Daniel Chasquetti Pérez, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, opinó que es momento que al menos desde la academia se lance un "grito" para advertir sobre los problemas que se avecinan si no se establecen controles para el dinero que se maneja en las campañas electorales. Si bien Uruguay cuenta con una ley sobre financiamiento de los partidos políticos desde 2009, Chasquetti afirmó que los "controles son muy débiles" y que la información que divulgan los partidos "no es real".2Nosotros hoy no sabemos si no tenemos gobernantes o legisladores que sean de propiedad de alguna empresa importante del país", dijo el politólogo en entrevista con el Semanario Búsqueda.
—El domingo 27 en una columna de opinión en Montevideo Portal, usted planteó que los políticos uruguayos no están mirando el fondo del problema institucional que hay en Brasil, que es la relación de los políticos con el dinero. ¿A qué se refiere?
—Lo que veo es que los partidos políticos cuando miran Brasil están viendo cómo pueden interpretar la realidad para sacar ventajas en la política doméstica. Esta lectura es muy de corto plazo y no están viendo más allá. El problema que hay en Brasil es un problema más dramático, que tiene que ver con la relación entre la política y el dinero. Brasil tiene una historia muy larga de redes de corrupción, el PT (Partido de los Trabajadores) las combatió estando en la oposición, pero una vez llegado al gobierno, en lugar de seguir combatiéndolo, lo que hizo fue hacer uso.
Lo que falta en Brasil es hacer una gran limpieza. Hoy parece Italia en 1991. Cuando mirás que tenés más de la mitad de los legisladores con causas judiciales, todos los líderes con alguna causa, entonces uno dice “acá no se soluciona sacando a Dilma y que venga la oposición”, porque también está con el mismo problema. Brasil tiene un problema estructural donde no hay una clase política independiente del poder económico. Uruguay se destacó históricamente por contar con una clase política autónoma. Por eso hay que tener políticos bien pagos.
—Pero la gente después critica que los políticos ganen $ 200.000.
—Pero tienen que ganar $ 200.000 porque las tentaciones están al orden del día. Lo otro es que hay que tener leyes que funcionen. Brasil no tiene una buena legislación que permita regular este tema. Algunos creen que siempre va a ser difícil controlar todos los flujos de dinero hacia la política pero por lo menos una parte importante debería ser controlada. Y en Uruguay estamos muy mal en ese sentido.
—Usted escribió que la ley es muy débil.
—Los controles son muy débiles. La ley está bien, establece límites a la recaudación, restricciones para las donaciones, no cualquiera puede donar. El problema es que la ley no se cumple, no tiene enforcement, o sea, no tiene capacidad para hacerse cumplir.
Y el enforcement funciona cuando los ciudadanos sujetos a la regulación de la ley perciban que si no se cumple habrá sanciones. Esta es una norma sin castigo. No conozco castigos. Presentar la declaración jurada no es suficiente, lo que importa es lo que hay adentro de esa declaración.
Y lo que encontramos ahí no tiene nada que ver con la realidad. A quién se le puede ocurrir que el Partido Nacional tenga 18 empresas donantes o el Frente Amplio tenga 13. Eso no es real. Entonces, se necesita un ente regulador y no puede ser la Corte Electoral. La corte no tiene recursos ni voluntad para eso. Por eso, Uruguay debería crear un ente específico para controlar el gasto de campaña.
Me refiero a una pequeña DGI que tenga capacidad de interconexión con otros sectores del Estado y que pueda efectivamente controlar los flujos de dinero. Porque para saber de dónde viene el dinero del candidato, debería haber alguna potestad jurisdiccional que le obligara a demostrar de dónde viene. Es como en los bancos, si llevo US$ 10.000 me van a preguntar de dónde lo saqué. Para llevar adelante todo esto se necesita voluntad, un pacto entre los partidos. Este es un juego muy peligroso. Si se instala un escenario de este tipo, de que se está lavando dinero a través de las campañas —por ahora no tenemos ninguna prueba, pero no nos debería sorprender si sucede—, es un juego en el que pierden todos.
—Cuando el año pasado visitó Uruguay, el politólogo Adam Przeworski planteó que en Estados Unidos de América el gran problema de la democracia es el dinero en la política.
—Tenían un buen sistema que lo pulverizó la Suprema Corte cuando determinó que es inconstitucional impedirle a un ciudadano donarle dinero a cualquier organización. Entonces hoy en día el flujo de dinero que hay en la política de Estados Unidos es incontrolable. Y Przeworski dice que esto es dramático porque las consecuencias son infinitas. En primer lugar porque las empresas, los holdings, los cartels, los trust, pueden comprar candidatos, los crean, los financian, los hacen ganar una elección y terminan gobernando. Nosotros hoy no sabemos si no tenemos gobernantes o legisladores que sean de propiedad de alguna empresa importante del país. No sabemos. Y reto a cualquiera que me demuestre que todos son plenamente autónomos.
En segundo lugar, el problema del dinero y la política viola un precepto clave de la democracia y es que en la democracia todos los ciudadanos tienen un voto y ese voto vale igual. Pero cuando vos permitís las donaciones de privados y no las regulás, lo que estás generando es una desigualdad muy profunda porque la persona que dona a un partido se va a sentir con el derecho luego de reclamar. Entonces el donante puede terminar gobernando en determinada área de las políticas públicas.
El tercer problema del dinero es que termina corrompiendo, destruye valores. Se termina instalando la idea de que la política no es una actividad para alcanzar el bien común sino para enriquecerse personalmente.
—Respecto a lo que es el flujo de dinero en las campañas, se ha hablado del “fenómeno Novick”, un empresario con dinero para poder financiar campañas. ¿Cómo cree que eso impacta en el sistema?
—¿Pero qué ocurre? Novick, por más que sea multimillonario, si ingresa a la política, se tiene que someter a las reglas que tiene la política. Las reglas de la política marcan que no puede disponer de todo su dinero para hacer política. Tiene un límite, puede donar pero hasta cierto punto. Si hubiese un buen control quedaría por esa. La regulación busca eso, igualar, que ningún millonario haga la diferencia y aquel que no tiene dinero pueda hacer política. Pero como no hay regulación, Novick tal vez esté usando más dinero del que legalmente podría disponer. Tal vez Novick sea un factor que empuje a los partidos a tomar medidas.
—¿Cree que en Uruguay hay una visión autocomplaciente respecto a la situación de corrupción?
—Hoy en día sabemos si un país es más o menos corrupto si se hacen estudios sistemáticos en todos los países que miden esto. Y estos estudios son encuestas de opinión pública que tratan de averiguar el estado de la opinión respecto al tema. Si estamos en el lugar 24 del ranking de la corrupción, es de autopercepción. La opinión pública puede cambiar de un momento a otro.
¿Por qué en Brasil, en la última medición cayó unos 30 puestos? Se desbarrancó. Y eso pasó porque la opinión pública cambió sobre el asunto. La pregunta es, ¿Brasil, cuando estaba en el puesto 85, tenía menos corrupción que ahora? No, tenía la misma, pero el tema es que la gente la evaluaba de manera diferente. Ahora si somos autocomplacientes o no, en realidad hay una gran hipocresía en todo esto. Me parece que no está muy arraigado en nuestra cultura política, en nuestra cultura social la idea de que el soborno y los actos de corrupción son algo dañino para el colectivo. Hay gente que públicamente está en contra de la corrupción pero si puede sobornar a un inspector de tránsito lo hace, si puede hacer correr un expediente en una oficina del Estado poniendo un billete, lo va a hacer. Uruguay no está tan mal, pero tiene condiciones como para que las cosas empeoren, y ese es un poco el grito que desde la academia estamos lanzando.
Fuente: Semanario Búsqueda
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