Hace casi un siglo Uruguay creó -dicho sin ningún chauvinismo- el
registro ciudadano y el régimen electoral más garantista del mundo, que
produjo actos electorales plenamente confiables. Para ello creó un Poder
del Estado, la Justicia Electoral, a cuyo frente está la Corte
Electoral, que no es como se dice erroneamente un "organismo de
contralor".
Al cabo de esta centuria, el
régimen cruje y está en su etapa final. Se requieren urgentes y
profundas modificaciones legislativas y un cambio de mentalidad y
tecnología en la Justicia Electoral, que no pasa por el voto
electrónico.
Lo más grave es que comienzan a
fallar las garantías electorales. En las últimas elecciones
departamentales desaparecieron casi 77 mil votos (1) . La diferencia
entre los votos a los partidos, los votos en blanco y los nulos, la suma
de todo ello da casi 77 mil votos menos que el total de votantes (2).
Nadie puede asegurar a ciencia cierta y fuera de toda duda que el Frente Amplio ganó la Intendencia de
Río Negro, cuando los votos faltantes son más que la diferencia con el
Partido Nacional. Nadie se inmutó, poque es tal la confiabilidad, que se
hace una acto de fe en el sistema.
En
cualquier país latinoamericano o de Europa del Este esto hubiese
provocado gigantescos incendios. En 2014 la mayoría parlamentaria la
obtuvo el Frente Amplio por menos de seis mil votos y en 2004 no hubo
balotaje por menos de 10 mil votos ¿Qué pasa en 2019 si la Presidencia,
el balotaje o la mayoría parlamentaria se disputan por un puñado de
votos, inferior a los votos que faltasen? ¿Quién se imagina qué pasa con
la base fundamental de la democracia, que es el voto y la confiabililidad en el voto?
No
se puede admitir más que las actas de escrutinio en las mesas de
votación no cierren; que no coincidan los sobres, las tirillas y las
diversas categorías de voto entre sí, y con el total de votantes. No se
admiten más las largas colas para votar en circuitos que reciben la
tercera parte de votantes de lo que se recibe en Galicia.
La
fenomenal lentitud del conteo de votos. La selección de hojas de
votación no es equitativa, mucho más si se exhiben en bolsas enganchadas
a los débiles tabiques que se inventaron ultimamente. El trámite en
papel para justificar haber votado porque no esta digiltalizada la lista
ordinal de votantes.
Los locales de votación son
en muchos casos inadecuados, y nadie entiende por qué deben cambiar de
elección tras elección, y hasta en el mismo año. En la Europa
desarrollada los ciudadanos tienen escrito en su documento electoral el
lugar donde van a votar siempre, año tras año.
En
tiempos del twitter la sociedad no tolera recibir los resultados a
ritmo de carretas tiradas por bueyes. Mucha gente no es consciente que
el sistema ha sobrevivido gracias a las tan facilmente criticadas
proyecciones de escrutinio de institutos privados, gracias especialmente
a las del Instituto y la de nuestro colega desaparecido Luis Eduardo
González.
Nadie sabe si en el futuro habrá
recursos privados, como hubo hasta ahora, para hacer ese trabajo que es
obligación del Estado y termina en exigencia a la Corte Electoral. No se
justifica que a más de tres horas de cerradas las urnas no haya un
conteo preliminar oficial del 99% de las mesas. Uruguay es una de la
docena de democracias plenas de partido del más alto nivel en el mundo, y
en todas las demás hay datos oficiales preliminares en menos de tres horas.
En
un país donde todo el mundo es inscripto al nacer y documentado al
nacer o al reconocer u obtener la ciudadanía, es innecesaria la
inscripción cívica y la duplicación de documentos. Y falta un Registro
Nacional de Domicilios, único. Y hay que cambiar muchas cosas más de
competencias de la Justicia Electoral, de organización de la misma, de
contralor de los partidos políticos y en particular de las agrupaciones
partidarias, de trasparencia en las campañas electorales.
Y hay que regular la difusión de encuestas, de opinión pública y
también de datos gubernamentales como desempleo, inflación, actividad.
Hay que regular el uso de los mecanismos públicos -nacionales,
departamentales o municipales- de publicidad electoral más o menos
encubierta.
Hay que controlar el financiamiento
de los partidos y de las campañas electorales. Hay mucha tela para
cortar.Todo ello requiere en primer lugar de leyes que se dicten y
aprueben en plazos vertiginosos, que estén promulgadas no más allá de
octubre de este año.
La dilación producida
desde el 14 de diciembre para designar la Corte Electoral sobre el cual
ya había un acuerdo básico, el quid pro quo de un organismo por otro,
hace temer que el trámite de la o las leyes se entorpezca por mil
motivos, que se condicione aprobar las leyes electorales a votos en la
Rendición de Cuentas o en quién sabe qué cosa, que se aten tornillos con
zapallitos, y se llegue a 2019 con la misma estructura, las mismas
normas, para volver a los mismos problemas.
A
esta altura parece sensato no cambiar la conducción de la Corte
Electoral. Se podrán cambiar algunas personas que responden a partidos,
pero en la Presidencia es deseable que continúe José Arocena, que sin
que ésta fuese su materia ha hecho avances importantes teniendo como
única arma un tenedor, y exhibe una formidable capacidad de gestión y
creatividad; y de cuya neutralidad y equidistancia nadie duda.
Me
resulta necesario resaltar el inmenso honor que significa haber
recibido el pedido de presidir la Corte Electoral que me formularan el
Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido
Independiente, al que luego se sumó el apoyo del Partido de la Gente y
de Unidad Popular; que constituyen la totalidad de la representación
parlamentaria.
Como se me hizo saber, en todos
los casos se valoró especialmente la trayectoria académica de varias
décadas como profesor y catedrático de Sistema Electoral, Régimen
Electoral Nacional y Comportamiento Electoral de la Universidad de la
República; y se expresó la confianza en mi absoluta independencia y
equidistancia de todos los partidos. Y la convicción de que era la
persona adecuada para liderar un imprescindible y profundo proceso de
cambio en la Justicia Electoral y en el Régimen Electoral Nacional.
Debo
apreciar sobremanera el cariño trasmitido por muchos líderes y
negociadores, amigos de muchísimo tiempo, y la resignada decepción por
mi renunciamiento.
Antes, durante más de diez años, recibí
constantes pedidos, reclamos, amigables presiones, para que aceptase
presidir la Corte Electoral. Y durante todos esos años me negué, para no
abandonar mi labor profesional y quizás- sin ser del todo consciente-
para no perder mi independencia de pensar y decir lo que uno considera
conveniente o necesario.
Hace tres meses,
entre el 9 y el 14 de diciembre, apenas llegado de presenciar el
trascendental referendum italiano, fue cuando arreciaron los pedidos, la
trasmisión de confianza y la exigencia de aceptación para emprender ese
proceso de cambio. Acepté en el entendido que en pocos días, antes de
fin de año, se efectuaba la elección.
Luego
llegaron las postergaciones, el sorprendente condicionamiento de unir la
designación de la Corte Electoral a un acuerdo sobre la Suprema Corte
de Justicia, la comedia de enredos, desprolijidades, torpezas, y la
necesidad de decir basta.
Cada uno elige su
camino. Y el camino elegido por mí fue no ir a un cargo de cualquier
manera ni por cualquier procedimiento. Así vuelvo al camino propio que
transito desde hace tres décadas. Retorno a pleno a mi actividad en el
Instituto Factum, al análisis político, la cátedra universitaria, la
labor académica internacional y los estudios de opinión pública. Recobro
la plenitud de mi independencia.
1- Ver 10 de mayo: el misterio de los votos faltantes y la caída de todos los partidos, mayo 22 de 2015 y
El swing electoral del 10/05, El Observador, mayo 24 de 2015, ambos en Factum Digital, www.factum.uy
2-
En realidad se supone que esos casi 77 mil votos fueron emitidos
exclusivamente para Municipios ("Alcaldías") y en blanco para gobierno
departamental ("Intendencias")
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