JUSTICIA PARA LOS GURISES MUERTOS EN TOLEDO

El pasado 25 de octubre, tres jóvenes de entre 20 y 27 años perdieron la vida en el acto en una explosión en un depósito de fuegos artificiales. Un cuarto superaría ese trance con heridas de tal magnitud que provocarían su muerte dos días después. Frente a la empresa Meteoro de Toledo, los familiares de los jóvenes erigieron un altar y allí dejan palabras para los cuatro fallecidos.


A semanas del accidente, el abogado de la familia de Adrián Yanibelli (joven de 27 años que falleció dos días después en el hospital, y que tenía un hijo recién nacido) anunció que presentaría una denuncia contra la empresa, entendiendo que hay elementos para tipificar homicidio culpable.

Según publica el diario El País, el Servicio de Material y Armamento del Ejército tiene constancia de la existencia en esa zona de los depósitos de 4 de las 7 empresas mayoristas de fuegos artificiales que operan en Uruguay.

Una era Meteoro, clausurada por el Ministerio de Trabajo desde la tragedia, y las otras son Júpiter, Monster y Rojao. El matutino consigna que ninguna de las 4 tiene habilitación de la Intendencia de Canelones porque ninguna cuenta con el visto bueno de Bomberos.

Natalia Brener, directora de Arquitectura de la comuna, dijo al matutino que se suspendió la actividad en los tres depósitos hasta tanto culminen el trámite de habilitación de Bomberos.

PIT-CNT. En la pasada jornada comenzó a circular una gráfica elaborada por la central sindical, en la que aparecen las caras de los cuatro trabajadores, sus edades, y dice “muertos por la negligencia e irresponsabilidad de la empresa METEORO (Trick Ltda.) que a pesar de las denuncias de FUECYS y del alcalde de la localidad de Suárez no regularizaron las condiciones de seguridad del galpón de fuegos artificiales de Toleto, que funcionaba sin habilitación de Bomberos ni de la Intendencia de Canelones y terminó siendo una trampa mortal para estos cuatro jóvenes trabajadores”.

En 2012 el sindicato Fuecys había presentando un informe, realizado cuando parte del personal se acercó al PIT-CNT, con la colaboración de una técnica prevencionista de la empresa y un promotor de salud ocupacional del sindicato.

El informe señalaba que había algunos extintores en el lugar pero no eran de fácil acceso, y que ni los extintores, ni las salidas de emergencia estaban señalizadas. Incluso algunas vías de escape estaban obstruidas por el material almacenado.

Tampoco había sensores de humo ni alarmas de incendio, según recoge el diario El País.

Actualmente pesan sobre la empresa dos demandas penales y una civil por US$ 500.000.