La propuesta de reforma legal que permita aplicar a los ciudadanos entre 16 y 18 años de edad, las mismas penas judiciales que a los mayores de 18 años y que se someterá a plebiscito junto con la próxima elección nacional el 26 de octubre de 2014, genera opiniones diferentes entre los ministros de la SCJ, aunque el máximo órgano del Poder Judicial de Uruguay no prevé pronunciarse institucionalmente sobre el asunto.
La reforma constitucional -que tiene el respaldo del Partido Colorado y de los sectores nacionalistas que responden a Luis Lacalle Pou, y es rechazada por el Frente Amplio y el bloque del Partido Nacional que encabeza Jorge Larrañaga y el Partido Independiente- ha estado en las últimas semanas en el centro de la campaña para las internas del 1° de junio. La polémica se desató cuando se supo que la Open Society Foundation, del magnate George Soros, aportará entre 100 y 200 mil dólares a la Comisión Nacional No a la Baja, integrada por organizaciones sociales que rechazan la propuesta.
El presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, se negó a adelantar su posición personal sobre la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal, aunque reconoció que los miembros del máximo órgano del Poder Judicial están "divididos" en su visión sobre el tema.
Consultado por el diario El País, Larrieux dijo que "nunca" ha opinado públicamente sobre el asunto, y si bien respeta a sus colegas que sí lo hicieron, él entiende que "no corresponde".
En tanto, el ministro Jorge Chediak ya se pronunció en diversas ocasiones a favor de la reforma constitucional, y señaló que tiene "opinión formada" al respecto desde antes que comenzara la campaña de recolección de firmas que dio lugar al plebiscito de octubre.
Chediak, en una reciente entrevista radial en Metrópolis FM, manifestó que existe una "tendencia mundial, donde la edad de mayoría de los 18 años se ha ido dejando de lado en varios países".
El magistrado sostuvo que bajar la edad de imputabilidad "no es una solución a los problemas" pero remarcó que "es un paso" hacia ella. "Ha cambiado radicalmente la modalidad de delitos de menores de 18 años" ya que hoy "que te rapiñe un joven de 17 o 19 años no le hace diferencia", dijo Chediak. "Eso nos da la sensación, como se dice popularmente, que entran por una puerta y salen por otra", agregó.
Por su parte, el ministro Julio César Chalar, en el mismo sentido que Chediak, afirmó: "En lo personal, a la vista de los casos que se ventilan en nuestros juzgados, creo que la edad de imputabilidad no es hoy la misma que en la época de la sanción del Código Penal".
"Creo que la edad de imputabilidad ha descendido, atendiendo a los criterios que se manejaron para fijarla en el pasado y que son igualmente válidos hoy. Ahora la normativa deberá atender a esta realidad y adecuarse a ella, aparentemente, contemplando las pautas vigentes, respecto de las cuales me eximo de emitir opinión, por razones obvias", indicó Chalar a El País vía correo electrónico desde Europa, donde se encuentra en viaje oficial.
En contra.
El ministro Ruibal Pino se opone a la baja de la edad de imputabilidad penal. "No estoy de acuerdo. Tenemos problemas con la institucionalización en dos franjas: los de 13 a 18 y los mayores, que en sus lugares de reclusión padecen malos tratos y hacinamiento. Entonces, al bajar la edad de imputabilidad, vamos a crear una franja intermedia donde hoy no tenemos dónde ubicarlos", dijo a El País.
Por eso, a juicio de Ruibal Pino, si se aprueba la reforma "se van a crear problemas sin tener soluciones". "Los problemas de los jóvenes de 13 a 18 se solucionan con estudio, trabajo y un poco de afecto, que es lo que les falta", afirmó. Ruibal, quien desarrolló casi la totalidad de su carrera judicial en la materia penal, señaló que la posible baja de la edad de imputabilidad ya se discutía en 1975, año en que se recibió de abogado. En ese momento, la referente en el tema era la profesora Adela Reta quien, según recordó, en sus clases decía: "Un día vamos a estar cambiándole los pañales a nuestro hijo y él sería imputable".
En el mismo sentido, el ministro Pérez Manrique, quien ha dado a conocer públicamente su visión contraria a la reforma en varias ocasiones, dijo a El País que "la solución" para el problema de la inseguridad "no pasa por una reforma constitucional porque no debe haber ninguna Constitución del mundo que establezca le edad de imputabilidad penal".
"Es una medida que no ha dado resultado en ningún país del mundo. Se necesitan dos líneas de acción complementarias: políticas preventivas y de reeducación, de las que realmente estamos muy lejos", sostuvo Pérez Manrique.
ONU.
Por otra parte, el Comité de Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos, expresó el viernes su "preocupación" ante la posibilidad de que Uruguay baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y llamó a que "el sistema de justicia de menores respete los estándares internacionales en la materia".
Además, el Comité de Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura sostuvo que el sistema judicial uruguayo de menores debe respetar "los estándares internacionales en la materia", indicó el informe que fue divulgado el viernes.
En ese sentido, el organismo de ONU señaló que Uruguay "debe aplicar la privación de libertad a menores infractores como último recurso y por el período más breve posible".
El 57% afavor de la reforma
La reforma constitucional por la que se baja la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años, se ha convertido en uno de los grandes temas de esta campaña electoral. Hace 15 días, una encuesta de la consultora Equipos Mori indicó que el 57% de la población está a favor de bajar la edad de imputabilidad, el 36% en contra y el 7% no sabe/no contesta. Por su parte, otra encuesta de la empresa Cifra, indicó que el apoyo a la baja de la edad de imputabilidad es también del 57%, en tanto el 33% se manifiesta en contra y el 10% no se pronuncia.
Por partidos políticos, la encuesta de Equipos Mori mostró una amplísima mayoría de adhesión a la baja de la edad de imputabilidad entre los votantes del Partido Colorado (81%) y una mayoría firme entre los adherentes al Partido Nacional (66%). En el Frente Amplio, la situación aparece más pareja: el 43% de los frenteamplistas afirmó estar a favor de la reforma, el 52% en contra, y el 5% no sabe/no contesta. La encuesta de Cifra también marca un importante porcentaje de votantes frenteamplistas a favor de bajar la edad de imputabilidad penal: 45%. Mientras tanto, entre los votantes del Partido Colorado la adhesión a la medida es del 77% y en el Partido Nacional alcanza al 69%.
Jorge Ruibal Pino:
Tiene 68 años e integra la Suprema Corte de Justicia desde 2007. Está en contra de la baja de la edad de imputabilidad porque, a su juicio, "va a generar problemas sin soluciones". "Los problemas de los jóvenes de 13 a 18 años se solucionan con estudio, trabajo y un poco de afecto, que es lo que les falta", sostuvo.
Ricardo Pérez Manrique:
"Bajar la edad de imputabilidad no ha dado resultado en ningún país del mundo", sostuvo el magistrado de 67 años y que llegó a la Corporación en 2012. En su opinión, lo "fundamental" es enfocar el accionar del Estado en políticas preventivas y en medidas de reeducación, de las que se está "muy lejos", afirmó.
Jorge Chediak:
Tiene 62 años y es ministro de la Corporación desde 2009. Ha expresado en reiteradas ocasiones que está a favor de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años debido a que "ha cambiado radicalmente la modalidad de delitos de menores de 18 años". Aclaró, sin embargo, que "no soluciona los problemas".
Julio César Chalar:
Integra la Corporación desde 2012. "A la vista de los casos que se ventilan en nuestros juzgados, la edad de imputabilidad no es hoy la misma que a la época de la sanción del Código Penal" en 1934, afirmó el magistrado de 69 años. A su juicio, la edad de imputabilidad "ha descendido".
Jorge Larrieux:
Es el actual presidente del máximo órgano del Poder Judicial, del que es ministro desde 2008. El magistrado, de 67 años, prefirió no dar a conocer su posición sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad porque "no corresponde". Admitió que los miembros de la Corporación están "divididos" sobre el tema.
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