Maikel José Moreno Pérez, un polémico magistrado y ex oficial del servicio de inteligencia, fue elegido este viernes por unanimidad como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La designación ha generado un revuelo en este país caribeño por el pasado del abogado.
Hasta hace una semana, Moreno, presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, ratificó la condena del encarcelado Leopoldo López, exalcalde del municipio capitalino Chacao, de casi 14 años de prisión por su participación en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro ocurridas en 2014 y en las que murieron 41 personas.
Pero el pasado del presidente del Supremo es el que ha provocado estruendosas críticas. Moreno, que sustituye a la abogada Gladys Rodríguez, es acusado de haber asesinado a una mujer en el Estado de Bolívar (sur de Venezuela) en 1987. En esa década trabajaba como oficial de la policía política venezolana, ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y estuvo dos años en prisión por este crimen.
Tras conseguir un beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, Moreno fue relacionado con el homicidio de Rubén Gil Márquez, sucedido durante una balacera en Caracas en 1989. Esta vez no fue hallado culpable por las autoridades venezolanas, pero fue retirado de su cargo como oficial de seguridad.
Su cuestionada fama resucitó en el Gobierno de Hugo Chávez. Moreno ya había abandonado la policía política para convertirse en un abogado del Ministerio Público. En 2007, el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, un prófugo de las autoridades venezolanas, señaló al actual presidente del Supremo por participar en una organización, denominada La banda de los enanos, que supuestamente opera en el sistema judicial de este país sudamericano y sumergida en varios casos de corrupción. Pero esta denuncia fue desestimada por la Fiscalía.
Moreno es un hombre de peso en el chavismo. Este abogado fue designado agregado comercial de Caracas en Roma, tras ser destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional del TSJ en 2007. Ahora, el nuevo presidente del Supremo ha jurado acabar con la impunidad en Venezuela. “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”, declaró.
El jueves, el diputado opositor Lester Toledo, actualmente perseguido por el Gobierno venezolano, había denunciado que Moreno estaba en trámites para obtener la ciudadanía italiana. “Hemos pedido con fuerza a las autoridades (italianas) que tienen que negar la nacionalidad al magistrado Maikel Moreno, porque el primer requisito que pide cualquier país para otorgar la nacionalidad es no tener antecedente penales y este señor los tiene de sobra: juzgado por homicidio y un violador de derechos humanos”, dijo.
La designación de Moreno puede suponer una jugada extremista del chavismo en la pugna entre el Supremo y el Parlamento de Venezuela.
Desde la elección de la oposición en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, se han invalidados las decisiones de los diputados. Los adversarios del Gobierno temen que el nuevo presidente del TSJ pueda dar un zarpazo para fulminar al Legislativo.
Hasta hace una semana, Moreno, presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, ratificó la condena del encarcelado Leopoldo López, exalcalde del municipio capitalino Chacao, de casi 14 años de prisión por su participación en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro ocurridas en 2014 y en las que murieron 41 personas.
Pero el pasado del presidente del Supremo es el que ha provocado estruendosas críticas. Moreno, que sustituye a la abogada Gladys Rodríguez, es acusado de haber asesinado a una mujer en el Estado de Bolívar (sur de Venezuela) en 1987. En esa década trabajaba como oficial de la policía política venezolana, ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y estuvo dos años en prisión por este crimen.
Tras conseguir un beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, Moreno fue relacionado con el homicidio de Rubén Gil Márquez, sucedido durante una balacera en Caracas en 1989. Esta vez no fue hallado culpable por las autoridades venezolanas, pero fue retirado de su cargo como oficial de seguridad.
Su cuestionada fama resucitó en el Gobierno de Hugo Chávez. Moreno ya había abandonado la policía política para convertirse en un abogado del Ministerio Público. En 2007, el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, un prófugo de las autoridades venezolanas, señaló al actual presidente del Supremo por participar en una organización, denominada La banda de los enanos, que supuestamente opera en el sistema judicial de este país sudamericano y sumergida en varios casos de corrupción. Pero esta denuncia fue desestimada por la Fiscalía.
Moreno es un hombre de peso en el chavismo. Este abogado fue designado agregado comercial de Caracas en Roma, tras ser destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional del TSJ en 2007. Ahora, el nuevo presidente del Supremo ha jurado acabar con la impunidad en Venezuela. “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”, declaró.
El jueves, el diputado opositor Lester Toledo, actualmente perseguido por el Gobierno venezolano, había denunciado que Moreno estaba en trámites para obtener la ciudadanía italiana. “Hemos pedido con fuerza a las autoridades (italianas) que tienen que negar la nacionalidad al magistrado Maikel Moreno, porque el primer requisito que pide cualquier país para otorgar la nacionalidad es no tener antecedente penales y este señor los tiene de sobra: juzgado por homicidio y un violador de derechos humanos”, dijo.
La designación de Moreno puede suponer una jugada extremista del chavismo en la pugna entre el Supremo y el Parlamento de Venezuela.
Desde la elección de la oposición en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, se han invalidados las decisiones de los diputados. Los adversarios del Gobierno temen que el nuevo presidente del TSJ pueda dar un zarpazo para fulminar al Legislativo.
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