven. A la gente que está por extorsión, que son quienes tuvieron las penas más grandes, les dieron entre cuatro o cinco años, y los que están por homicidios van a estar por muchísimo tiempo
-Pero los que cayeron por colgarse de la luz y agua fueron condenados por pocos meses.
-No, pero esos también están por usurpación. Se les suma eso, y ese es un error, porque no se comprende: nadie está formalizado solo por esos delitos, sino que son un complemento que tiene que ver con una estrategia. Tiene que ver con una lógica en la que el Estado ejerce la autoridad de una manera que no permita la situación no se vaya de las manos. ¿Van a volver? Sí, van a volver porque no hay cadena perpetua en Uruguay. Volvió (el asesino serial) Pablo Goncalvez. Obvio que vuelven. ¿Esto se va a volver a repetir? Esa es una pregunta razonable, que yo también me hago. Y la respuesta es que depende de ellos. Si estos grupos criminales vuelven a hacer lo mismo, van a tener la misma persecución penal, porque hay libre albedrío. Las personas toman sus decisiones.
-O sea que estas intervenciones no establecen una solución, sino que responden a un proceso cíclico.
-Creo que la conducta criminal es muy sensible a la persecución penal, porque también es sensible a la emulación de casos de éxito, sino mirá los cajeros. Vinieron los chilenos, les fue bien, advirtieron a mucha gente y aparecieron emuladores de todo tipo. Y cuando hay una respuesta penal organizada y contundente por parte del Estado hay gente que toma nota.
Los próximos meses dirán hasta qué punto los narcos uruguayos han tomado nota.
A los dos o tres días de iniciadas las expulsiones de vecinos en Casavalle, la cartera de seguridad ya estaba enterada de lo que ocurría, en base a trabajo de inteligencia, información táctica y “diplomacia callejera” –toda una infiltración que ya tenía desarrollo desde meses atrás–. Pero el Estado no tenía aún las herramientas para darles una solución de fondo a las víctimas, que era la parte esencial de la intervención policial que estaba en ciernes.
El 10 de noviembre, cuando hacía 10 días que había comenzado a regir el nuevo sistema penal, hubo una reunión en la que Leal y todo el equipo de la cartera de seguridad le plantearon al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que no había tiempo para esperar a que, de acuerdo a la nueva ley, se pusiera en funcionamiento la Unidad de Víctimas de la Fiscalía: ya hacía varias semanas que Los Chingas, que no solo dominaban el complejo de viviendas de Los Palomares, sino todo "la zona norte de Montevideo", se sentían amos y señores de su barrio.
“Se tuvo que activar a contrarreloj el sistema de protección”, dice el sociólogo, porque la estrategia era “primero proteger a todas las familias, sacarlas de ese lugar y darles otra vivienda”. “Con todo lo que implica una movilización de esas características: fue un trabajo colosal”.
La operación policial de Casavalle tuvo por nombre Mirador –en alusión al trabajo de observación de las autoridades previo a la acción policía para identificar “quirúrgicamente” a los delincuentes– y fue la más importante de los más de 10 que le siguieron hasta la fecha: se movilizaron 600 policías que ejecutaron 68 allanamientos en simultáneo.
Persecución penal y libre albedrío
Un año después se acumularon más de 460 allanamientos y hay más de 100 delincuentes imputados en la Justicia: 81% fueron detenidos por la policía, cita Leal esas cifras con orgullo.
Sin embargo, muchos de los delincuentes fueron enjuiciados por delitos menores, como hurto de luz y agua potable –debido a las conexiones ilegales que mantenían en sus viviendas–, o por usurpación –ocupaban casas que no les pertenecían–, todo lo cual, para la Justicia, implica una pena de pocos meses.
-Cuando salgan de la prisión, y en algunos casos faltan pocas semanas, los delincuentes van a volver a los barrios. ¿Eso les genera preocupación?
-Es que en cualquier caso vuelven. A la gente que está por extorsión, que son quienes tuvieron las penas más grandes, les dieron entre cuatro o cinco años, y los que están por homicidios van a estar por muchísimo tiempo
-Pero los que cayeron por colgarse de la luz y agua fueron condenados por pocos meses.
-No, pero esos también están por usurpación. Se les suma eso, y ese es un error, porque no se comprende: nadie está formalizado solo por esos delitos, sino que son un complemento que tiene que ver con una estrategia. Tiene que ver con una lógica en la que el Estado ejerce la autoridad de una manera que no permita la situación no se vaya de las manos. ¿Van a volver? Sí, van a volver porque no hay cadena perpetua en Uruguay. Volvió (el asesino serial) Pablo Goncalvez. Obvio que vuelven. ¿Esto se va a volver a repetir? Esa es una pregunta razonable, que yo también me hago. Y la respuesta es que depende de ellos. Si estos grupos criminales vuelven a hacer lo mismo, van a tener la misma persecución penal, porque hay libre albedrío. Las personas toman sus decisiones.
-O sea que estas intervenciones no establecen una solución, sino que responden a un proceso cíclico.
-Creo que la conducta criminal es muy sensible a la persecución penal, porque también es sensible a la emulación de casos de éxito, sino mirá los cajeros. Vinieron los chilenos, les fue bien, advirtieron a mucha gente y aparecieron emuladores de todo tipo. Y cuando hay una respuesta penal organizada y contundente por parte del Estado hay gente que toma nota.
Los próximos meses dirán hasta qué punto los narcos uruguayos han tomado nota.
De acuerdo con Layera
Cuando el director nacional de la Policía, Mario Layera, dijo a El Observador en mayo que Uruguay estaba camino a convertirse en un país parecido a algunos de Centroamérica, dominado por pandillas que controlaban territorios y en donde los marginados algún día podían ser mayoría, partía de un diagnóstico que compartía con Gustavo Leal.
“Yo hablo muchísimo con Mario, compartimos puntos de vista, y ese día dialogamos en profundidad sobre los contenidos de la entrevista", contó Leal. Y agregó: "Capaz que el ejemplo no fue adecuado, pero él conoce a Uruguay en detalle, y sabe muy bien cómo es el funcionamiento de estos grupos delictivos. Tenemos una visión compartida de cuál es el problema de seguridad en el país”.
“Yo hablo muchísimo con Mario, compartimos puntos de vista, y ese día dialogamos en profundidad sobre los contenidos de la entrevista", contó Leal. Y agregó: "Capaz que el ejemplo no fue adecuado, pero él conoce a Uruguay en detalle, y sabe muy bien cómo es el funcionamiento de estos grupos delictivos. Tenemos una visión compartida de cuál es el problema de seguridad en el país”.
Aunque Leal trabaja en el ministerio casi desde el inicio de la gestión de Eduardo Bonomi (ingresó en 2011 a la cartera), fue a partir de los operativos de realojos en Casavalle que adquirió mucha más notoriedad. Con sus críticas directas a las falencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la ejecución de algunas políticas asistencialistas, así como con su tono combativo frente a las organizaciones delictivas –incluso ante las cámaras de televisión, como cuando se enorgulleció de ser "antichorro"–, el jerarca acabó posicionándose como el policía bueno dentro de un equipo largamente bastardeado por la opinión pública.
Todo ello fue llevando a que en la interna del oficialismo se lo visualice como un proyecto de ministro del Interior en un eventual nuevo gobierno frenteamplista. Aunque todavía están lejos de detenerse en nombres para un gabinete, los dos principales candidatos del FA –Daniel Martínez y Carolina Cosse– ven en Leal una figura con la que bien podrían contar en su equipo y no dudan en resaltar su línea de trabajo dentro de la cartera cada vez que se les consulta por la seguridad.
Carlos Pazos
Hoy en día, el jerarca se define como “independiente” dentro de la orgánica del FA y mantendrá ese perfil en las internas, sin aparecer en ninguna lista, según contaron allegados al jerarca. Leal se inició en política a través del Frente Juvenil del MLN pero luego cultivó un perfil independiente en la izquierda. En las elecciones de 2014 integró la lista 711 de Raúl Sendic –tanto en las internas como las nacionales–, y unos meses después fue candidato a primer suplente de Lucía Topolansky en las departamentales que la actual vicepresidenta perdió a manos de Daniel Martínez.
El sociólogo, que integró la comisión programática del FA que elaboró las propuestas de la fuerza política en materia de seguridad y convivencia, ha conversado sobre esos temas con los precandidatos y si bien niega que alguien le haya propuesto concretamente ser ministro, sí ha manifestado que está dispuesto a aportar lo suyo en caso de encontrarse con un proyecto que comulgue con su visión.
A primera vista, parece haberlo. Tanto Martínez como Cosse han replicado el discurso de Leal respecto a la necesidad de “articular” y “coordinar” el trabajo de los distintos ministerios y agencias estatales de modo de evitar “incoherencias” entre las políticas públicas.
Consultado por El Observador, Leal dijo que no está "participando" de la campaña interna y que tiene "el foco" en las tareas del ministerio "porque son muy importantes". "He hablado con los candidatos, con Martínez y Cosse, que me han consultado sobre temas de seguridad", agregó.
Propuesta propia
El pasado lunes 8 de abril, Leal presentó ante la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) su propuesta "Más barrio, más vida", y ofreció un pantallazo de lo que, a su juicio, son las principales ineficiencias en el combate actual a la delincuencia.
“La política criminal y la política social tienen que ir de la mano, articuladas, porque el Estado es uno solo. No podemos combatir a los narcotraficantes, o a los grupos de crimen organizado que desalojan a personas a punta de pistola, y trascartón darles a esas personas asignación familiar o tarjeta Uruguay Social, y a los desalojados no porque no se los había ido a visitar. Entonces tenemos un problema”, manifestó el jerarca, según consignó Subrayado.
Leal llamó a “coordinar las bases de datos del Estado” y “defender a los que laburan”, porque “ese Estado hemipléjico que por un lado te reprime y por otro te asiste, da señales equivocadas”.
En ese sentido, pidió “aislar” a los delincuentes de los beneficios sociales. “Es muy fácil repartir pero en algún momento hay que cortar el chorro, y creo que llegó ese momento”, agregó el sociólogo, y advirtió que “hay decisiones políticas que no son simpáticas” pero que “hay que tomar”.
Por su parte, dijo que sería un error combatir la delincuencia solo con “programas sociales” y planteó realizar un “plan de impacto” con un “shock integral de acciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en al menos 25 zonas estratégicas donde viven 80 mil personas”.
Según Leal, ello implicaría una inversión de US$ 50 millones anuales durante un quinquenio. "Es decir, son US$ 250 millones para uno de los buques insignias que entiendo debería tener el próximo gobierno". Ese programa estaría liderado por Presidencia de la República y contaría con la participación de las intendencias, los ministerios del Interior, Salud, Vivienda y Desarrollo Social, el BPS, la Agencia Nacional de Vivienda, el Codicen, y Fiscalía, además de organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta fue redactada por el propio Leal para el ciclo de seguridad y convivencia que está realizando la FOEB sobre convivencia. El planteo va en línea no solo con lo que describe en forma genérica el programa del FA, sino que también es un punto en el que han insistido tanto Martínez como Cosse. La semana pasada, el socialista dijo durante una recorrida en Cerro Largo que "la seguridad es un tema que no es solo del Ministerio del Interior" y comulgó con la idea de Leal de "erradicar a los delincuentes reprimiendo a los que rompen las reglas", pero complementándolo con soluciones como "plazas públicas" para que la gente pueda "convivir y trabajar en paz".
Pocos días después, Cosse se pronunció en un mismo sentido. "Seguridad no es un tema del Ministerio del Interior, es de un equipo multidisciplinario. Centremos los temas y alrededor de eso generemos proyectos", dijo la precandidata.
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