Cada vez que hablamos de inversión social, de programas sociales, de acceso a derechos, nos encontramos con voces disidentes desde la derecha. Es que es notorio que hablamos en distintos idiomas; y curioso, cuando sus políticas llevaron al país a tener un 40 % de la población bajo la línea de pobreza.
Cuando desde la izquierda se presentan datos concretos y contundentes sobre resultados, la oposición habla de costo-beneficio, de premio-sanción en una lógica de mercado. El Frente Amplio promueve las políticas sociales desde la perspectiva de derechos, en tanto imperativo político, ético y legal. Es por ello que estas instancias se hacen particularmente difíciles para el diálogo, y así quedó demostrado el jueves por los miembros de la Comisión que increparon a la Ministra.
El MIDES respondió a cada pedido de informes que se realizó desde el parlamento pero hoy nuevamente se cuestiona un presupuesto que está destinado en un 81 % a transferencias y servicios directos a las personas. Se cuestiona un Ministerio que con sus políticas de despliegue territorial llegó a esos uruguayos que antes no existían para el Estado, esos que engrosaban las filas de la pobreza y la indigencia, víctimas de las políticas neoliberales de los 90´.
Los resultados de las políticas sociales son visibles, y aunque falta mucho por hacer, ya ningún sector puede desconocerlos. A pesar de ésto, el MIDES responde seguido a pedidos de informes e interpelaciones, se somete a auditorías externas y a evaluaciones de distintos organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Las pocas observaciones realizadas por la Auditoría Interna se tomaron en cuenta y se modificó lo necesario en ese sentido. En el caso del Tribunal de Cuentas, las observaciones se realizaron por “Principio de ejecución”, que implica que por la urgencia de la ejecución de un programa para la población, comienza su ejecución luego de la licitación pero sin haber culminado los trámites administrativos. La otra observación realizada está en proceso de levantamiento porque se trata de la ejecución a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo; a través de la Ley 19.355 se habilita esta contratación por el Ministerio.
Datos concretos
La inversión en políticas sociales destinada a los sectores más vulnerados se divide en distintos programas ministeriales e interinstitucionales, que abordan diversas causas de la desigualdad.
El equipo ministerial presente en la sala el jueves, respondió algunos cuestionamientos de los diputados de la oposición, pero también recordó estos programas, y quiénes son sus beneficiarios. Es decir, se habló nuevamente de en qué gasta el presupuesto el Ministerio.
Durante el año 2016 más de 8500 personas participaron de programas de inserción laboral en distintas modalidades, de capacitación, para jóvenes y adultos. 3.500 de esas personas lo hicieron a través de cooperativas sociales, tan cuestionadas por su visión de izquierda del mundo del trabajo.
En este mismo sentido, a través de programa Jóvenes en Red, del que participaron 6824 jóvenes, 38 % obtuvo a través de él inserción al mundo del trabajo; y 63, 1 % a la educación.
En el caso de las situaciones de extrema pobreza, actualmente se trabaja en un plan de atención integral, pero durante el 2016 se trabajó con 10.562 personas en esta situación. También se ampliaron los cupos de refugios, llegando a atender a 3.600 personas durante el año.
El MIDES también destina su presupuesto a otros programas: Atención a la Vejez; Servicios y ayudas técnicas a personas con discapacidad; Atención temprana a embarazadas y menores de 4 años; Atención a situaciones de violencia basada en género.
En el abordaje de las SVBG, el MIDES tiene 19 servicios en todo el país, en los que se atendió a 2.193 mujeres y se recibió 9.884 consultas.
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