ONU: DISMINUYE APORTES A URUGUAY

La reducción de los aportes de las agencias de las Naciones Unidas (ONU) cayeron un tercio para este próximo quinquenio en relación al quinquenio anterior  de US$ 15,5 millones a US$ 10 millones.
Esto es el resultado del hecho que desde 2013 Uruguay es un país de renta alta según la clasificación que realiza la OCDE, con datos del Banco Mundial.


El organismo internacional coloca en este escalafón a las naciones cuyo producto bruto interno per cápita está por encima de los US$ 13.000 al año. Y en 2015 el país superó los US$ 16.000. Este discernimiento fue necesario cuando los países desarrollados optaron por donar el 0,7% de su PBI a los "más pobres".

Papá ONU también debió establecer un criterio para repartir el dinero entre los países y tomó como base la clasificación de la OCDE. Esta necesidad de priorizar queda más expuesta ahora, cuando se está dando la crisis de refugiados más grande desde la Segunda Guerra Mundial.

Varios países, entre ellos Uruguay, discrepan con que la cooperación internacional esté sujeta a la renta. Es una discusión similar a cuando se medite la pobreza por los ingresos del hogar. Algunos académicos insisten en que hay factores de desarrollo humano que pesan tanto como el dinero. Incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es uno de los abanderados entre quienes toman en cuenta otros indicadores. Esta agencia es una de las promotoras del concepto de grupos "vulnerables" que sirve para englobar a aquellas personas que, si bien no son pobres formalmente, están en peligro de serlo.

"La cooperación internacional debería ser más integral, sin mirar a los países por su renta", dice Andrea Vignolo, directora ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Este organismo que depende de Presidencia y releva el intercambio multilateral desde 2010, trabaja junto a Chile y Antigua y Barbuda en un nuevo concepto de cooperación.

Este nuevo escenario supone que parte de la cooperación no se traduzca en dinero, sino en apoyo técnico. La ONU, por ejemplo, tiene 17 agencias que cooperan con el país pero "muchas no tienen programas específicos sino especialista en áreas, ese es dinero que no se cuantifica ni aparece en los balances de cooperación", explica Gonzalo Kmaid, especialista de coordinación en la Oficina de la Coordinadora Residente. Prueba de ello es que la ONU tiene 170 funcionarios en Uruguay y otros "tantos" como consultores.

Una muestra práctica fue la transformación del sistema carcelario. El entonces relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, había advertido en 2010 sobre la alarmante situación de los centros de reclusión uruguayos. La mayor cantidad de dinero para revertir la situación la puso el gobierno nacional, pero la ONU dio instrucciones de cómo y en qué invertir y cómo modificar las normativas vigentes. Esto también corre para otras formas de reclusión como los centros psiquiátricos y de menores en conflicto con la ley.

Otro ejemplo es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una iniciativa que surgió en una actividad en Artigas y que derivó en que hoy existan 19 áreas donde se controla el medio ambiente y la replantación de flora nativa. El PNUD donó US$ 50 mil, un aporte que es "apenas un grano de arena" en el global, dice Kmaid. Pero sí volcó el conocimiento y la estrategia.

Prueba de que el principal responsable ante un proyecto es el gobierno, es que para el próximo quinquenio el Estado volcará US$ 89 millones de los US$ 147 que implican los 71 proyectos de ONU en el país. La sede central destinará US$ 10 millones y los restantes otros cooperantes.
Buena letra.

Ser parte de la ONU es como estar afiliado a un club: uno obtiene los beneficios pero también debe pagar una cuota. Uruguay, en ese sentido, es un "buen pagador" y este año destinará a la sede central US$ 1.997.937. Cifra que asciende a US$ 3.429.544 si se tienen en cuenta otros organismos que dependen de ONU. En cualquiera de los casos el monto es muy inferior a la ayuda que obtiene a cambio.

"Uruguay tiene una buena merecida fama en Naciones Unidas. Es el proveedor per cápita más importante de efectivos para misiones de paz y ha respetado los tratados internacionales". Sentada en un coqueto despacho en la calle Paraguay, donde una vez fueron las oficinas de Montes del Plata, la coordinadora residente de ONU Denise Cook no escatima en elogios para el país.

El buen accionar de los gobiernos uruguayos post-dictadura permitió que las decisiones de cómo repartir el dinero sea acordada entre la ONU y los profesionales uruguayos. Hace una década el organismo internacional imponía cuáles debían ser los proyectos, las prioridades y las metas. Hoy los criterios se debaten en conjunto. Al menos esa es la idea, aunque no se ajusta al 100%.

Para Vignolo, sería bueno que exista "más cooperación para la educación", pero no es donde se vuelcan más recursos. El cambio climático y las cuestiones de género "son la moda".

Es que según Cook la ONU aporta la mirada exterior, analiza las características del país y las tendencias mundiales para aconsejar si hay que tomar tal o cual política pública. Es lo que viene haciendo, a través del Fondo de Población, respecto al embarazo en adolescentes. Uruguay tiene uno de los peores índices y no da tregua, cuando según otros indicadores no debería tenerlo.

Este Fondo de Población permitió que el Ministerio de Salud pudiera adquirir miles de preservativos, así como las Organización Mundial de la Salud, otro organismo de ONU, favoreció la compra de vacunas a precios más bajos.

Esta visión largoplacista que intenta aportar la ONU hizo que algunas de sus agencias no sean parte del recorte y, por el contrario, amplíen su capital. Unicef es el caso más sobresaliente. En 2012, cuando los montos eran mayores para todas las agencias, se llevaba el 13% de la partida. Y ahora supera el 14%.

Sucedió que Unicef viene observando que la pobreza en Uruguay está más concentrada en la infancia. La situación supone un doble problema: el primero respecto al desarrollo de esos niños y el segundo sobre cómo afrontar el futuro del país en que la población va envejeciendo y esos niños serán la población activa que financie a los pasivos.
Uruguay 2030.

El año pasado Uruguay asumió ser parte de los objetivos de Desarrollo Sostenible para dentro de 15 años. El desafío supone, entre otras cosas, universalizar la educación secundaria. "Cuando la meta era la universalización en Primaria, no había mayores dificultades", dice Cook. "Pero ahora es cuando el país deberá destinar más inversión y más eficiente".

La buena señal que trae este compromiso es que ahora el propio gobierno audita los proyectos y no solo la ONU. Desde 2013 existe un Registro Nacional de la Cooperación Internacional, aunque "aún no se recibe información de la totalidad de instituciones (públicas) ni de todas las variables", explica Vignolo.

"Por ahora los proyectos que se hacen con Naciones Unidas tienen buen cumplimiento y el dinero se destina para lo que fue pensado", explica Kmaid.

La coordinadora residente aspira a que Uruguay siga los consejos y la desaceleración económica no afecte áreas claves. En este sentido, Cook advierte que "la calidad del agua es central y debe haber énfasis en el estado de la cuenca del Santa Lucía".

El país debe asumir que mientras pueda mantenerse solo, el dinero de la cooperación tradicional seguirá bajando. La prioridad de ONU, dice Kmaid, "hoy está en lo que sucede en África y Asia".