El caso de las multas canarias incluyó a un productor que hizo una tala indiscriminada de monte nativo para permitir que su yate llegara hasta su propiedad. El director General de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, aclaró al diario montevideano La República, que fue aprobada una normativa sobre la prohibición de fumigar en áreas de exclusión para evitar la afectación de la salud humana.
Precisó que la multa que aplicará la Intendencia es a un productor que a pesar de la intimación y de otras sanciones continuó con esta práctica, repitiendo la fumigación en zonas próximas a una escuela rural.
“La multa es grande y rompe aquello que se dice que la gente paga y sigue haciendo lo que quiere. Si el productor no paga, la Intendencia tiene la potestad de activar los mecanismos de cobro”, acotó Herou.
Los 19 ediles del Frente Amplio en la Junta de Canelones votaron afirmativamente las multas millonarias por los tres proyectos remitidos por la Intendencia canaria.
En el marco del Protocolo del Control y Vigilancia Ambiental, en el que participan inspectores del Área de Vigilancia Ambiental y de la Unidad de Guardaparques del Gobierno de Canelones, se recibió una denuncia el pasado miércoles 10 de agosto y a raíz de la misma el equipo técnico de la Intendencia detectó e informó al Gobierno Nacional una tala muy importante de montes nativos al norte de Santa Lucía, Ruta 81 km 17 aproximadamente. Fueron afectados con tala rasa y arranque con maquinaria pesada unos 1.200 metros de monte nativo por una franja de entre 12-15 metros de ancho y diez plantas grandes de coronilla aisladas. La mayoría de las especies afectadas fueron coronilla, pero también se detectaron arrayán, ombúes y sauce mimbre de gran porte.
El Director General de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, informó que a raíz de la denuncia del pasado miércoles, realizaron una inspección de la zona y detectaron dicha falta, por lo que se informó de inmediato a la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería y el viernes se hizo una inspección en conjunto con esta dirección que corroboró lo ocurrido. Compueban tala de monte nativo dos por la Intendencia canaria. A esto se sumaron tres ediles del Partido Nacional, pertenecientes al aliancismo. En tanto, la bancada colorada y la blanca de Todos no votaron estas multas.
El presidente de la Junta Departamental de Canelones, Juan Ripoll afirmó que la ley de Medio Ambiente, permite a la Intendencia cumplir con el rol de policía ambiental y por lo tanto, tiene la posibilidad, de comprobar irregularidades y aplicar multas de montos importantes.
Catalogó a estos montos de multas aplicados como “históricos” a nivel de todo el país. Comentó que antes las intendencias tenían potestad de aplicar sanciones con un máximo de 150 U.R. Dijo que con la nueva ley de Medio Ambiente, habilita a las intendencias a aplicar multas con un máximo de 50 mil U.R. Ripoll recordó que hace unos días habló con una asesora de la senadora blanca Carol Aviaga y le dijo que valoró esta propuesta de la intendencia de Canelones como “histórico” y un ejemplo a seguir. El edil del FA señaló que el mayor foco de contaminación del agua proviene de la producción agrícola y no de la industrial.
La Intendencia de Canelones aplicó al productor de Pasó Picón, Máximo Castilla, una multa de 10 mil unidades reajustables, equivalente a unos US$ 300 mil, una segunda por igual monto, por reiteración de la fumigación en zonas no permitidas y una tercera, por 15 mil unidades reajustables, con lo cual se supera el millón de dólares.
A este caso se suma un segundo, ubicado en el paraje Las Brujas donde un productor construyó una entrada al río talando 10 hectáreas de monte nativo que le permitiera el acceso a su yate privado. La multa en ese caso de 20 mil U.R. (unos US$ 600 mil). La tercera multa refiere a otro productor sojero que tiene su plantación en el borde mismo de la Laguna del Cisne, próximo a Salinas.
El glisofato y otros productos utilizados en la plantación van a parar a la propia laguna producto del arrastre de la lluvia. Este es el lugar de donde OSE extrae agua para la potabilización y suministro a la población. En este caso también se le aplica una multa de 20 mil U.R. Hubo diversas amonestaciones y sanciones pero el propietario no desistió.
Dos ediles del Partido Nacional, no acompañaron estas multas por el monto de las mismas. Si bien estaban de acuerdo con sancionar a quienes perjudicaban el medio ambiente, se consideraba que el valor de la multa era en sí un elemento expropiatorio del bien o propiedad. Otros dos curules, de la agrupación Todos, se retiraron de sala al momento de la votación.
Quién es el sojero Máximo Castilla? Máximo Castilla es un médico, de familia profesional, que hace unos años se dedicó a la tarea rural.
Desde el Frente Amplio, llama la atención la actitud el comportamiento de este productor por tratarse de una persona que es reconocida por su solidaridad en la práctica de la medicina. Se aclaró que no tenía problema en atender a pacientes a cualquier hora y gratis. Desde la década de los años noventa que adquirió unos predios en la denominada zona de Paso de Picón, ubicada en la salida de la ciudad de Canelones. Se dedicó a la plantación de soja y a fumigar con la máquina agrícola, llamada “mosquito”.
Esta maquinaria cuenta con extensos brazos de unos 10 metros de altura y desde allí se efectúa la fumigación. Lo que ocurre es que ese producto se dispersa en el aire por unos 300 metros y va a parar a las zonas urbanizadas. Próximo al predio de Castilla hay una escuela rural y otras casas de familia.
Este productor empezó a tener problemas de relacionamiento con los vecinos y se negaba a modificar su actitud. Se dijo que le hicieron diferentes propuestas para adquirir el predio a fin de ser urbanizado pero no aceptó.
Los niños que van a esa escuela tuvieron problemas respiratorios, presuntamente contraídos por el efecto de la fumigación de productos agroquímicos. La directora de este centro educativo, impulsó una recolección de firmas en contra de este productor. El Colegio Médico del Uruguay, en una primera instancia, falló en contra y luego se declaró incompetente. En tanto, el Ministerio de Salud Pública le aplicó una multa de un millón de pesos y el expediente se encuentra en el Tribunal de
Apelaciones
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