UBER: EN QUE ANDA ESTE TEMA

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez enfatizó ayer que varios abogados y organizaciones que regulan Internet le recomendaron no bloquear la aplicación. “Está descartado por varios lados la posibilidad de cortar la aplicación”, afirmó el jefe departamental. Agregó que la Intendencia de Montevideo no aplicará dicha medida porque “sería una irresponsabilidad absoluta”. 

En tal sentido, la posibilidad de cortar la aplicación “está descartada por varios lados”, aseguró Martínez. Afirmó que ha recibido argumentos en contra tanto desde su equipo de juristas, como desde las organizaciones internacionales que regulan Internet. “No lo vamos a hacer, sería una irresponsabilidad absoluta. No tenemos respaldo legal, bloquear la aplicación sería actuar como China”, sentenció. Martínez dijo que su administración “continúa pensando que la ley es el paso como para poder negociar, porque en casi todas las ciudades del mundo se ha negociado”.

La figura del arrepentido

La propuesta del diputado Walter De León (MPP) por el cual propone utilizar las figuras del testigo colaborador y el usuario arrepentido para identificar y sancionar a los choferes de la empresa Uber no tuvo eco en la propia bancada oficialista. El legislador propuso en su iniciativa que las autoridades departamentales o nacionales le otorguen un premio, a quien denuncie a una unidad de Uber, el que no podrá ser inferior a 150 Unidades Reajustables (UR), unos 138.000 pesos. El diputado Sebastián Sabini escribió en las redes sociales que el proyecto del “usuario arrepentido” no lo presenta el MPP sino que es una propuesta concreta del diputado De León. “En lo personal no lo comparto”, aclaró. De León presentó su proyecto de Ley ante la Comisiónde Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, donde no contaría con las mayorías para resultar aprobado. De todos modos, desde el Frente Amplio se maneja la posibilidad de presentar una propuesta alternativa.

“Cada uno tiene libertad de expresar sus ideas y serán discutidas con todo respeto. No quiero demonizar, quiero ser respetuoso”, respondió el intendente.

Ante las críticas, el diputado de San José se defendió. Dijo que lo criticaron porque la propuesta “es una innovación”. Adujo que el usuario de Uber “se arrepiente de participar de algo que está evadiendo la seguridad social, perjudicando a la economía y al resto de los ciudadanos.” Consideró que el pago que recibiría este usuario por informar de la actividad de Uber “es un premio por buen ciudadano”.

Proyecto alternativo

El diputado José Carlos Mahía elaboró un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las plataformas informáticas en nuestro país. A través del mismo establece derechos y obligaciones para las empresas que utilizan una aplicación (APP) para prestar un determinado servicio, y establece a los organismos públicos la potestad de intervenir y de recurrir a la Justicia cuando se constate una irregularidad.

El proyecto pretende generar las condiciones para el desarrollo de la economía digital, teniendo en cuenta el desarrollo de las inversiones privadas pero también el respeto de las reglas de juego y las normativas nacionales y departamentales vigentes. “Creemos que Uruguay debe seguir apostando a los empleos de calidad, que pasan fundamentalmente, porque quien invierta en nuestro país, lo haga en condiciones adecuadas. Que eso nos permita llevar adelante una propuesta, para que Uruguay siga siendo un país de avanzada en economía digital pero que al mismo tiempo respete las normas vigentes”, indicó el legislador.

La iniciativa tiene la finalidad que estos medios electrónicos no se utilicen para eludir los marcos legales vigentes, y sí para generar mejores oportunidades y mayor desarrollo de la economía.
El proyecto de ley plantea a los distintos organismos que ejecuten las normas que tienen bajo su tutela. Mahía, explicó que actualmente las instituciones estatales no sienten que lo mandate una ley específica para actuar, por lo tanto el proyecto que presenta el diputado establece el mandato para intervenir en caso de irregularidad.

El proyecto contempla a su vez habilitar al Banco Central del Uruguay la posibilidad de intervenir dando paso a la Justicia previamente. “Con este tipo de redacción minimalista se puede avanzar”, acotó el legislador. Alertó que la economía digital llegó para quedarse y que está socialmente cada vez más asociada. “Lo que nos interpela, es cómo el Estado regula estas nuevas actividades, cómo impactan con el resto de la economía”, señaló.

El proyecto elaborado por Mahía consta de siete artículos. Fue presentado a integrantes de la comisión parlamentaria especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, y al Poder Ejecutivo.

Los dos primeros se centran en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (Uber o las que sean que puedan aparecer en un futuro).

El artículo tercero establece el principio de equivalencia y el régimen jurídico a aplicar estableciendo que a los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro (entiéndase medios tradicionales).

En ese marco el artículo cuarto define que tanto las relaciones de trabajo (empleador–empleado) o cualquier otro vínculo generado a partir de la puesta en práctica de las estas plataformas deben en todos los casos regirse por las normas vigentes en materias laborales, administrativas, previsionales y tributarias con el objetivo de que evitar que estos medios electrónicos sean utilizados para ocultar relaciones de trabajo que en los hechos se generen.

En ese sentido el artículo quinto define que aquellos órganos del Estado que tengan competencias en la materia deberán ejercer los poderes jurídicos que les sean propios para fiscalizar el efectivo cumplimiento de todas aquellas obligaciones a las que se encuentren sujetos los prestadores de los servicios o las actividades que estos desarrollen.

Por otro lado el artículo seis determina que los titulares de estas plataformas deberán brindar por los mismos medios electrónicos por los cuales se realizan las prestaciones y de manera permanente, fácil y gratuita -tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos estatales competentes en la materia- aquella información que una posterior reglamentación determine con el objetivo de asegurar la transparencia, y las garantías necesarias.

Por último, el artículo séptimo define que los órganos mencionados previamente deberán comunicar a la Justicia los incumplimientos en que incurran los sujetos pasivos del proyecto de ley en un plazo de tres días de modo tal que sean los magistrados los que definían las medidas que consideren pertinentes aplicar en el marco de la normativas existentes y con todas las garantías para los sujetos pasivos afectados.