El régimen de Nicolás Maduro parece avanzar en el diseño de una oposición a su medida. Obligado por la condena internacional que supuso el autogolpe promovido por el Tribunal Supremo de Justicia mediante dos polémicas sentencias, y el patético estado de la economía, el régimen luce obligado a no seguir posponiendo la fecha de las elecciones de gobernadores, que debieron celebrarse en diciembre de 2016, y de no retrasar con argucias legales los comicios presidenciales de diciembre de 2018. Esta semana el presidente Nicolás Maduro reconoció que en 2018 habrá elecciones en Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral, que responde a los intereses del régimen de Caracas, ha justificado la posposición con el argumento de que los partidos de la oposición están renovando su nómina de militantes. Sólo cuando este proceso culmine, en el mes de junio, se celebrarían los comicios para renovar a las autoridades de los 23 estados. La tardanza juega a favor de los intereses del gobierno, que se encomienda al milagro del rebote de los precios petroleros y a la herencia del fallecido Hugo Chávez para intentar remontar en las encuestas.
El jueves Capriles había denunciado que había sido multado por la Contraloría con el equivalente a diez dólares por reconducir el presupuesto de la gobernación del estado de Miranda, cargo que ocupa desde 2008. La Contraloría General de la República lo había citado en enero para que respondiera a una investigación iniciada por ese despacho en septiembre de 2016. Capriles dijo entonces que el gobierno apostaba a su inhabilitación y temía que la notificación llegara en cualquier momento. Ese momento ha llegado.
El excandidato presidencial también estaba en la mira del gobierno. En enero la gobernación de Miranda fue mencionada por el diario The Wall Street Journal como uno de los beneficiados en la trama de sobornos que llevó adelante la constructora brasileña Odebretch en América Latina. El Frente Anticorrupción, una ONG vinculada al chavismo, había solicitado entonces a la fiscalía una medida cautelar que le impidiera gravar y enajenar sus bienes. En su defensa Capriles argumentó que los contratos con Odebretch se habían firmado durante la gestión de su antecesor en el cargo Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, quien también aparece mencionado en las actas del Lavajato.
Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, el partido de Capriles, ha afirmado que su inhabilitación es la prueba de que en Venezuela rige una dictadura. La medida parece haberle dado a la base opositora nuevas razones para movilizarse el sábado en Caracas. Los detalles aún no se conocen
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