La ANEP está elaborando un protocolo para garantizar que se cumpla con la obligatoriedad de la educación y "no quede una falta sin explicar". Se proyecta la quita de los beneficios sociales e incluso realizar denuncias penales. El Codicen ya votó en general un proyecto con las principales líneas de actuación, y ahora el consejero por el Partido Nacional, Daniel Corbo, y los inspectores técnicos de Primaria, Secundaria y UTU, están terminando de elaborar un protocolo para atacar de lleno a uno de los grandes problemas del sistema educativo: la elevada cantidad de inasistencias.
Las medidas a tomar irán desde la quita de beneficios sociales a las familias que no envíen a sus hijos a clase, hasta la realización de una denuncia penal si no hay respuesta ante las advertencias previas. Se estima que el plan será votado antes de fin de año, dado que ya tiene el respaldo de los consejeros, y se empezará a aplicar en 2014. Abarcará desde la escuela hasta el final del liceo.
El proyecto, al que tuvo acceso El País, señala que la ANEP "no cuenta a la fecha con un sistema de información para el seguimiento de las trayectorias" de los alumnos en edades de obligatoriedad de la educación, y que no dispone de "un protocolo que establezca los pasos y actuaciones a seguir cuando se constata una vulneración del derecho a la educación".
Explica que cuando se ha verificado "la vulneración del derecho a la educación" y también "la deserción de sus padres en el deber de garantizarlo", las actuaciones realizadas para atacar estos problemas "no lograron revertir y evitar la continuación en el tiempo de dicha situación".
En ese sentido, se pone como ejemplo un caso en el que el Codicen presentó una denuncia penal, pero lo hizo tras cinco años de actuaciones sin resultados. "Se impone que la autoridad de ANEP establezca un protocolo que fije el procedimiento a seguir cuando se verifican violaciones al derecho a la educación (...) garantizando el cumplimiento del principio de obligatoriedad", expresa el texto.
Corbo dijo a El País que el protocolo "determinaría que ningún estudiante se va (del sistema) sin que haya todo un procedimiento desatado para que vuelva. Que no falte un alumno sin que se sepa por qué lo hizo", dijo el consejero blanco que encabeza la redacción del plan.
"Una de las cosas que lleva al fracaso y a la desvinculación es que el alumno empiece a faltar; cuando suma faltas, pierde el hilo de la clase, pierde disciplina de trabajo y termina fracasando", afirmó Corbo, y señaló que bajar las faltas es uno de los puntos centrales a solucionar.
Cinco pasos.
El protocolo establece cinco niveles de actuación ante las inasistencias. El primer punto se titula "Incumplimiento del principio de obligatoriedad de la enseñanza" y delimita las situaciones que pueden implicar la vulneración del derecho a la educación.
Se señala "la no inscripción de los niños o adolescentes en un centro educativo, en edades y niveles alcanzados por la obligatoriedad de la educación". Luego, el "estar inscripto, concurrir y dejar de concurrir (desvinculación o desafiliación educativa) y como tercer situación se marca el caso de quien "concurre parcialmente, tiene asistencia esporádica o perlada, lo que compromete la efectiva formación del alumno".
El segundo punto ya refiere a "Acciones preventivas y preparatorias", y abarca los procedimientos para crear conciencia y requerir la actuación de las autoridades en el campo educativo y comunitario. En ese sentido, se establece la realización de una campaña publicitaria masiva para difundir el derecho a la educación, los deberes de los padres y los mecanismos sancionatorios que pueden activarse en caso de incumplir tales obligaciones.
Se determina un oficio para que en los Juzgados de Familia y en las Fiscalías Penales y de Menores exista una consideración especial de los casos que "involucran vulneración de derechos en niños y adolescentes", para obtener "actuaciones disuasivas de las omisiones detectadas".
El tercer punto que plantea el proyecto refiere a las "Acciones pedagógicas y comunitarias activadas desde la ANEP". Se plantea que cuando se verifique una situación de desvinculación o de asistencia poco frecuente que puede ser preludio de abandono, "la primera actuación debe partir del centro educativo correspondiente, involucrando a la Dirección, al maestro, o profesor referente o comunitario", los que deben contactarse con la familia para intentar revertir la situación.
Si el problema sigue, se da paso al inspector correspondiente, "a efectos de su intervención e intimación a los adultos responsables, con indicación de los pasos siguientes a dar en el plano policial y en la Justicia pertinente, si la situación no se revierte".
El siguiente paso ya es con la Policía Comunitaria. El objetivo es que el policía concurra al hogar para hablar con los adultos a cargo e intimarlos a regularizar la asistencia; si las faltas siguen, la dirección del centro educativo deberá presentar un informe al comisario para que pase el caso al juez de Familia.
El cuarto punto refiere a las "Acciones en el plano de la Justicia". El primer paso es ante el Juzgado Especializado de Familia. Cuando el caso llega allí (ya sea desde la institución, la Policía o las autoridades de la enseñanza), se realiza el seguimiento correspondiente. Pueden intervenir asistentes sociales, psicólogos o peritos, o incluso coordinar con el INAU para solucionar el caso.
Si se agotan los mecanismos en esa instancia, el Juzgado de Familia puede dar paso a la Justicia Penal para que "se adopten medidas sancionatorias y ejemplarizantes", dice el proyecto.
Las causas por las que pueden interponerse denuncias penales son por "omisión de los deberes de la patria potestad y/o por desacato", en caso de que el adulto incumpla la intimación de los Juzgados de Familia, o cualquier incumplimiento de la orden judicial", se explica.
El quinto punto del protocolo refiere a los "Sistemas de incentivos económicos y contraprestaciones a exigir". Ahí hay dos niveles de intervención: en primer lugar el "BPS y las asignaciones familiares". "Activar mecanismos de estímulos y desestímulos al cumplimiento de la obligatoriedad de la educación, a través de retención o no pago de beneficios por incumplimiento de la contraprestación de asistencia a la educación", explica el proyecto.
El segundo nivel, refiere al "Plan de Equidad. Tarjeta del Mides". "Este mecanismo podría extenderse también a los beneficios otorgados con la tarjeta del Mides", dice el texto. Señala que el software de la tarjeta permite comunicar al titular, "requiriéndole sobre la obligación de asistencia a la educación de sus hijos y llegar a suspender el débito en caso de incumplimiento reiterado".
Control.
La segunda parte del plan refiere al "Sistema de Información y Seguimiento de la Educación Obligatoria". Se crea un sistema en la ANEP con "capacidad para hacer un contralor en tiempo real de la trayectoria de cada uno de los alumnos, en todos los años de escolaridad obligatoria" y en todos los Consejos.
El sistema (que tiene un software correspondiente) deberá "disparar una serie de alertas cuando se detecte una situación que comprometa el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación y/o que vulnere el derecho" de los alumnos.
Cada centro tendría que comunicar y cargar la información cuando el alumno no concurre, cuando lo hace de modo "infrecuente", cuando no se presenta a los parciales y cuando presenta riesgo de abandono. Para esto habrá que comprar equipos, contratar personal, capacitarlo, y montar el sistema.
Fuente:El País
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