El motivo de la solicitud de audiencia son los incumplimientos del Estado Uruguayo para la implementación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Para solicitar la audiencia ante la Corte, la Coalición ha expresado que:
“Luego de un largo proceso de elaboración, consulta a los distintos actores y debate público y legislativo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es aprobada y promulgada el 29 de diciembre de 2014 con el número 19.307.
Si bien la Ley a partir de su promulgación tiene plena vigencia, para ser aplicada en toda su magnitud deben ser creados y designados los organismos que la instrumentan: el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), a la vez que algunos artículos deben ser reglamentados, lo que, de acuerdo a la propia ley, debió hacerse en los 120 días siguientes a ser promulgada.
A la fecha, a más de dos años de su plena vigencia, el Poder Ejecutivo aún no ha nombrado al CHASCA, tampoco al Presidente del CCA ni reglamentado la ley. En el caso de la Asamblea General del Poder Legislativo aún no ha nombrado a los cuatro miembros restantes del CCA.
A esta situación de por sí grave, se suma que se detuvo el proceso de transición digital, lo que ha significado que cayeran -por distintos motivos- las dos nuevas frecuencias de televisión digital terrestre (TDT) comerciales que se habían otorgado después de un proceso transparente con participación de distintos actores, quedando solo transmitiendo señal pero sin contenidos la frecuencia comunitaria otorgada a la central de trabajadores, PIT-CNT.
La demora en la implementación de la Ley N°19.307 ha producido además un retroceso respecto a la situación anterior, ya que dejaron de aplicarse mecanismos previos que, por ejemplo, garantizaban una mayor transparencia y participación social en la asignación de frecuencias radioeléctricas y aún no se aplican los establecidos en la ley.
Tanto esta demora como la detención de la transición digital constituyen, a nuestro juicio, factores que afectan fuertemente la libertad de expresión en el país, incumpliendo los estándares interamericanos promovidos por la Comisión y su Relatoría.”
Con la esperanza que la representación gubernamental en la audiencia tome debida nota de los reclamos y que los organismos denunciados den los pasos necesarios para implementar la ley plenamente, reafirmamos nuestra voluntad de seguir defendiendo el derecho a la información y la libertad de expresión, conforme a los estándares interamericanos.
Con la esperanza que la representación gubernamental en la audiencia tome debida nota de los reclamos y que los organismos denunciados den los pasos necesarios para implementar la ley plenamente, reafirmamos nuestra voluntad de seguir defendiendo el derecho a la información y la libertad de expresión, conforme a los estándares interamericanos.
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