CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA: CORRUPTOS DERRIBAN A LA PRESIDENTA DE BRASIL PARA NO SER INVESTIGADOS

81 senadores que tenían en su mano el destino de Dilma Rousseff y el de Brasil, votaron. El tablero electrónico parpadeó a la una y media de la tarde y dio la respuesta prevista por todos desde hace tiempo: Rousseff, por 61 votos a 21, es condenada a dejar desde hoy la presidencia de forma definitiva y a abandonar en el plazo de un mes su residencia oficial de Brasilia. Desde la tribuna, un grupo de 6 o 7 personas comenzó a correar el himno de Brasil enarbolando una bandera. Pero la solemnidad de la ocasión y el peso histórico de lo que acababa de ocurrir empujó al resto de la sala, abarrotada, a guardar silencio. Brasil culmina así el cambio de Gobierno más traumático y esquizofrénico de su reciente democracia. La votación, con el país en suspenso viéndolo por la televisión, constituyó el último capítulo de un largo proceso de impeachment que comenzó el 2 de diciembre.

Poco después de la votación se anunciaba que Michel Temer, el presidente interino (antes vicepresidente y aliado de Rousseff, ahora enemigo declarado de ella) iba a asumir horas después la presidencia por completo para marchar después a la cumbre del G-20 en China. Mientras, en el Palacio de la Alvorada, en un ambiente sombrío y de derrota, Rousseff se preparaba para asumir su nuevo estado de ex presidenta expulsada por la puerta de atrás. El senado, en un gesto de clemencia, votó en contra de inhabilitarla por ocho años de todo cargo público. Una de sus defensoras, la senadora Karia Abreu, alegó que Rousseff, de 69 años, así podría dar clases y conferencias en universidades y alcanzar la anualidad que le falta para conseguir la jubilación. En teoría, también le abre las puertas a un (improbable) regreso político.

La sesión fue histórica y final. Rousseff decidió apurar todas y cada una de las fases del impeachment a pesar de que las previsiones aventuraban su fracaso casi desde el principio. Fernando Collor de Melo, que también sufrió una destitución similar en 1992, se bajó en marcha al renunciar antes de llegar a la conclusión. La resistencia de Rousseff fue más simbólica que práctica, encaminada a dejar claro que no aceptaba ni aceptaría jamás el veredicto. “Estamos a un paso de la concretización de un verdadero golpe de Estado”, dijo el lunes, delante de los 81 senadores que la juzgaron.

Rousseff confiaba en parar el proceso, pero no contaba con que todo iba a actuar en su contra: los mercados, la calle, la prensa, su vicepresidente, la economía, sus propias decisiones...

A Rousseff se le ha condenado por maquillar las cuentas públicas. El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos. Los senadores brasileños se han pasado horas y días y meses discutiendo en un perpetuo Día de la Marmota sobre si el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal se podía considerar delito o no. En los últimos meses han surgido en el país centenares de especialistas en esta minucia contable, en una trinchera y en otra. Para la defensa, eso ni es delito ni es algo raro: todos los presidentes anteriores lo han hecho. Los acusadores han repetido que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República y ni siquiera para esto. Uno de sus más fervientes defensores, el ex ministro de Economía Nelson Barboza replicó el sábado: “Ustedes han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.

En el fondo, el impeachment siempre fue político. A Rousseff se le ha juzgado (y condenado), entre otras cosas, por su gestión. No habría sido expulsada del cargo si el vicepresidente no hubiera sido de un partido opositor de derecha, si no hubiera insistido conque se procesara a los corruptos, si la economía no se hubiera despeñado en 2105 y en 2016 más de un 3% del PBI, si el paro no hubiera escalado a un 11% o si la inflación, un verdadero fantasma en la sociedad brasileña, no hubiera repuntado hasta un 7%. De otra manera: si bajo su segundo mandato Brasil no hubiera embarrancado en la mayor recesión de los últimos 80 años. Tampoco habría sido expulsada si su popularidad no se hubiera despeñado; o si no hubieran salido a la calle en los últimos meses cientos de miles de personas, sobre todo en São Paulo, pidiendo su destitución y si la prensa de São Paulo o Río de Janeiro no hubieran coincidido en pedir un día sí y otro también su cabeza. 

Tampoco si hubiera logrado forjarse alianzas entre los congresistas y los senadores en vez de encerrarse en su palacio y convertirlos en sus enemigos. Los mismos que la han juzgado ahora. Para sobrevivir en Brasilia en un Congreso tan hostil, voluble y pulverizado en decenas de partidos como el brasileño hay que hacer política de la de andar por casa: dar, prometer, conspirar, agradar, conversar, ceder, entrar y salir. Lula era un maestro en eso. Pero Rousseff no: su carácter íntegro, férreo, rígido, austero, prepotente y burocrático se lo impedía.

Las acusaciones continuas de corrupción, que envolvían por entonces al PT (aunque nunca a ella personalmente) multiplicaban el voltaje político. Y a toda esa presión se sumó la más sibilina y punzante de los mercados: bastaba que el proceso de impeachment avanzara para que la bolsa subiera y el dólar cayese, en un signo evidente de cuál era la preferencia de los poderes financieros. El por entonces vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, se hizo cuidadosamente a un lado para no estorbar la caída de la presidenta y quedar él de pie. Cuando fue nombrado presidente interino, en mayo, Rousseff le calificó simplemente de traidor.

Bastaba que el proceso de impeachment avanzara una etapa más para que la bolsa subiera, en un signo evidente de cuál era el resultado que los poderes financieros preferían

Pero nada tampoco habría sido posible sin la labor de un personaje oscuro, el ex presidente del Congreso Eduardo Cunha, que en diciembre de 2015 decidió rescatar de un cajón el informe de los tres abogados –podía haber sido otro- y chantajear con él a Rousseff y a al PT. Cunha, acusado por la Fiscalía de tener en Suiza 5 millones de dólares provenientes de sobornos de Petrobras iba a ser investigado en la Comisión de Ética del Senado. Para evitarlo, amenazó a la presidenta con dar curso a ese informe en forma de impeachment si los decisivos diputados del PT de esa comisión votaban a favor de investigarle. El PT afirmó que no se plegaría y sólo unas horas después Cunha admitía a trámite el informe de las galimatías fiscales. Por entonces Rousseff confiaba en parar el proceso en alguna de sus múltiples etapas, pero no contaba con que todo iba a actuar en su contra: los mercados, la calle, la prensa, Temer, la economía, sus propias decisiones, los senadores y el mismo Cunha, al que nadie impidió encargarse de acelerar vertiginosamente el proceso. Así, el informe se transformó en una bola de nieve imparable que ha acabado por tragarse a la presidenta Rousseff en una votación histórica.

El Senado de Brasil decidió mantener los derechos políticos a Dilma Rousseff, a pesar de la destitución. De esta forma, la mandataria podrá volver a ocupar un cargo público y a presentarse en elecciones.

En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y 3 se abstuvieron, por lo que no se alcanzó los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios para aprobar este tipo de mociones.

Rousseff tiene 68 años y si era inhabilitada por ocho años, como establece la legislación brasileña, sólo podría volver a presentarse a unas elecciones con 76 años de edad.

El senador Lindbergh Farias, del PT, leyó artículos de la ley que establece las reglas de los procesos de destitución, que data de 1950, de la Constitución de 1988 y de sentencias del Tribunal Supremo para argumentar la petición de que se realicen dos votaciones.

En 1992 el entonces presidente Fernando Collor de Mello renunció a la Presidencia instantes antes de que el Senado celebrase la votación de su destitución, en un proceso similar al que enfrenta Rousseff, pero el Senado decidió inhabilitarle del mismo modo.

En el debate de hoy, Collor, que actualmente es senador, se opuso a que se celebren dos votaciones pues, según él, no se puede hacer una "interpretación troceada" de la Constitución.

Una vez oídos argumentos a favor y en contra, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, aceptó la petición después de una larga argumentación en la que se basó en el regimiento interno del Congreso.